Balance sobre los cuatro años de políticas macristas en la universidad

Del ajuste en las universidades a la esperanza de la educación

Representantes universitarios de todo el país coinciden en la difícil situación que dejó el macrismo en el ámbito de la educación superior. A pesar del panorama crítico, expresan sus expectativas en las políticas que pueda impulsar el gobierno de Alberto Fernández.
Imagen: RC

Los diferentes estamentos del mundo universitario de todo el país – autoridades académicas, investigadores, docentes, nodocentes y gremialistas– realizaron un duro balance de los cuatro años de políticas del macrismo hacia las casas de estudios superiores públicas y se mostraron con expectativas en torno a los proyectos para el sector que deberá poner en práctica el gobierno de Alberto Fernández.

Reducciones presupuestarias –del plan Progresar y de fondos para infraestructura–, disminución salarial, un plan económico que obligó a estudiantes a abandonar sus estudios y el abandono de la investigación científica son algunas de las decisiones tomadas por la gestión de Mauricio Macri que fueron cuestionadas por los referentes consultados por el Suplemento Universidad.

Mercedes Leal, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), aseguró que “uno de los hechos más destacados que se evidencia en el balance de la gestión de Macri es el descrédito y desprestigio permanente al que fuera sometida la universidad pública al ser asociada a la baja calidad académica, producto de la masividad y la prolongada duración de sus estudios”.

Se puso en cuestión su papel como mecanismo de ascenso social y se intentó deslegitimar su importancia como dispositivo de progreso individual y colectivo. No se puede omitir en este análisis la violación a la autonomía universitaria, producto de la irrupción de las fuerzas de seguridad en territorio de las universidades nacionales, con el objeto de amedrentar a estudiantes y docentes”, detalló Leal.

Con respecto al financiamiento, la decana precisó que “la meta del 6 por ciento de inversión anual establecida por la Ley de Educación no se cumplió en ninguno de los cuatro años de la gestión de Cambiemos” y agregó que “diversos estudios sostienen que entre 2016 y 2018 se produjo una caída del 9 por ciento la inversión educativa nacional en términos reales, que sumado a los índices inflacionarios tuvieron un impacto adverso en los presupuestos y en el poder adquisitivo del salario de docentes e investigadores”.

Cuestionó al gobierno saliente también porque “se eliminaron otras fuentes de financiamiento como los programas específicos de la Secretaría de Políticas Universitarias orientados al desarrollo de políticas académicas como el Doctorar, y los proyectos de Mejoramiento de las Ciencias Sociales y de las Ciencias Humanas, entre otros, que posibilitaban la formación de doctores y mayores dedicaciones docentes”.

“Las políticas de becas sufrieron también una reducción significativa, y además, se desplazó su sentido solidario hacia a uno meritocrático (Progresar). En suma, diría que con las medidas adoptadas el macrismo no consideró a las universidades públicas como un factor estratégico para el desarrollo nacional”, afirmó.

Para Leal, las universidades públicas tienen que recuperar “su potencia como mecanismo de ascenso social y aporte imprescindible en la construcción de una sociedad cada vez más democrática y con justicia social”.

Hacen falta más fondos

El secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad de Nacional Hurlingham (UNAHUR), Jorge Aliaga, analizó que las políticas de Cambiemos en materia de educación “afectaron más a la educación en general y a las áreas de ciencia y técnica que a las universidades públicas”.

“La parte gremial de docentes y de nodocentes tuvieron mejores capacidades y éxitos a la hora de tratar de parar el terrible ajuste del macrismo, que eliminó muchos programas. Sí hubo pérdidas salariales, aunque menos que los empleados públicos en general”, aseguró Aliaga.

Destacó que “los servicios públicos se encarecieron por la inflación y eso impactó en todos lados, pero sobre todo en las universidades del interior del país, que tienen gastos muy grandes en logística”.

“En la parte de las ciencias hubo un daño enorme cuando desde el gobierno se puso en duda la rigurosidad del ingreso y evaluación del CONICET. Se ridiculizaba las áreas de sociales con burlas. Todo absurdo. Hay un permanente discurso contra el sistema de universidades: ‘para qué tantas universidades en todos lados’. Es una cuestión ideológica”, advirtió Aliaga. Y puso como ejemplo el discurso de la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en mayo de 2018 cuando se preguntó: “¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad?”.

Con respecto al nuevo gobierno, Aliaga puntualizó que “se suele ver primero lo más urgente” y que “hace falta también reconstruir planes nacionales, que el macrismo anuló con la excusa de respetar el federalismo, aunque en realidad las actividades transferidas a las provincias fueron para que se arreglasen solas”.

“Desde ya que hacen falta más fondos y hacer una recomposición salarial”, juzgó Aliaga, que se expresó a favor de que el Estado nacional “priorice algunas carreras a través de un sistema de becas focalizado, como ya se hizo con Enfermería, porque becar todas las carreras es imposible porque saldría carísimo”.

Menos universidades, menos programas

El docente de la UBA y becario posdoctoral del CONICET Sergio Friedemann, por su parte, criticó a Macri al recordar que cuando era candidato a presidente se había preguntado ‘¿qué es esto de universidades por todos lados?’”, y planteó un interrogante: “¿en qué condiciones puede pronunciarse que las universidades públicas no son necesarias y que no son un derecho que deba ser garantizado por el Estado?”. La respuesta: “Puede hacerlo quien, al mismo tiempo, promulgue un proyecto de país excluyente y no inclusivo, dependiente, y no soberano. Un proyecto agroexportador y de valorización financiera, es cierto, no necesita de universidades. Un proyecto de país excluyente y elitista no las considera un derecho”.

Friedemann subrayó que “si al macrismo las universidades les parecen prescindibles, la noción de derecho tiene la potencia de prevalecer y resistir a la ofensiva que se ha llevado adelante contra la necesaria existencia de una universidad pública de calidad e inclusiva”.

Para Juan Manuel Diez Tetamanti, profesor adjunto e investigador en el Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), “la cuestión presupuestaria se sintió muchísimo a partir del gobierno de Macri y hubo también menos proyectos de investigación durante la gestión que terminó ahora”. Resaltó que “también se bajaron muchos programas como el voluntariado universitario, que es el más fuerte de extensión, porque contemplaba fondos para trabajar con organizaciones sociales, municipios y otras instituciones”.

“Ese programa se había establecido en 2006 y duró hasta 2015. Por ese motivo, hubo una explosión del extensionismo universitario. Con el macrismo se cortaron también otros programas vinculados a proyectos nacionales con países de América Latina y África, además de los del CONICET”, cuestionó Diez Tetamanti.

Recordó que el gobierno kirchnerista “favoreció la extensión universitaria para involucrar a la universidad con la sociedad” y aseguró que el macrismo “hizo todo lo contrario, impulsó políticas tendientes a divorciar la universidad con la sociedad”, aunque, a pesar de eso, hubo acciones “que continuaron con o sin presupuesto”.

Ejemplificó que la UNPSJB “articula con Comodoro Rivadavia por medio de la Agencia Comodoro Conocimiento, creada en 2014, en el contexto de un municipio petrolero”.

Diez Tetamanti, por otra parte, estimó que el flamante gobierno “deberá apuntar a recuperar los salarios, porque son los más bajos de América Latina, darle fuerza a la política de articulación del Estado, las universidades y la investigación científica y refundar el papel de la extensión, porque eso significa evitar que las universidades se conviertan en islas elitistas”.

Gestar políticas inclusivas

Fueron cuatro años de una gestión que nos dolió”, aseguró Laura Leguizamón, licenciada en Trabajo Social por la Universidad nacional de La Rioja (UNLaR) y diplomada en Diversidad Sexual y Derechos Humanos (CLACSO-FALGBT). “Las universidades nacionales, nuestro orgullo, públicas, gratuitas y laicas, la conquista de 1918, que hoy suena a resistencia simbólica, son banderas que continúan izadas, pero el desfinanciamiento es tal que la gratuidad apenas se percibe”, reflexionó Leguizamón.

Advirtió que “no se puede omitir la inequitativa distribución del presupuesto asignado a las universidades nacionales, porque la UNLaR empezó el 2019 con déficit y se avizoraba el peor panorama, que sumó a los aumentos de los servicios, el transporte y el combustible, que desarticularon el proyecto de boleto estudiantil”.

“Por otro lado, el discurso oficial nos decía que había que aguantar y acompañar, y mostraba cómo incrementaban el presupuesto, pero lo que no se veía era cómo se licuaba frente a la crisis. O se hablaba despectivamente de las universidades como fue el caso de la ex gobernadora Vidal”, recordó.

Sobre el nuevo gobierno, Leguizamón señaló que “sin lugar a duda se espera un trabajo arduo, una tarea en la que estamos dispuestos a colaborar”, porque a su entender “se requiere gestar políticas inclusivas, universales, recuperar el Ministerio de Educación, redistribuir de forma equitativa el presupuesto asignado a las universidades nacionales, recuperar también el sistema de investigación nacional, y fortalecer las extensiones que son el nexo cotidiano entre universidad y territorio”.

La construcción de un sentido común

La socióloga de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) Nayla Pis Diez puntualizó que hay “dos orientaciones que ordenaron la política oficial macrista hacia las universidades y el sistema nacional de ciencia y tecnología, y que en estos cuatro años se han venido pensando y denunciado juntas, y sirve mucho, porque se complementan: el ajuste presupuestario y el intento de construcción de un sentido común sobre el derroche de esos recursos, sea por corrupción, ineficiencia o temas irrelevantes en las investigaciones del CONICET”.

“Todos los informes de organizaciones sindicales y universidades coinciden en que en estos cuatro años el presupuesto de las universidades nacionales cayó en su participación en el PBI, en su participación en el presupuesto total y también con respecto a los índices de inflación. Esto se tradujo no sólo en un ajuste neto a los salarios, sino también en la reducción o subejecución de partidas destinadas a la infraestructura y en la cantidad y el monto de las becas para estudiantes”, destacó Pis Diez, doctora en Ciencias Sociales por la UNLP.

Por su parte, Mauro Benente, abogado y docente de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) y de la UBA, graficó: “El gobierno de Macri cambió la política universitaria y transformó los sueños en pesadillas: no creó universidades, achicó el presupuesto, contrajo los salarios de docentes y no docentes, diseñó un plan económico que obligó a estudiantes a abandonar sus estudios y redujo el Plan Progresar”.

Benente advirtió que en el gobierno anterior al macrismo se crearon 23 universidades nacionales e institutos universitarios “en regiones en las cuales no había acceso a los estudios superiores, se incrementó el presupuesto del sistema universitario y se aumentaron salarios de docentes y nodocentes”.

Destacó que contrariamente a lo que hizo el macrismo, “durante el gobierno del Frente para la Victoria hubo una moderada redistribución de ingresos y políticas focalizadas como el Plan Progresar, que permitió que jóvenes y adultos de sectores populares pudieran acceder a la universidad”.

También hizo hincapié en los “discursos ofensivos hacia la educación pública en general y la educación superior en particular” de los funcionarios neoliberales. Como símbolo recordó las palabras de la entonces gobernadora Vidal sobre el acceso a la universidad pública de los sectores de clase baja.

Críticas y expectativas

Adriana Chiroleu, licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), subrayó que “una evaluación de lo que fue el gobierno de Macri en materia universitaria no puede eludir una mirada comparada con la gestión precedente”. Y en esa comparación sobresale “una reducción de su financiamiento, piedra basal de relaciones tensas y de confrontación con los actores universitarios”.

“La gestión de Macri se tradujo en una disminución del financiamiento como porcentaje del PBI, en la falta de una actualización adecuada de los montos según inflación, en la subejecución de partidas, en la pérdida del lugar prioritario de las universidades públicas como consultoras del Estado y en la caída del presupuesto para infraestructura”, argumentó Chiroleu.

Evaluó que “si bien la incidencia de esa pérdida de recursos fue diferencial, probablemente las instituciones más perjudicadas hayan sido las de reciente fundación, varias de ellas radicadas en el conurbano bonaerense, que aún no habían completado su dotación de recursos físicos y humanos”.

“Como contracara del buque insignia de los gobiernos kirchneristas, es decir la expansión de oportunidades en el ámbito universitario, se revirtieron sus dos formas de concreción: la expansión institucional y la ayuda económica a estudiantes carenciados, y hubo también reducción del número de becas y la forma en que se ejecutaron programas”, afirmó.

Acerca de la nueva gestión, Chiroleu opinó que “afrontará desafíos singulares por las expectativas que su llegada genera en el sector y por el contexto general de penuria económica que impondrá jerarquizar el destino de los recursos” y que “pese a las restricciones, resulta vital proseguir y aún profundizar la política de expansión de oportunidades de los sectores sociales más postergados”.

Propuso, no obstante, “plantear programas más integrales, reformular la ayuda económica sumando un financiamiento adecuado y sobre todo evaluar su impacto para potenciar sus efectos no sólo en el ingreso, sino en la permanencia y el egreso”.

Las evaluaciones de los representantes consultados por este Suplemento plantean con crudeza el desafío que deberán afrontar el flamante ministro de Educación, Nicolás Trotta, y su secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk. Una nueva etapa está en marcha para revertir la situación dejada por cuatro años de neoliberalismo.

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