Producción: Florencia Barragan

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Situación macroeconómica compleja

Por Matías Rajnerman *

La situación macroeconómica argentina es compleja: mucha deuda, mucha inflación y poca actividad. El nuevo gobierno asumió con un mandato interno de solucionar las dos últimas y una obligación “externa” -al menos para la mayor parte de su base electoral- de corregir la primera. En este marco, se aprobó la Ley de Solidaridad y Emergencia Económica que intenta conciliar una mejora de la situación fiscal a la vez que se reactiva la economía y desacelera la suba de precios. Para eso, endurece algunos gravámenes progresivos a la par que otorga ciertos bonos a los perceptores de programas sociales y jubilaciones mínimas (hasta 20.000 pesos) y congela los aumentos de tarifas de servicios públicos hasta mediados de 2020.

Entre los impuestos, sobresale el aumento de retenciones a las exportaciones. Conforme a nuestras estimaciones en Ecolatina, este ajuste permitiría recaudar alrededor de 1,5 puntos porcentuales más que en 2019, año en donde el déficit primario, aquel que no contempla el pago de intereses de la deuda, acumulará alrededor de 0,7 por ciento del PBI. Por lo tanto, el foco del programa está puesto aquí: en su recaudación reposan gran parte de las chances de éxito del nuevo plan.

En este sentido, y repitiendo la historia, el tributo que pagarán los productores agropecuarios será mayor al que afrontarán el resto de los exportadores. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo se explica?

A nivel global, la demanda de alimentos aumenta a medida que crece la población. Por lo tanto, dado que la disponibilidad de tierras es finita, cada vez se ponen en uso terrenos de menor fertilidad -definida ésta no solo como las propiedades naturales del suelo sino también como su ubicación- en pos de satisfacer esta demanda mundial creciente. En consecuencia, deben utilizarse tierras donde el costo de producción es mayor. Ahora bien, también a nivel global, el precio de los alimentos es uno solo: no hay un precio diferenciado según mercado o calidad de tierra de donde proviene, sino que rige uno solo a nivel mundial.

De esta manera, se genera una renta diferencial y permanente en los productos agropecuarios: hay tierras en donde el costo de producción particular permanecerá sistemáticamente por debajo del costo de producción que determina al precio internacional, de modo que ciertas tierras gozarán “por razones naturales” de una ganancia extraordinaria. En este sentido, usualmente las tierras de menor calidad estuvieron fuera de nuestro territorio, especialmente en lo que a la zona núcleo de la región pampeana respecta, de modo que nuestro sector agropecuario es excepcionalmente productivo por razones “naturales”. Históricamente, esta fue la explicación detrás de las mayores retenciones a la producción agropecuaria. Sin embargo, hoy en día no todos estos supuestos siguen siendo válidos. Veamos.

En primer lugar, el precio de los alimentos fluctúa constantemente, ya que muchos de estos bienes son también activos financieros. Por lo tanto, en el corto plazo, su precio correlaciona más con la tasa de interés global que con el crecimiento poblacional. En este sentido, este problema se podría sortear escalonando la alícuota al fluctuante precio internacional, tal como pasaba con las exportaciones petroleras hasta 2015. En segunda instancia, producto de los avances tecnológicos y de los cultivos transgénicos, actualmente es casi tan relevante la inversión productiva como la calidad del suelo. En consecuencia, se podría dar una exención a aquellos productores que innoven como incentivo para mejorar los rindes por hectárea y, con ellos, las exportaciones y la recaudación fiscal. Algo de esto ya se implementa, dado que se grava más a las partes menos sofisticadas de la cadena de valor -exportación de poroto de soja- que a aquellas con mayor agregado de valor -aceite, harina o pellets- pero la segmentación podría ser todavía más profunda.

Ahora bien, ¿si todo parece tan fácil por qué no se hizo? Básicamente porque este tipo de diferenciaciones obligan a llevar adelante estudios sectoriales que demandan tiempo y la situación fiscal argentina es apremiante. Además, como bien dijo el ministro Martín Guzmán, la situación social de nuestro país impide continuar con el ajuste fiscal a la par que la situación de deuda impide expandir el rojo fiscal y la de inflación financiar un déficit con emisión monetaria; en consecuencia, el único camino posible en este delicado contexto era incrementar la presión tributaria rápido. Ojalá que a medida que pasen los meses se desarrollen los estudios necesarios y, además de un esquema tributario más progresivo, tengamos uno que aliente la inversión a la par que mejora la recaudación.

* Economista jefe de Ecolatina

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Recaudación versus producción

Por David Miazzo **

La ley de oferta en la economía es algo así como la ley de gravedad para la física. ¿Qué dice la ley de oferta? Que a mayor precio, los productores estarán dispuestos a producir más, mientras que a menor precio estarán dispuestos a producir menos. Esto es porque dada una estructura de costos, mientras mayor sea el precio, mayor será el incentivo a invertir y producir. También, puede generar que a mayor incentivo, nuevos productores entren en el sistema productivo, incrementando la producción.

Podemos ejemplificar la ley de oferta con el trigo. Si el precio percibido por el productor agrícola es más alto, este podrá destinar mayores recursos a invertir en fertilizantes y mejores semillas, esta mayor inversión significa mejores rindes, y por lo tanto mayor producción en las mismas hectáreas.

Pero también puede generar incentivos para producir en nuevas hectáreas que en invierno no están ocupadas con ningún cultivo (el maíz y la soja se producen en verano, mientras que el trigo se produce en invierno).

Esta lógica de la ley de oferta, tiene mucho que ver con la discusión actual de los derechos de exportación. Estos derechos generan que el precio interno percibido por el productor sea menor. Así, si se aumentan los derechos de exportación, baja el precio del trigo y genera menos incentivos a producir, pudiendo disminuir la producción. Lo contrario pasa si los derechos de exportación se bajan.

Haciendo un poco de historia, hasta diciembre de 2015 los derechos de exportación al trigo fueron del 23 por ciento, esto significa que de cada 100 dólares que valía el trigo en el mundo, el productor argentino recibía 77. Entre diciembre de 2015 y agosto de 2018 el trigo tuvo cero de derechos de exportación, por lo que el productor argentino de trigo recibía por su producción lo mismo que un productor uruguayo, estadounidense o ucraniano. En septiembre de 2018 se introdujeron los derechos de 4 pesos por dólar, que en ese momento significaban el 10 por ciento, por lo que el productor argentino recibía 90 dólares de cada 100 que valía. Desde el sábado 13 de diciembre se incrementaron los derechos al 12 por ciento y la ley de emergencia habilita al poder ejecutivo a llevarlos al 15 por ciento, por lo que el productor está recibiendo 88 dólares de cada 100 que vale el trigo y podría llegar a percibir 85.

La idea de que la ley de oferta también se aplica a la producción de trigo no es sólo un planteo teórico, de hecho, si se compara la campaña de trigo de 2019/20 vs. 2015/16, la cantidad de hectáreas cultivadas pasó de 4,4 millones de hectáreas a 6,6 millones, un incremento del 51 por ciento; la producción creció de 11 millones de toneladas a 19 millones, un incremento del 68 por ciento. Esta mayor producción significó 250.000 nuevos fletes y 1.500 millones de dólares de nuevo valor de producción. ¿Qué cambió entre estas dos campañas? En la campaña 2015/16 el trigo tenía un derecho de exportación del 23 por ciento y una restricción para exportar que le generaba una reducción del precio interno en torno al 10 por ciento. Es decir, el trigo valía para el productor un tercio menos de lo que valía para un productor de cualquier parte del mundo. Mientras que en la campaña 2019/20 los derechos de exportación eran del 10 por ciento al momento de la siembra.

Así como subió el área cultivada cuando se redujeron los derechos de exportación, bajó cuando se impusieron. Por ejemplo, en la campaña 2004/05 la superficie sembrada fue de 6,2 millones de hectáreas, pero bajó hasta las 4,4 millones en la mencionada campaña 2015/16.

Entonces, los derechos de exportación bajan el precio percibido por el productor, disminuye los incentivos a invertir y producir, y redunda en menor producción. Esta menor producción significa menos empleo, menos fletes, menos movimiento económico y menos ingresos de dólares por exportación. Pero al mismo tiempo, significan un mayor ingreso fiscal para el gobierno nacional.

En esta dicotomía de más recursos fiscales pero de menor producción/empleo/dólares es que se debe centrar el debate. Cómo lograr un equilibrio en el nivel de derechos de exportaciones que le permita al gobierno nacional cerrar las cuentas, pero que no colisione con la generación de empleo y dólares de manera genuina, que en última instancia es la forma real de salir de la emergencia.

** Economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina.