"La actuación del Poder Judicial con la Doctrina Irurzun fue un avasallamiento total a la Constitución Nacional y al elemento más básico de la condición humana que es el principio de inocencia", afirmó la nueva integrante del Consejo de la Magistratura, Vanesa Siley. Secretaria general de la Federación de Sindicato de Trabajadores Judiciales (Fe Sitraju), diputada nacional del Frente de Todos y militante feminista de 35 años, Siley asumió como una de las trece integrantes del organismo encargado de seleccionar y remover a los magistrados. En diálogo con PáginaI12, se refirió a la importancia de implementar convenios colectivos de trabajo dentro del Poder Judicial, a las jubilaciones de privilegio de los jueces y a la "mala imagen" que la institución posee "por culpa de un puñado de jueces de Comodoro Py" que, opina Siley, representan sólo una minoría. 

- Esta es la primera vez que una dirigente sindical de las y los trabajadores judiciales ocupa un cargo en el Consejo de la Magistratura, ¿qué significado le adjudicás?

- Es fundamental porque no existe ningún ámbito de la Justicia federal en donde los trabajadores y las trabajadoras se puedan sentar a discutir las condiciones laborales. Es fundamental y estratégico para democratizar hacia dentro del Poder Judicial, que es algo venimos planteando desde el sindicato hace tiempo. Hay muchas cosas para reformar y mejorar dentro del Poder Judicial, y muchas de esas transformaciones forman parte de los reclamos que los trabajadores y trabajadoras plantean a la hora de discutir una mayor distribución del poder hacia dentro del Poder Judicial. No hay convenios colectivos de trabajo, por ejemplo. Excluyendo a las Fuerzas Armadas, este es el único ámbito de la administración pública que no tiene convenios colectivos de trabajo regulados por ley, y este es uno de los planteos que me gustaría llevar al interior del Consejo. La ciudadanía necesita de un Poder Judicial que se repiense a sí mismo. Y hay una bandera muy importante que impulsa nuestro gobierno que es la de la búsqueda de consenso y de la negociación tripartita. Tenemos que conformar un ámbito en donde se discutan todas estas cuestiones y este puede ser el Consejo de la Magistratura, pero también debe ser ampliado a las organizaciones sindicales y las asociaciones de magistrados. 

- A partir de su militancia feminista dentro del mismo Sitraju, ¿qué medidas en materia de igualdad de género cree que deben implementarse dentro de unos de los poderes del Estado que tiene mayor déficit de mujeres?

- Las licencias de paternidad siguen siendo de dos días, por lo que la lucha por las licencias equitativas es muy importante. Otra, que ya se votó en el Consejo y hay que ver cómo se implementa, es el tratamiento equitativo para los concursos y los procesos de selección de magistrados y magistradas. Que se pondere que siempre haya al menos una mujer en las ternas. De todas maneras, los caminos a seguir tienen que encararse desde dos ópticas: una es hacia dentro del Poder Judicial y otra tiene que ver con el servicio de justicia que se le da a la sociedad. Ambas están íntimamente ligadas, porque en la medida que vos tengas una Justicia que para adentro es patriarcal seguramente en el tratamiento de los casos también vaya a ser patriarcal. La perspectiva de género debe ser hacia adentro de la institución y también hacia el servicio de justicia que se brinda, el contenido de los fallos, el lenguaje que se utiliza. 

- Tanto Alberto Fernández como numerosas figuras del kirchnerismo han denunciado la existencia de una persecución judicial sistemática, así como el abuso de las prisiones preventivas durante el gobierno de Mauricio Macri como formas de amedrentamiento a los opositores: ¿qué rol cumplió el Poder Judicial durante los últimos años?

- La actuación del Poder Judicial con la Doctrina Irurzun fue un avasallamiento total a la Constitución Nacional, al principio de libertad contenido en ella y al elemento más básico de la condición humana que es el principio de inocencia. Son malas imágenes del Poder Judicial, malos magistrados que representan una minoría. Porque el Poder Judicial tiene jueces muy probos y muy dignos que llevan a cabo su tarea, y a veces por culpa de un puñado de jueces federales de Comodoro Py caen todos en la misma bolsa de desprestigio. La teoría del "Lawfare" es una realidad en la Argentina que a futuro se va a estudiar mucho, pero en el presente hay que evaluarlo por los carriles institucionales que se merecen.

- ¿Cómo se corrige esta mala imagen?

- Hay que transparentar las acciones del Poder Judicial. Muy pocas veces se conocen las caras de los jueces y juezas, nunca van a la televisión a explicar sus sentencias o a dar cuenta de sus actos de gobierno. Y, cuando aparecen, paradójicamente casi siempre suele ser porque están siendo apretados por determinados sectores del poder para fallar en un sentido. Entonces, mirá qué mal le hace a la independencia del Poder Judicial la falta de conocimiento de la ciudadanía respecto a quiénes son sus magistrados y magistradas. Otra de las cuestiones fundamentales consiste en la oralidad y la publicidad de los actos: hay que actualizar los medios de comunicación, el lenguaje oral tiene que ser menos ininteligible, hay que transparentar los actos y acercarlos a la ciudadanía. También hay que federalizar el Consejo de la Magistratura porque si bien tiene superintendencias en los juzgados federales de todo el país, el organismo sólo está radicado en Ciudad de Buenos Aires. 

- ¿Qué opinas del debate que se dio en torno a las jubilaciones de privilegio de los jueces luego de su exención de las modificaciones sufridas por el resto de los regímenes jubilatorios a partir de la Ley de Emergencia?

- Esto siempre sucede cuando, después de una crisis, explotan los recursos del Estado. La Ley 24018 dicta el régimen de jubilaciones y pensiones para jueces y funcionarios judiciales, entre otros, y la misma se ha venido modificando en la Argentina después de cada crisis. La primera vez en 1991, poscrisis de la hiperinflación del radicalismo, y después en el 2002, luego de crisis del 2001. Y ahora nos encontramos en la misma situación. En este marco de emergencia, de crisis, de solidaridad --como nosotros lo llamamos-- creo que el Poder Judicial puede hacer un aporte, pero este aporte no significa necesariamente cambiar el 82 por ciento móvil. 

Entrevista: María Cafferata.