El Gobierno le quitó sus credenciales a la embajadora Elisa Trotta Gamus, que no había sido enviada por Venezuela, sino por el autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó y cuyo placet había sido aceptado por el gobierno de Mauricio Macri. En la Cancillería aclararon que la diplomática "estaba bajo el formato de misión especial que le había dado la gestión anterior, no como embajadora formalmente de Venezuela". No obstante, a través de una carta le indicaron que se ponía fin a esa "misión especial". El Gobierno argentino se pronunció contra los últimos hechos en Venezuela y cuestionó que se haya impedido el funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Desde Juntos por el Cambio, reclamaron que le devuelvan a Trotta el lugar que le dio Macri.
El gobierno de Macri fue uno de los que se alineó con la estrategia para terminar con el mandato de Nicolás Maduro. Reconoció desde un comienzó a Guaidó y denunció una y otra vez a Venezuela como una dictadura. En esa línea, reconoció a quien Guaidó envió como embajadora: el canciller Jorge Faurie le dio cartas credenciales, inmunidades y seguridad como si fuera la embajadora legítima de Venezuela. Esto le pertimió a Trotta Gamus montar una suerte de embajada paralela.
La Cancillería puso fin a esto a partir de una nota forma que le envió la directora nacional de Ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mariángeles Bellusci: "Me dirijo a usted a los efectos de comunicarle que a partir del día de la fecha se pone fin a su misión especial en la República Argentina y a sus funciones en el marco de la misma", dice la misiva. En la Cancillería habían advertido que era un problema la forma en la que la diplomática se venía presentando en sus entrevistas públicas. "Ante la persistencia en los medios de presentarla como embajadora, consideramos oportuno informar que no lo es", indicaron.
La decisión de terminar con la embajada paralela ya había sido adelantada antes de asumir por el canciller Felipe Solá: "Es ilegal. No vamos a buscar excusas. Pensamos que las relaciones son complejas, pero tampoco se puede violar la legislación para tener el embajador que uno quiere", había advertido.
En los últimos días, Solá marcó la posición del Gobierno argentino sobre lo que está ocurriendo en Venezuela con Guaidó y la Asamblea Legislativa. "Impedir por la fuerza el funcionamiento de la Asamblea Legislativa es condenarse al aislamiento internacional. Rechazamos esta acción e instamos al ejecutivo venezolano a aceptar que el camino es exactamente el opuesto. La Asamblea debe elegir su presidente con total legitimidad", advirtió la Cancillería. Solá agregó desde su cuenta de Twitter: "El Gobierno argentino viene intentando por todos los medios que el diálogo y los acuerdos sean el camino para la plena recuperación del funcionamiento democrático de la República Bolivariana de Venezuela".
El comunicado oficial advertía: "El gobierno argentino lamenta profundamente los episodios registrados en el día de la fecha en la República Bolivariana de Venezuela. Resultan inadmisibles para la convivencia democrática los actos de hostigamiento padecidos por diputados, periodistas y miembros del cuerpo diplomático al momento de procurar ingresar al recinto de la Asamblea Nacional, para elegir a las nuevas autoridades de su junta directiva". "Al frustrarse el funcionamiento de un cuerpo democrático colegiado, lo ocurrido resulta un nuevo obstáculo para el pleno funcionamiento del Estado de Derecho, condición esencial para permitir encaminar una salida transparente a la situación que hoy vive el pueblo venezolano", indicaron.
Pese a este pronunciamiento, la posición del Gobierno argentino y el retiro de las credenciales a la enviada de Guaidó fue cuestionado por Juntos por el Cambio. "Lamentablemente el Gobierno da un giro de 180 grados y apuesta por la dictadura de Maduro. No hay posibilidad de terceras posiciones, o se apoya la democracia o se avala la dictadura", lanzó el diputado radical Luis Petri. "Qué interesante salir de las posiciones ambiguas y reconocer una dictadura que sólo en 2018 asesinó 7000 civiles según Bachelet", interpretó el diputado macrista Waldo Wolff. "Exigimos al gobierno argentino que reconozca a la Asamblea Nacional y a su embajadora encargada en Argentina", demandó la diputada Karina Banfi.
