La sanción de la “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública” fue el primer gran triunfo del Frente de Todos. La muñeca política del presidente Alberto Fernández y de sus espadas legislativas desarticuló la estrategia obstruccionista impulsada por el sector más duro de Juntos por el Cambio.
Obtenido el quórum reglamentario, los Macri boy's aprovecharon el debate para infligir el máximo daño político posible al oficialismo. Si bien las objeciones opositoras abarcaron un abanico muy amplio de temas ("impuestazo" contra la clase media, mantenimiento de las jubilaciones de privilegio, delegación de facultades al Poder Ejecutivo -“se le autoriza una dictadura por seis meses”, Elisa Carrió dixit-), las mayores críticas estuvieron centradas en el “ajuste” a los jubilados.
Ese mensaje fue reforzado por los medios hegemónicos que (des)informaron sobre los alcances de la Ley. El eje de la cobertura mediática fue un supuesto “congelamiento” de las jubilaciones.
En las redes sociales esa conducta fue definida como típica de un "indignudo". Aunque la RAE todavía no aceptó el término, los cibernautas proponen la siguiente definición: “dícese del individuo que ahora se indigna por todo y estuvo cuatro años haciéndose el boludo”. En esa línea, los "indignudos" ignoraron la fuerte pérdida del poder adquisitivo sufrida por los jubilados como consecuencia de la reforma de la Ley de movilidad aprobada en 2017.
En 2018, las prestaciones subieron apenas 28,5 por ciento versus una inflación de 47,6 por ciento. Los beneficiarios volvieron a perder (aunque menos) en 2019: 51,1 por ciento (movilidad) versus 55,0 por ciento (inflación estimada).
En ese marco, la Ley de Solidaridad prevé una suspensión por 6 meses de la fórmula de movilidad y la convocatoria “a una comisión integrada por representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y miembros de las comisiones del Congreso de la Nación competentes en la materia para que en el plazo de 180 días, revise la sustentabilidad económica, financiera y actuarial, y proponga al Congreso de la Nación las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización de los regímenes especiales...”.
La suspensión es de la fórmula, no de los aumentos que serán definidos trimestralmente por el Poder Ejecutivo.
La estrategia oficial es desandar el camino transitado por la denominada Ley de Reparación Histórica que favoreció apenas al 20 por ciento de los jubilados ubicados en la cima de la pirámide de ingresos.
La idea central es avanzar en la conformación de un sistema previsional más equitativo aumentando en mayor proporción a los beneficiarios de menores ingresos. En la actualidad, Argentina es uno de los países con mayor nivel de disparidad (7 veces) entre el haber máximo y mínimo.
Alfredo Zaiat explica en un reciente artículo que “la concepción política e ideológica es transparente: disminuir la brecha de haberes (achatar la pirámide previsional) para mejorar la equidad distributiva y que el Estado, de ese modo, a través de pagos de jubilaciones, no replique como herencia la desigualdad del mercado laboral”.
En otras palabras, el gobierno de Alberto Fernández planea transitar idéntico rumbo que el de Néstor Kirchner. El riesgo latente es la judicialización de esa política tal como ocurrió con el fallo Badaro.
@diegorubinzal
