La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, decidió tomar un examen escrito a los 1400 empleados que trabajan en el organismo. Los colaboradores de la funcionaria deslizaron que "rendir mal el examen es una causa justa de despido". De ese modo, se estima que servirá como un filtro para poder seleccionar a los empleados más capacitados y reducir el personal luego de los nombramientos masivos que había realizado el anterior titular del organismo, Gustavo Arribas, antes de dejar el cargo. No será lo único que tendrán que hacer los empleados de la AFI porque también tendrán que participar de jornadas de capacitación en temas de género y violencia contra las mujeres en el marco de la Ley Micaela.

El examen --que deberán realizar todos los integrantes del organismo, salvo los que ingresen en esta etapa de intervención-- constará de una serie de preguntas sobre diversos temas que incluirá cultura general pero otras relacionadas con cuestiones específicas de la tarea que realizan los espías argentinos. Por eso, explicaron desde la AFI, la prueba no presentará dificultad para aquellos que cumplen tareas de inteligencia desde hace mucho tiempo.

La idea de realizar el examen fue de Caamaño y se la dio a conocer al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, mediante un informe semanal que la funcionaria entrega siempre en Casa Rosada. Por su parte, el Presidente estuvo de acuerdo con el proyecto y respaldó la medida que propuso la funcionaria.

Fernández, en su discurso de asunción ya había anticipado que el Gobierno intervendría el organismo y lo reestructuraría. En ese sentido, una de las primeras medidas que tomó el presidente fue derogar el decreto que permitía que los fondos de la AFI sean reservados. Ese dinero, que antes estaba destinado al espionaje, ahora fue redireccionado al presupuesto que financia el Plan Contra el Hambre que depende del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo y que tiene como objetivo llegar a más de dos millones de beneficiarios a través de la implementación de la tarjeta alimentaria que ya se entregó en varias provincias del país.

Caamaño, desde que se encuentra ocupando el cargo de interventora del organismo,  limitó las acciones de los agentes de inteligencia. Incluso durante estas semanas, la funcionaria estuvo trabajando en una modificación del organigrama de la Agencia que va a llevar de 105 direcciones, que existían durante el gobierno anterior, a 65. Esto permitirá no solo reducir los cargos jerárquicos sino también deja de pagar salarios muy elevados.

Desde el comienzo de la intervención, la funcionaria se encontró en la AFI con distintas irregularidades. Uno de esos casos fue que descubrió en una de las dependencias, sin inventariar, elementos para realizar espionaje no oficializados , entre los que se encontraron: Valijas para realizar escuchas; aparatos para espiar; cámaras para poder fotografiar manifestaciones sin ser vistos, entre otros. 

Además, dentro de las tareas que se encuentra realizando Caamaño en los últimos días, durante la intervención del organismo, este miércoles dio a conocer una resolución mediante la cual pidió a los jueces no involucrar a la central de espías en investigaciones que no tienen que ver con el anti-terrorismo, la prevención frente a ataques informáticos o amenazas al orden constitucional o la paz. Dicha decisión limitará los pedidos que puedan hacer los magistrados a las tareas de inteligencia que, durante el gobierno macrista, fueron utilizadas como instrumentos de persecución para intervenir en causas judiciales contra opositores. Esta resolución impulsada por Caamaño será publicada en los próximos días en el Boletín Oficial.

La interventora, además, trabajará próximamente en una nueva Ley de Inteligencia, en la que, para su elaboración, participarán también los partidos de la oposición, y que tendrá un perfil diferente al que supo tener la AFI. Este organismo, a lo largo de su historia, supo ser criticado por diferentes sectores como una institución que sirvió durante gobiernos democráticos para intervenir teléfonos sin órdenes judiciales, perseguir y juntar información de personas principalmente opositoras a los gobiernos de turno e influir en las causas que se llevan a cabo en los tribunales de Comodoro Py.