Losardo: "Hay que terminar con las escuchas ilegales y las operaciones judiciales"

Cuando a Marcela Losardo le tocó jurar como ministra de Justicia hace poco más de un mes, Alberto Ferández notó que una lágrima se le escapaba sin control por una de sus mejillas. Entonces, la tomó de los brazos, la miró a los ojos y le dijo por lo bajo: “no llores que me vas a hacer llorar a mi”. Ese momento fue registrado por los fotógrafos que aquel 10 de diciembre dispararon sus flashes en el Museo del Bicentenario. Ahora, la foto es uno de los pocos objetos que adornan el despacho de la primera mujer en ocuparlo. “Me gusta mucho porque retrata exactamente lo que sentía en ese momento”, explicó la abogada a PáginaI12, al finalizar lo que se convertiría en su primera entrevista a un medio gráfico desde que asumió su cargo. Losardo no podía creer que aquel compañero de la facultad, con el que tenía más de treinta años de amistad y trabajo compartido acababa de convertirse en Presidente de la Nación y le estaba tomando juramento a ella. “Durante la campaña lo veía en los afiches y pensaba: qué hace este pibe acá. Creo que recién ahora caigo que Alberto es Presidente”, reveló.

Pensando cada una de sus palabras y con un mensaje medido, en medio de la fuerte expectativa que genera la reforma judicial que se aproxima, Losardo confirmó que el Gobierno está trabajando intensamente en el paquete de leyes. Ratificó la puesta en marcha del sistema acusatorio y adelantó que “es posible” que los cambios incluyan la descentralización de las causas que hoy son manejadas solo por los doce jueces de Comodoro Py. La otra novedad es que la iniciativa no será girada al Congreso en febrero como se especulaba, sino que estaría lista recién para ser debatida durante las sesiones ordinarias. Entre otras definiciones, Losardo dijo que “hay que terminar con las escuchas ilegales y los operadores judiciales”; respaldó los cambios en la AFI; habló de la “mala praxis judicial”; pidió “parar con las operaciones”; prometió cambios en el mecanismo de selección de jueces y llamó a terminar con las detenciones arbitrarias. Además, a cinco años de la muerte del fiscal Alberto Nisman pidió que la Justicia “nos diga qué pasó” y reclamó lo mismo respecto del atentado a la AMIA. Entre otras medidas, Losardo prometió trabajar para “acelerar los procesos” por delitos de lesa humanidad y regularizar las indemnizaciones a familares de víctimas de la última dictadura, que el Gobierno de Mauricio Macri había dejado de pagar. También, prometió impulsar el cupo femenino para que más mujeres accedan a cargos de primera línea dentro del Poder Judicial.

Losardo estaba trabajando en el estudio jurídico que fundó junto a Alberto Fernández, hasta que la canditatura de su socio la llevó de nuevo a dejar la actividad privada. “Si volví a la función pública es porque lo acompaño a él, porque es una persona maravillosa. Y porque creo muchísimo en este proyecto”, expresó. Incluso, antes de la campaña electoral estaba remodelando el estudio. “Cambiando pisos, ventanas, etc. Creo que Alberto ni llegó a ver los arreglos”, dijo, buscando describir el vértigo con el que vivió la sorpresiva postulación de su amigo, quien la convocó cada vez que le tocó ocupar un lugar en la gestión. En esta oportunidad, es la segunda vez que tienen que cerrar el estudio de la Avenida Callao.

--¿Cómo fue volver a este edificio?

--Me encontré con un ministerio que me era muy familiar. Volví a esta casa de la que me fui y donde sentí que tenía muchas más cosas por hacer.

Especializada en derecho civil, Losardo pasó por la gestión pública en varias oportunidades. Fue siempre de la mano de Fernández y también como segunda, cuando Alberto Iribarne fue ministro de Justicia. Su recorrido la llevó a tener un estrecho conocimiento de la gestión del Estado y de la denominada familia judicial.

Al igual que ocurrió en otras reparticiones del Estado, según señalaron desde la nueva gestión, encontraron un ministerio inflado de personal directivo nombrado a último momento y con edificios en pésimo estado, sobre todo la ex Esma.

--¿Cómo encontraron el ministerio respecto de los nombramientos?

--Se sumó muchísima gente. Eso fue llamativo. Mucha gente que entró a último momento. Los dos últimos años, los últimos meses. Hubo gente que se convirtió en director seis meses antes del recambio presidencial. Eso es una contradicción con lo que uno escuchaba ¿No? Porque uno escuchaba que había que achicar el Estado... y acá yo no vi eso. No hablo de los trabajadores. Me refiero a los cargos directivos.

--¿Y qué van a hacer con esas personas?

--Hay gente que se está yendo y veremos después qué hacemos con los contratos. Acá nosotros queremos que la gente trabaje. No venimos a perseguir a nadie. Lo que sí queremos es que la gente trabaje y esté comprometida. No importa de donde vengan ni qué piensen. Yo no creo que haya que achicar el Estado, yo creo que hay que maximizarlo. Acá hay recursos buenísimos. Hay muchísima gente de planta que tiene mucha experiencia y es de trabajo. Gente excelente.

--¿Y en cuanto al estado del edificio?

--Bueno, una cosa es este lugar a donde estamos ahora (se refiere a su despacho en el quinto piso del Ministerio, ubicado en pleno microcentro, sobre la calle Sarmiento. La oficina se ve en perfecto estado) y otra cosa es el resto. Hay una gran diferencia respecto del resto del edificio, a donde trabaja todo el mundo. Pero, por ejemplo, el lugar que encontramos en estado deplorable es la ex Esma. Realmente cuando fui no lo podía creer. Pero uno a veces puede pensar que el estado de los edificios estatales tienen que ver con la economía. Pero tiene que ver con las políticas que fueron aplicando en todo este tiempo.

--¿Por ejemplo?

--Por ejemplo, la falta de pago de las leyes reparatorias a las víctimas y familiares de delitos de lesa humanidad. No se pagaron, la gente tenía que esperar para cobrar porque demoraban los expedientes.

--¿Y qué van a hacer?

--Los vamos a pagar todos. Son prioridades para nostros. La gente no puede ser dos veces víctima. Si alguien tiene una ley y el Estado se comprometió en repararlo y es justo que se repare, ya está. Punto. No hay que discutir nada más. Yo ya lo hablé con los Organismos de Derechos Humanos y vamos a ponernos al día.

¿Y cómo ve los retrocesos que hubo en materia de Justicia en los casos de Lesa Humanidad?

--Tenemos que tratar de agilizar los juicios. Ahí hay que hacer algo. Tenemos que hablar con la Corte y con todo el Poder Judicial para ver cómo podemos ayudar y cómo ellos pueden ayudar para que los juicios se puedan llevar a cabo y se terminen. Nosotros vamos a trabajar en conjunto para ver cómo aceleramos todos los procesos.

--¿Cómo se hace para mejorar el servicio de justicia y “terminar con los sótanos de la democracia”, como prometió en el discurso de asunción el Presidente?

--Una cosa es la Justicia y otra es el Poder Judicial. Eso tiene que quedar muy claro. Me parece que tenemos que modificar muchas cosas en el Poder Judicial y en los sistemas, para que la gente tenga una satisfacción con la Justicia. La falta de celeridad, de eficacia y ciertos errores que se cometen en la Justicia. Se habla mucho de la mala praxis médica, de la mala praxis de los abogados, de los ingenieros, pero no se habla de la mala praxis judicial. Por ejemplo, el caso de Cristina Vázquez y Lucía Rojas. Doce años presas en Misiones por un asesinato que no cometieron. Si eso no es falta de Justica y una arbitrariedad, qué es. Yo pregunto, ¿tenían que estar doce años detenidas hasta que el caso llegó a la Corte? ¿Quién repara eso? ¿Qué sentís vos como ciudadano cuando pasa algo así?

--Esta semana hubo varios cruces por la situación de los ex funcionarios y dirigentes detenidos en causas por corrupción. Incluso se escucharon algunas críticas al Presidente por este tema ¿Para usted, hay presos políticos en la Argentina?

--Lo que tenemos que pensar es si hay sentencias arbitrarias. Y es tremendo que haya sentencias arbitrarias, que es una línea que roza mucho con el preso político o no político. A mi me parece que de lo que nos tenemos que ocupar es de que no haya sentencias arbitrarias. Se llega a esas sentencias arbitrarias por distintos motivos. Ya sea por razones políticas, por falta de independencia judicial, por razones de mal desempeño. Entonces, nosotros tenemos que hacer que en la Argentina esto no ocurra.

--¿Y qué piensan hacer desde el Poder Ejecutivo para que esto no ocurra?

--Nosotros tenemos que pensar que las instituciones funcionen bien. El Consejo de la Magistratura tiene que funcionar como corresponde. Si hay cosas que corregir en el Consejo lo tendremos que corregir. Vamos a tener que evaluar también si los procedimientos para elegir los jueces son realmente los correctos. Por ejemplo, tenemos un porcentaje muy grande de discrecionalidad en materia de selección de magistrados en la entrevista personal. No puede ser que el porcentaje en la entrevista personal supere las calificaciones de los antecedentes y de los exámenes. Y después hay que ver el perfil de los jueces. Si nosotros no pensamos en elegir jueces probos nunca vamos a tener una buena Justicia. Podremos cambiar los sistemas. Perfecto. Pero si no ponemos los jueces correctos, los sistemas van a fracasar. Yo puedo crear el mejor sistema, pero si no pongo jueces honestos y capaces nunca voy a tener una buena Justicia. Por eso se llega a las sentencias arbitrarias. Por eso se llega a los tribunales internacionales. Y la verdad, a mi me gustaría vivir en un país donde todo se resuelva acá, en la Justicia argentina. Hay casos que pasan años y todavía no sabemos qué ocurrió.

--Como el atentado a la AMIA, por ejemplo…

--Es tremendo. Es un tema que realmente me preocupa, no solo como funcionaria sino como ciudadana. La AMIA fue un atentado contra todos. No fue contra una parte de la sociedad. Fue contra todos. Yo me siento atentada. Yo me siento víctima también de ese atentado.

--¿Y respecto de la muerte del fiscal Alberto Nisman?

--También es tremendo. Cinco años y todavía no sabemos por parte de la Justicia qué ocurrió. Espero que la Justicia lo resuelva y que la Política no se meta en ese tema. Porque ralmente tenemos que saber qué fue lo que ocurrió.

--¿Vio el documental?

--Estoy viéndolo ahora. Voy viendo capítulos cuando puedo. Ahora, qué tremendo. El tema Nisman pareciera que pasa por la Justicia pero la gente lo consume en una serie de Netflix. La verdad es que a mí me duele. Porque son esas cosas que ya podrían estar resueltas, no lo está y estamos con una serie que pareciera ser un “continuará”. Al principio no quería ni verlo. Porque yo no quiero consumir un documental, quiero que la Justicia me diga qué pasó.

--Volviendo a la situación de la Justicia durante los últimos cuatro años. Unos diecisiete jueces fueron trasladados de la Justicia ordinaria a la Federal sin pasar por el Consejo de la Magistratura, sin concurso ni aval del Senado ¿Qué va a pasar con esas designaciones?

--Eso estuvo muy mal. Ya el Relator de la ONU, García Sayán se expidió respecto de eso.

--¿Pero qué van a hacer? ¿Van a retrotraer esos traslados? Sobre todo porque algunos de ellos ocupan lugares claves, como la Cámara Federal.

--Tenemos que ver. Así como entraron se puede retrotraer. Se verá. Son decisiones que se irán tomando. Veremos. Lo que sí te digo es que eso no puede volver a ocurrir. Nosotros tenemos que volver al camino de las instituciones. Si tenemos un Consejo de la Magistratura con concursos para los jueces, que funcionen los concursos para los jueces. Terminemos de hablar y hacer seminarios sobre la independencia judicial, lo único que tienen que hacer los jueces es ejercerla.

--Hay algunos jueces de Comodoro Py que parecería que no tienen mucho más margen para continuar ¿Va a haber algún intento del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura para desplazarlos?

--Yo no sé si tienen más o menos margen, eso lo sabrán ellos. Eso es el Consejo de la Magistratura. Nosotros somos el Ministerio de Justicia.

--Pero el Poder Ejecutivo tiene representantes en ese ámbito…

--Veremos. Es un solo representante el del Poder Ejecutivo y estamos hablando de un órgano colegiado. Insisto en que quiero respetar la independencia judicial.

--¿Qué va a pasar con el método para los sorteos de las causas en Comodoro Py? Sobre todo tieniendo en cuenta que la Auditoría General de la Nación ya determinó la alta vulnerabilidad del sistema.

--Eso lo tendríamos que evaluar y revisar para mejorar el sistema.

La reforma que se viene

--Hay mucha expectativa dentro y fuera del Poder Judicial respecto de la reforma que se avecina ¿En qué va a consistir?

--Estamos trabajando en una reforma para dar mayor transparencia y celeridad a todo el Poder Judicial. No puedo adelantar mucho porque estamos trabajando. Pero el único objetivo que tenemos es cambiar la imagen y el funcionamiento de la Justicia. Y yo creo que los jueces lo agradecen. Porque son más los jueces que hacen bien su trabajo que los que no.

--Pero es sabido que es un sector con muchas resistencia a los cambios. Sobre todo si afecta sus intereses.

--No se si va a haber resistencias, la verdad. Yo no estoy tan segura que vaya a haber tantas resistencias. Yo creo que el Poder Judicial quiere un cambio. Y creo que acompaña el cambio.

--¿La reforma va a incluir aquel intento de Gustavo Beliz durante el Gobierno de Néstor Kirchner, para descentralizar las causas que hoy sólo son investigadas por los doce jueces de Comodoro Py? ¿Están trabajando en esa dirección?

--Es posible.

--¿No puede adelantar nada más?

(Hace silencio y sonríe)

--Bueno… ¿Cómo evalúa los cambios dispuestos por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia?

--En realidad ahora hay un cambio increíble con la incorporación de Cristina Caamaño a la AFI. Esto es muy positivo. Ella bajó una línea muy importante sobre cómo hay que trabajar y a qué se tiene que dedicar la AFI, para dejar de hacer cosas que no se deben hacer, como todos sabemos. Hay una nueva mirada sobre la tarea de los auxiliares de justicia y cómo deben trabajar. Esto muestra lo que el Presidente quiere y hacia dónde quiere ir. Estamos hablando de una reforma en serio. Porque no podemos vivir más en un país así. Yo creo que nos estamos asfixiando todos. A ver si paramos con las operaciones y las carpetas.

--¿No perjudica el trabajo de un juez o una jueza el retiro de la AFI en este aspecto?

--No, porque si un magistrado necesita al auxiliar de justicia en una investigación de delitos complejos, como trata de personas, terrorismo internacional, etc. por supuesto que lo va a tener. Lo que nosotros no podemos tener son escuchas ilegales por todos lados, información que va y viene, operadores judiciales. No se puede vivir así. Porque no nos va bien así. Y eso cualquiera lo puede entender.

--¿Y qué van a hacer con la oficina de escuchas? ¿Tienen definido sacarlas de la órbita de la Corte Suprema?

--No hay nada definido. Lo que sí tenemos claro es que no puede haber escuchas ilegales.

--¿Cómo ve el criterio sobre las prisiones preventivas que se aplicó durante el Gobierno de Mauricio Macri?

--Es un tema que no es menor. Y es un tema en donde hubo excesos. Y por eso creo que sí hubo arbitrariedades. Y coincido con el Presidente. Porque son cuestiones arbitrarias.

--¿Sólo excesos? ¿No cree que hubo persecución política?

--Y, si. Hubo persecución. Porque la realidad es que la política se metió mucho en el sistema judicial. Llamalo de una manera o de otra, todos sabemos lo que hizo la Política y parte de la Justicia. Es hacia donde no tenemos que ir nunca más.

--El nuevo código procesal penal aprobado en 2015 fue demorado por la gestión anterior y sólo se aplicó en dos provincias ¿Van a llevarlo a todo el país en este año?

--No te puedo hablar de tiempos. Es un proyecto dificil pero que se va a aplicar correctamente. Y el ministerio de Justicia va a colaborar en la capacitación para que el tema sea algo positivo. Porque no hay peor cosa que un proyecto mal implementado. Eso te lleva al fracaso. Y no estamos dispuestos a correr con un fracaso en ese sentido.