La abogada especializada en género, Patricia Aguirre, informó a Salta/12 que el Estado salteño no está brindando asistencia económica a las víctimas de violencia de género con la excusa de la transición gubernamental. 

Antes, mediante la gestión de un trámite en el Polo Integral de las Mujeres, el gobierno provincial proveía un subsidio mínimo de 6 mil pesos, que ahora se ha suspendido. Del mismo modo, Aguirre indicó que solía llamar a la Cooperadora Asistencial de Capital y articulaban para que las víctimas recibieran bolsones de mercadería, cuchetas, colchones o alojamiento en refugios, esto ya no se puede hacer con el desfinanciamiento de la institución.

El gobierno provincial derogó el impuesto con el que se financiaba a las Cooperadoras de Capital y el interior sobre la base a la nómina de empleados del sector privado en cada municipio. Las cooperadoras de los municipios del interior también cumplían en muchos casos el rol de asistencia a las víctimas de violencia de género en situación de extrema vulnerabilidad y pobreza con mercadería, pasajes o medicamentos.

Ante este escenario, la abogada destacó que la situación de las víctimas es apremiante en toda la provincia. Al realizar consultas en los organismos gubernamentales "me doy con la situación de que ya no están dando subsidios económicos para las mujeres víctimas de violencia de género porque están en 'transición'. Es una vergüenza que en una provincia que está en emergencia social por violencia de género no tengan fondos para asistir a las víctimas", expresó Aguirre. 

Consultada por Salta/12, la secretaría de Derechos Humanos de la provincia, Mariana Reyes, dijo que desde que asumió está yendo "todos los días" al Polo Integral de las Mujeres y que están retomando las acciones habituales que cumple este espacio. Señaló que hubo un inconveniente en particular con un caso, pero reconoció que tienen aspectos para mejorar. "Las críticas las tomo en agenda", sostuvo. Añadió que su Secretaría será de "puertas abiertas" y trabajará para mejorar "todo lo que haya que mejorar". 

"Son varias las críticas que pueden generarse. En mi gestión esas críticas me van a ayudar" a optimizar el trabajo, sostuvo la funcionaria. 

Mayoría de víctimas pobres 

Aguirre graficó que la mayoría de las víctimas de violencia de género a las que asiste son pobres, no tienen trabajo (en parte por la situación de aislamiento en las que las mantienen los agresores), ni un ingreso independiente al de sus ex parejas violentas y que "como denominador común sufren violencia económica en diferentes escalas". "A las mujeres que están en situaciones graves, hasta el año pasado las solía mandar al Polo de las Mujeres, allí se gestionaba un mínimo subsidio de 6 mil pesos que por lo menos evitaba que las víctimas sigan yendo a humillarse todos los días o que por ir a pedirle dinero a sus ex parejas las maten", manifestó.

La abogada dijo que hay una responsabilidad política en este desamparo estatal a las víctimas de violencia de género. "El Polo puede acompañar con asistente social, psicóloga y abogada pero nada más. La ayuda económica es importante para las mujeres que están en extremo grado de vulnerabilidad y tienen hijos a cargo", sostuvo.

La letrada relató la situación de una mujer de 36 años que sufrió una violación la semana pasada cuando su ex pareja fue la pieza en la que vive en una zona marginal a dejarle 100 pesos que aportaba de forma semanal para manutención de su hijo y dos hijas en común. El agresor ni siquiera fue detenido.

Otro dato aportado por la abogada es que el 80 por ciento de los victimarios y a la vez progenitores son insolventes, por lo que deben fijar porcentajes de manutención en mediaciones aparte. Los juicios por alimentos conllevan un proceso, la letrada dijo que como profesional suele pedir una medida cautelar de alimentos provisorios: "los podemos sacar cuando las ex parejas trabajan en blanco, ahora tenemos que esperar a que termine la feria, también lleva su tiempo".

Aguirre dijo que los recursos provinciales nunca han funcionado bien en la provincia y que con el cambio de gobierno "sabía que iba a ser retrógrado pero no tanto. (El gobernador Gustavo) Sáenz y (la intendenta Bettina) Romero están destruyendo las instituciones que mínimamente garantizaban una simple asistencia".

En Salta "hay muchísimos femicidios, las mujeres muchas veces abren la puerta a los agresores para que les den dos pesos", sostuvo Aguirre.

La letrada quiso destacar que también asiste a víctimas que fueron traídas por sus parejas de otras provincias o países limítrofes. En esos casos, ante la situación de violencia de género, no cuentan ni siquiera con un núcleo familiar que las contenga aunque a veces también "las víctimas vienen de familias disfuncionales" a las que no pueden recurrir por ayuda.

"En las elecciones y asunción se terminó la transición de gobierno, ¿ahora qué hacemos? Las autoridades desconocen la situación real que afrontan las víctimas", afirmó.

También acotó que en su trabajo territorial vio "mujeres que nunca han salido de la villa o zonas marginales, nunca han tomado un colectivo a la ciudad, no salen de ahí, hay muchas que no tienen para un pasaje, su vida se desarrolla en ese lugar, no tienen idea de centros de prevención ni herramientas con las que cuentan".