La Sala II de la Cámara Federal firmó ayer un fallo en el que cuestiona con crudeza la actuación del juez Sebastián Casanello y del fiscal Federico Delgado en la causa conocida como Panama Papers, en la que se investigan sociedades offshore vinculadas a Mauricio Macri y su familia, la presunta omisión del Presidente incluirlas en sus declaraciones juradas y posibles maniobras de lavado de dinero a través de ellas, en especial de Fleg Trading y Kagemusha. Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah los acusan de dejar “sin norte” la pesquisa por haberla “diversificado”, según entienden ellos, demasiado. Esas afirmaciones pueden interpretarse de dos maneras: que el juez y el fiscal investigan demasiado y sería mejor que no escarben tanto, que no rastreen más sociedades y negocios; o que investigan sin horizonte y no van a llegar a nada. Un punto llamativo es que el mismo tribunal en otra causa, la de lavado de dinero contra Lázaro Báez –también a cargo de Casanello– dijo exactamente lo contrario: mandó a rastrear los patrimonios de todos los implicados, a ampliar la lista de imputados (apuntando a Cristina Fernández de Kirchner) y a utilizar lo que había en otras causas.  

Las críticas a la investigación forman parte de un fallo que le da la razón a Franco Macri, quien cuestionó la intervención como “amicus curiae” del senador Fernando Pino Solanas y del historiador de la deuda externa Alejandro Olmos. Tanto Solanas como Olmos se habían presentado a colaborar con la causa con el argumento de que las offshore encarnan un modus operandi del Grupo Macri. Macri padre dijo que admitirlos en el caso era inclinar la balanza del expediente en perjuicio suyo. La Cámara los apartó, alegando que sus aportes se remontan a “circunstancias acaecidas en los años 80”, ya tratadas en algún expediente lejano. 

El único planteo que los jueces tenían por resolver era el de los “amicus”, pero aprovecharon para explayarse y afirmaron: “Tanto el representante del Ministerio Público Fiscal como el Sr. Juez han diversificado la pesquisa y, a casi un año de su inicio sin avances cualitativos en lo que hace a la hipótesis inicial, han irrumpido sus límites desdibujándolos de forma tal que, incluso, el objeto de otros procesos se está viendo alcanzado por la extensión que actualmente se ha dado a la presente”. Luego, con foco en Casanello, advierten: “Su particular método de llevar adelante esta causa, ha dejado sin norte la investigación: el esforzado intento del Sr. Juez instructor por mostrarse equidistante derivó en su propio alejamiento del rol de director del proceso, coadyuvando de esa forma a la actual indefinición”. Al final a Delgado le dan la razón en relación a un dictamen de comienzos de febrero en el que planteó que había que “redefinir los límites que actualmente giran en derredor de los contornos de un entramado societario mediante el recurso de las sociedades offshore en varios países”. En rigor, en aquel dictamen Delgado también dijo que la causa no iba a avanzar si la Cancillería no colabora con los exhortos para pedir información y si los países no se avienen a contestar. También sugirió que buena parte de la causa podía estar prescripta porque antes de 2011 no se aplicaba la figura de lavado con la flexibilidad actual. 

Si bien se pueden derivar interpretaciones del fallo de la Cámara, lo cierto es que apunta a circunscribir la investigación, no abrirla ni hacia atrás en el tiempo ni hacia otras sociedades (que podrían ser las que sirven al lavado). Así podría quedar ceñida a la primera offshore detectada, Fleg Trading. La que apareció después es Kagemusha, que no registraría operaciones. Por lo pronto, el expediente apuntaba verificar si Mauricio Macri había omitido declarar su participación en estas empresas u otras. Acerca de Fleg Trading se pudo establecer que estuvo activa y participó del intento del holding para instalar Pago Fácil en Brasil. Fue socia mayoritaria de Owners do Brasil. El 21 de septiembre de 1998 ingresó con el 99 por ciento del paquete accionario de Owners.

No deja de ser llamativo que la Cámara pida en este caso lo contrario que n el de Báez, donde ordenó una megainvestigación que llegara a la ex presidenta y se metiera en otros expedientes, como el de Julián Ercolini sobre adjudicación de obra pública en Santa Cruz.