Comienza hoy un juicio federal contra doce personas acusadas de conformar una organización dedicada al transporte, tenencia y comercialización de estupefacientes, cuyo presunto líder, Leandro Vilches, operaba desde la cárcel de Piñero. El fiscal general Federico Reynares Solari acusará al grupo de personas implicado en un desprendimiento de las causas que se fueron armando tras las intervenciones producidas originariamente en “Los Patrones” y luego en “Smolski”, que en diciembre pasado derivó en condenas para 17 personas.

Con la intervención a una persona de apellido Dávalos pudo establecerse la presencia de otra banda que se dedicaba al transporte, distribución y comercialización de estupefacientes en distintos puntos de la ciudad. Con el avance de la pesquisa se pudo llegar a quien sería líder, Leandro Vilches; según el Ministerio Público Fiscal, digitaba cada uno de los movimientos de la organización desde su lugar de detención a través de su pareja Gisela Bocutti, sus hermana Gisela Vilches y el mencionado Dávalos, entre otros, según indicaron fuentes judiciales.

También se encuentran imputados José Fabián Ramí, Gustavo Rubén Farías, Jonatan Ezequiel Tosi, Daniel Alejandro Godoy, Mirta Adriana Díaz, Jonatan Emanuel Albanese, Leandro Ernesto Deb y Luz Belén Bibone por el delito previsto en el artículo 5, inciso c de la ley 23.737 agravado por la intervención de tres o más personas.

Los hechos atribuidos a Vilches fueron encuadrados en la figura de organizador, por cuanto habría dirigido la organización dando directivas desde la Unidad XI de Piñero del Servicio Penitenciario provincial a distintas personas con diferentes roles asignados en la organización.

La investigación culminó en abril de 2017 con el secuestro de 82 panes y medio de marihuana que arrojaron un peso de 50, 151 kilogramos -en un automóvil en el que se trasladaban Farías y Tosi- y otros 39 panes de marihuana por un total de 25,164 kilogramos -en un vehículo en el que iba Godoy. Luego se secuestró otra importante cantidad de estupefacientes en el domicilio donde habitaría un hombre de apellido González, según publica el portal fiscales.gob.ar.

 

 

 

Desde el MPF informaron que ya se viene vislumbrando, en reiteradas causas, una lógica común que tiene que ver con personas alojadas en distintos centro de detención -principalmente del servicio penitenciario provincial-, desde donde, a través de la utilización de teléfonos celulares, se impartían órdenes y digitaba el comercio y la distribución en distintos puntos de venta de estupefacientes.