El camarista Martín Irurzun dejará de dirigir la oficina de escuchas de la Corte Suprema, que durante todo el período que estuvo a su cargo, coincidente con el gobierno de Mauricio Macri, protagonizó filtraciones de conversaciones privadas de dirigentes kirchneristas y aliados/amigos y otros escándalos. Las autoridades de esta dependencia siempre se desligaron de aquellas situaciones irregulares y violatorias de la privacidad, y desparramaron culpas hacia la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y ciertos jueces. Pero más allá del dilema del huevo o la gallina, está claro que la entrega del aparato de interceptación de comunicaciones en 2016 al máximo tribunal, que a su vez lo puso en manos del camarista que le dio su sello a los abusos con las prisiones preventivas de los últimos años, formó parte de ese proceso tan claro que hoy queda resumido en el término lawfare, por el cual sectores del Poder Judicial se dedicaron a hacer política con sus decisiones. Desde noviembre del año pasado, ya tras el triunfo electoral de Alberto Fernández y bajo la sombra de un informe crítico de un experto de Naciones Unidas, la oficina en cuestión –hoy llamada Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO)-- comenzó a implementar limitaciones en el uso de las pinchaduras telefónicas y a diseñar un sistema para mejorar la cadena de custodia de los audios. Son los primeros signos de un cambio de época, con rumbo aún incierto, mientras el Gobierno trabaja en ideas que podrían devolver las escuchas a la Procuración General.
Irurzun dejará la conducción del órgano de escuchas el lunes porque ya no cuenta con margen institucional para conseguir una nueva prórroga de su mandato, que vence ese día. En su origen, la designación de este camarista como director de esta dependencia estuvo teñida de anomalías. La Corte Suprema afirmó que se lo había designado por sorteo y sin embargo dos diarios (La Nación y Perfil) anunciaron los días previos que él era el nombre “puesto”. El alto tribunal recibió el aparato de las escuchas en el verano de 2016, cuando Mauricio Macri publicó un decreto que las arrancaba de la órbita de la Procuración General de la Nación, todavía encabezada por Alejandra Gils Carbó, donde habían estado a cargo de la fiscal Cristina Caamaño (hoy interventora de la Agencia Federal de Inteligencia). En ese período no existieron filtraciones. El ex presidente quería colonizar el sistema judicial y vio en las escuchas un factor de manejo de poder.
Con el tiempo cobraría dimensión la implicancia de la designación de Irurzun, presidente de la Cámara Federal y aliado del entonces presidente supremo, Ricardo Lorenzetti, quien propició un importante respaldo a la ofensiva judicial que se desató desde Comodoro Py contra ex funcionarios. Irurzun tenía mandato por un año, según el decreto original. En enero de 2017 se filtró a los medios el famoso audio de la conversación entre Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli, donde ella le decía “soy yo, Cristina, pelotudo”. Con el tiempo se dieron a conocer más y más diálogos. Provenían de una causa en la que el juez Ariel Lijo investigaba una supuesta protección al narco Ibar Pérez Corradi. El premio para Irurzun fue un nuevo DNU de Macri que extendió su mandato a tres años, al cabo de los cuales lo sucedería su segundo. Por eso ahora asumirá el camarista de Comodoro Rivadavia Javier Leal de Ibarra, que viene de la misma escuela y alianzas, pero en tiempos renovados. Se deberá sortear un nuevo número dos. Pero el nombre que no cambia es el del director Ejecutivo, Juan Rodríguez Ponte, un ex secretario de Lijo que concursó para ser juez federal en Lomas de Zamora pero su pliego está entre los retirados por el Gobierno la semana pasada, sujeto a revisión.
Reacción lenta
El edificio donde se hacen las escuchas es el mismo que en otro tiempo fue la célebre Ojota (Dirección de Observaciones Judiciales) de la ex Side. Está en avenida de los Incas 3834, una calle empedrada llena de árboles altos y frondosos. De afuera no parece lo que es: un lugar con oficinas y locutorios ubicados en un subsuelo que acumula olor a encierro y a la comida que consumen los escuchadores que pasan allí largas horas. Durante muchos años fue un sitio con impronta y personal de la Side luego devenida Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Cuando la Procuración se hizo cargo de las escuchas el panorama era tétrico. Los agentes trabajaban tantas horas que uno de ellos había sufrido un ACV mientras seguía conversaciones. A veces las escuchas que se grababan en forma automática duraban meses o años. Estaba todo sucio, había misteriosas puertas siempre cerradas, los agentes se cambiaban de nombre todos los días y la tecnología era obsoleta, a punto tal que seguían los secuestros con un teléfono de línea.
Pese a eso, durante la gestión de la Procuración y la de la Corte se mantuvo una dependencia tecnológica respecto de la AFI. Hoy el software es el mismo, pero en la DAJuDeCO aseguran gozar de autonomía. El personal, una planta de 273 empleados, es todo –según aseveran-- del Poder Judicial. De hecho está lleno de hijos, hijas y otros parientes de funcionarios de los tribunales de Retiro.
La Corte Suprema se tomó un largo tiempo para pronunciarse y adoptar medidas respecto de la locura de las filtraciones que se combinaron con el arraigo de las prisiones preventivas basadas en la “doctrina Irurzun”, inspirada en un borrador que Lorenzetti había pretendido implementar sin éxito desde la Corte. En el interín, incluso los supremos multiplicaron las facultades de la oficina de escuchas y la convirtieron en un órgano de investigación y asistencia a juzgados. Así, se transformó en un ámbito de contacto directo con Comodoro Py, que ofrecía acceso a bases de datos claves del Poder Ejecutivo, como las de la AFIP u organismo registrales, y se sumaron convenios directos con el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.
Un dato elocuente que intentaban esquivar señala que el 30 por ciento de las escuchas pedidas por jueces/as en 2017 y 2018 no especificaba el delito que las motivaba. O sea, tenían todas las posibilidades de ser excursiones de pesca capaces de unir en complicidad a jueces y agencias. Recién en junio del año pasado, cuando ya habían pasado dos años y medio de las primeras filtraciones, la Corte firmó y difundió una acordada donde ponía algunos límites y criterios para las intervenciones telefónicas.
Para ese entonces se había sumado otra controversia por la difusión de diálogos privados de ex funcionarios del kirchnerismo o aliados detenidos en el penal de Ezeiza. Un juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, había ordenado escuchas de teléfonos públicos de la unidad en un caso de Narcotráfico. Los diálogos aparecieron en manos de Elisa Carrió en febrero de 2019, justo cuando salía a la luz el “D’Alessiogate”, que revelaba una trama de espionaje que unía al falso abogado Marcelo D’Alessio con el fiscal Carlos Stornelli, y salpicaba al fallecido Claudio Bonadio, y a personajes de la AFI. Mientras avanzaba esa causa en Dolores, Carrió decía que los diálogos desde la cárcel revelaban un complot para atacar la causa de los cuadernos. El disparate quedó bautizado como Operativo Puf, y también se judicializó en manos de Bonadio.
El pronunciamiento de la Corte llegó después de dos notas de la DAJuDeCO (una del 14 de febrero del año pasado y otra del 4 de junio), que se defendía, trasladaba sospechas a la AFI, sugería obviar su participación en las causas y evaluar con rigor la de otras fuerzas, mientras alentaba la creación de una policía judicial. El otro disparador fue la visita al país, en mayo último, del relator de Naciones Unidas sobre derecho a la privacidad, que emitió algunos elogios pero varias críticas por el gran volumen de escuchas telefónicas que se hacen (en 2018 se habían intervenido 41.000 líneas) y por la vulnerabilidad del sistema, que tildó de obsoleto. La acordada suprema, del 19 de junio de 2019, advirtió finalmente que las filtraciones son “violatorias del orden constitucional” y planteó la restricción de la participación de la AFI en la investigación criminal, además de refrescar el principio de confidencialidad y la responsabilidad penal que debería existir para quien lo burla. Nada muy nuevo.
¿Cambio de época?
Caamaño, la interventora de la AFI, requirió que los juzgados dejen de pedir colaboración a ese órgano de inteligencia, lo que reforzó la línea suprema. En la DAJuDeCO tienen registro de un solo caso que tramita en el fuero penal económico donde la AFI sigue colaborando. También se jactan de haber comenzado a disminuir el número de escuchas desde que en noviembre impusieron algunas restricciones en su resolución 38 (ver detalles aparte): ningún juez puede ordenar más de 10 intervenciones por causa (el promedio era de 20) y las escuchas no pueden durar más de 30 días (antes el plazo era de 60, o más).
El Gobierno analiza la posibilidad de que la oficina de escuchas vuelva a la Procuración General después de que se designe un nuevo procurador, aunque todavía no hay nada escrito. El candidato postulado, Daniel Rafecas, cuyo pliego se analizaría en marzo, había dicho a Página/12 que la lógica es que así sea cuando se implemente el nuevo Código Procesal Penal que prevé un sistema acusatorio, con protagonismo del Ministerio Público fiscal en las investigaciones, causas más ágiles y audiencias orales, entre otras cosas. Ese sistema fue aprobado en 2015 pero Macri, además de darle las escuchas a la Corte, suspendió su aplicación. Cuando se estaba yendo del poder, el ex presidente y sus aliados vieron conveniente empezar a reglamentar parte de ese Código y empezar por limitar –por ejemplo— las preventivas, después de haberlas alentado entre otros abusos que podían volver como un búmeran.
En la DAJuDeCO prevén los posibles cambios pero intentan sobreponerse a los escándalos y ofrecer mejoras. Además de las restricciones diseñaron y propusieron un sistema de distribución digital de los audios (DIDI) para que vayan directo desde las máquinas que graban hacia el juzgado que requiere las escuchas, y mejorar así su custodia, incluso con una “marca de agua”. Hasta ahora señalan que no se ha podido implementar por falta de presupuesto. Todo parece orientado a aggiornarse, aunque algunos indicios hacen suponer que no será tan fácil: la plataforma digital proyectada se llamará Plataforma Integral, pero ya la nombran como “PI”, algo así como “PY” levemente modificado.
Un límite al descontrol
Por I.H
La oficina de escuchas, hoy llamada Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), emitió una resolución el 25 de noviembre último que hasta ahora no se conocía y que pone límites a las pinchaduras y revela algunos datos internos. Por ejemplo, detectaron casos alarmantes donde en una misma causa se llegaron a ordenar más de 70 intervenciones telefónicas. El promedio de intervenciones que señala es de 6000 “líneas diarias en forma concurrente” y por mes alrededor de 10.000. Sólo el 1 % son escuchas directas (las que se hacen, por ejemplo, en secuestros donde hay peligro de vida). Entre 2016 y 2018 se había producido un aumento del 34 % de escuchas.
La nueva disposición prohíbe escuchar más de diez líneas en una misma causa. En Comodoro Py, por caso, el promedio era de 20 por expediente. En esos y otros tribunales algunos juzgados intentaron resistirse a las nuevas restricciones.
Los jueces/as deben especificar el delito investigado. De lo contrario, las escuchas podrían tratarse de excursiones de pesca. El 30 por ciento de las intervenciones eran en 2018 de ese tenor. El mes pasado, se jactan en el organismo, ese promedio bajó a 2,7%.
Tampoco se puede mantener una línea intervenida por más de 30 días. Para pedir prórroga el juzgado debe especificar los motivos.
Según los últimos números de la DAJuDeCO las disposiciones ya surtieron algún efecto y en enero del 2020 hubo un 34 % menos de intervenciones respecto de noviembre. Respecto de febrero del año pasado la reducción sería del 35 %.
Para mejorar la cadena de custodia la DAJuDeCO presentó propuestas para generar “marca de agua” en las grabaciones y un sistema de distribución digital de los audios, de manera que sean entregados sin ninguna intervención de personas y eso minimice las chances de filtraciones, aunque siempre quedará algún margen. Sería un mecanismo de envío directo a los jueces o funcionarios autorizados. El nombre que le pusieron a la plataforma, que aún no se implementó en teoría por falta de presupuesto, es PI (Plataforma Integral), que suena igual a (Comodoro) Py.
