La Cámara Federal porteña revocó los procesamientos del ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, y de la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, en la causa que investiga supuestos beneficios a la firma Shell en perjuicio del Estado, en una compra de gas a Chile durante el gobierno de Cambiemos. Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, al dictar la falta de mérito de ambos ex funcionarios, consideraron que “se mantiene una situación de duda sobre el cariz (delictivo o no) de la conducta de Aranguren” y le encomendaron al juez federal Luis Rodríguez “investigar seriamente si concurrió de su parte un interés ilícito”.

La causa se inició en 2016 por una denuncia de los diputados Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, en la que acusaron a Aranguren -que dejó el Ministerio en junio de 2018- de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas, a raíz de su “doble rol como funcionario público y accionista de Shell”. Apuntaron a dos resoluciones ministeriales por las cuales se autorizó el aumento de tarifas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a la empresa Shell, de la que Aranguren había sido directivo y accionista. 

También denunciaron que por esa decisión se autorizó la “compra de gas a Chile en forma directa, y pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia”. Lo que habría puesto “en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG, la mayor proveedora de gas al vecino país trasandino”.

El juez Rodríguez dictó los procesamientos en diciembre pasado: a Aranguren por negociaciones incompatibles con la función pública y a Alonso por encubrimiento. “Se ha demostrado, con el grado de certeza aquí exigido, que Juan José Aranguren en su calidad de ministro de Energía y Minería se interesó en que la empresa Shell incrementara sus operaciones de importación de petróleo crudo y derivados, demorando los controles que le correspondían en razón a su cargo y determinando tardíamente la implementación de un registro que permitiera controlar esta situación”, escribió.

La Sala II de la Cámara, al revocar esa decisión, enumeró lo que considera puntos débiles del procesamiento. “Era (y es) necesario dilucidar si los pedidos de adquisición de cargamentos se compadecían con la necesidad estructural de abastecimiento de energía del país, si las contrataciones se produjeron siguiendo las regulaciones aplicables y las recomendaciones efectuadas por YPF --o, en su caso, si CAMMESA se apartó de ellas--, si participaron todos los actores pertinentes y dentro de un procedimiento de selección previa, competitiva y abierto”, escribieron Irurzun y Bruglia. 

Destacaron también que “resta determinar con claridad cuáles otras empresas del rubro aumentaron sus importaciones, por qué motivos, en qué porcentaje --con relación a su abastecimiento en el mercado local-- y por qué montos, para confrontar ello con la situación de Shell y obtener --o no-- signos o particularidades propias de un eventual trato desigual”.

A pesar de esos cuestionamientos, los camaristas no sobreseyeron a los ex funcionarios sino que les dictaron la falta de mérito, que implica que continúan imputados, y ordenaron profundizar la investigación. “Ciertamente hay interrogantes que resulta imprescindible realizarse. Pero el expediente muestra que los encargados de investigar aún no se los han formulado. Menos todavía, los han contestado”, destacaron.