Lejos de llevar alivio a los acreedores locales, la nueva oferta de Vicentin de pagar el 50% generó malestar entre los operadores que tal vez ahora hayan terminado de convencerse de que el "stress financiero" de la empresa no es otra cosa que el producto de una maniobra rayana en la ilegalidad, en un marco de impunidad –cuando no complicidad– de quienes asistieron a la degradación de la Bolsa de Comercio (foto) durante los años del Padoanato. Era "la política" entonces, cuando el presidente de la Bolsa vociferaba "¡Ganamos en primera vuelta!" y solo le faltó ornamentar el recoleto comedor El Mercurio con globos amarillos. Ese tiempo terminó, y el tendal que dejó el macrismo en todos los frentes cobra especial relevancia en un ámbito en el que "el fuego amigo" se llevará puesto a más de un operador, corredor, comisionistas y obreros y laburantes. Hasta el momento, la acción del nuevo directorio del Banco de la Nación Argentina –su denuncia de un crédito otorgado al grupo, fuera de toda legalidad y lógica– es lo que ha motorizado el proceso que ya está instalado en el plano judicial, y será allí donde se libren la futura batallas. La primera de todas, y que tal vez la que pueda definir las sucesivas, es donde se va a tramitar el concurso. 

Hasta ahora la elección de Vicentin no solo tiene lógica sino andamiaje. El juez aceptó la competencia y seguirá entiendiendo en la causa, salvo que sea declarado incompetente y se aboque la Corte Suprema de Justicia, y que finalmente dirima cual será la sede del concurso. Ya hay antecedentes sobre el asunto (ver nota principal) y también más de un ministro del máximo tribunal provincial estudiando ese fallo que, por las características de la Corte nacional, no es muy detallado, contrariamente a lo que ocurre en Santa Fe donde cada determinacion del máximo órgano de justicia suele ser hasta redundante en oportunidades, pero ciertamente descriptivo y preciso.

Hasta ahora, la Caja Forense –que va legítimamente tras el rédito económico del jucio en su jurisdicción, pero sin competencia alguna como parte– y el estudio que representa a quienes fueron los primeros que pidieron la quiebra –en una presentación improcedente– para que con "per saltum" intervenga la Corte, fueron los únicos que propiciaron la mudanza del expediente. En ese contexto va a ser muy difícil sacarle la "localía" a Vicentin, "patrón y soto" del norte provincial, como que el tributo del DREI (Derecho de registro e inspección) es el principal ingreso de los municipios de Reconquista y Avellaneda, que podrían tener severas difcultades para pagar los sueldos a los empleados y sostener el funcionamiento de sus administraciones, si pierden a su principal contribuyente.

La pregunta que nadie responde –ni los que lloriquean por los pasillos o quienes los putean en voz baja– es por qué la Bolsa de Comercio no se constituye en actor en la causa. O hasta cuándo los funcionarios provinciales seguirán con declaraciones formales y correctas "pidiendo" la defensa de las fuentes de trabajo y no mucho más que eso.

La lógica indica que deber ser en Rosario, y con un staff judicial ad-hoc, donde se sustancie el concurso. Y si bien no hay que buscar atajos que se contrapongan al debido proceso, es una decisión política que no puede postergarse, que más temprano que tarde tiene que tomarse.

Hay en juego miles de millones de pesos, el trabajo de centenares de personas, y también la impostergable necesidad de cambiar el paradigma. Sin llegar a aquello de "el que las hace, las paga", una módica aspiración de quienes asistieron a la genuflexión de las instituciones hasta el presente, sería ver que las cosas no pueden seguir como si nada hubiera pasado.