Revisionismo histórico en la Legislatura provincial

Mecenas de los perseguidores

El PJ propuso una comisión investigadora de las complicidades empresarias con el terrorismo de estado. Vicentín y Acindar en la mira.
Matilde Bruera retomó una iniciativa similar que naufragó en el Senado en 2016. Matilde Bruera retomó una iniciativa similar que naufragó en el Senado en 2016. Matilde Bruera retomó una iniciativa similar que naufragó en el Senado en 2016. Matilde Bruera retomó una iniciativa similar que naufragó en el Senado en 2016. Matilde Bruera retomó una iniciativa similar que naufragó en el Senado en 2016. 
Matilde Bruera retomó una iniciativa similar que naufragó en el Senado en 2016.  
Imagen: Andres Macera

(Desde Santa Fe) El peronismo volvió a proponer esta semana en la Legislatura una Comisión Bicameral Investigadora por la Memoria, la Verdad y la Justicia que destape la complicidad empresaria con el terrorismo de estado en la provincia, que aún sigue impune. “Los casos más paradigmáticos fueron Acindar en Villa Constitución y Vicentín en la zona de Avellaneda y Reconquista”, dijo la diputada del Frente de Todos Matilde Bruera, reconocida defensora de los derechos humanos y autora del proyecto de ley al que sumaron sus firmas sus compañeras de bloque, Lucila De Ponti y Paola Bravo. La iniciativa es similar a la que impulsó el ex diputado del PJ José María Tessa, tuvo media sanción en 2014 y caducó en el Senado en 2016. Y su objetivo, el mismo: “Determinar la responsabilidad de actores económicos, empresarios o empresas, que promovieron, ejecutaron, facilitaron, contribuyeron, se beneficiaron o participaron de alguna forma en los delitos de lesa humanidad en Santa Fe”.

“La vieja denominación de ‘dictadura militar’ –planteó Bruera- ya ha sido reemplazada por ‘dictadura cívico, militar, empresarial y eclesiástica’, a medida que salieron a la luz las “complicidades civiles” y las “prácticas empresarias de represión a los trabajadores en distintas regiones del país, entre ellas la provincia de Santa Fe”. “La responsabilidad del sector empresario en los delitos de lesa humanidad aún no ha sido suficientemente investigada, ni sancionada”, explicó la legisladora. Por lo tanto, “es importante avanzar en ese sentido”, en la búsqueda y la “construcción de memoria verdad y justicia” en la Argentina.

La Comisión Bicameral debería “realizar un informe” -y publicarlo- “sobre los casos más paradigmáticos de complicidad empresaria” con la dictadura –dijo Bruera- y ofreció dos ejemplos: “Acindar en Villa Constitución y Vicentín, en Avellaneda y Reconquista”.

La ley que propuso el peronismo en 2014 y la que propone ahora revela una continuidad histórica y política:

*El proyecto de Tessa sumó otras ocho firmas. Seis de diputados del Partido Justicialista: Gerardo Rico, Eduardo Toniolli y Mariana Robustelli (tres referentes del Movimiento Evita), Patricia Gazcué, Luis Rubeo y Ricardo Olivera, que hoy es el presidente del PJ. Más, Oscar Urruty, del Partido del Progreso Social y su colega del Frente Progresista, Alicia Gutiérrez. El dictamen salió de la comisión de Asuntos Constitucionales con el aval de su presidente, Leandro Busatto; del autor de la ley, Tessa y de sus colegas Federico Reutemann, Germán Kahlow, Mario Lacava. La sexta firma era de la socialista Inés Bertero, quien completó la mayoría y facilitó el tratamiento y la aprobación en el recinto por 25 votos a favor y uno en contra.

*El proyecto de Bruera tiene el respaldo de las diputadas De Ponti (Movimiento Evita) y Bravo (La Cámpora). Las tres son del bloque del PJ que hoy preside Busatto y también integran Rubeo y Olivera, tres de los que impulsaron y votaron la ley en 2014. Otro de esos votos lo aportó el ex diputado y hoy senador nacional Roberto Mirabella.

La investigadora “estará compuesta por un presidente designado por el Poder Ejecutivo provincial quién deberá reunir acreditada solvencia y experiencia en el campo de los derechos humanos, tres diputados y tres senadores”, elegidos por las Cámaras. Su objetivo será identificar “los empresarios y/o empresas nacionales, locales y/o extranjeras, que tuvieron intervención y/o responsabilidad en la represión del terrorismo de estado en la provincia” y “prácticas represivas vinculadas a delitos de lesa humanidad”. Esa complicidad incluye “el apoyo político, económico, técnico, logístico o de otra naturaleza” y en caso de descubrir “la posible comisión o participación en los delitos de lesa humanidad, la Comisión deberá formular las denuncias correspondientes y acompañar las evidencias, ante el Ministerio Público Fiscal a fin de que inste la correspondiente investigación y determinación de la responsabilidad penal de los involucrados”.

“Los cómplices económicos son los autores; coautores, instigadores, partícipes, conspiradores, ejecutores, y beneficiarios”, dijo Bruera. Y señaló que “Acindar y Vicentin constituyen ejemplos destacados de la estrecha colaboración que existió entre un conjunto de grandes empresas y las fuerzas militares en la represión de los trabajadores durante la última dictadura”.

“En Acindar, en Villa Constitución, no sólo hubo un accionar conjunto con las fuerzas de seguridad, sino que además se usaron las propias instalaciones de la fábrica como centro clandestino de detención”. Y “en Vicentín, los trabajadores fueron víctimas de innumerables vejaciones y torturas. En un inicio, recluidos en centros clandestinos de detención y posteriormente ‘blanqueados’ en cárceles comunes, donde permanecieron años”.

“En todos los casos puede apreciarse”, cómo “los cuadros directivos” de las empresas se involucraron “en el secuestro y desaparición de delegados y activistas sindicales”. Por lo tanto, “nos encontramos ante una organización represiva facilitada y ejecutada por los empleadores junto con las fuerzas militares y policiales”. Y “en razón de este accionar las empresas obtuvieron un beneficio económico directo que repercutió en un gran crecimiento durante y luego de la dictadura”, con una “complicidad” que quedó “impune”, concluyó Bruera.

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