“Hace dos años que vivo con lágrimas en los ojos”, dice Mercedes con la voz quebrada, como cada vez que habla de su nieto Facundo, el niño tucumano que en 2018 fue fusilado de un tiro en la nuca por un policía que sigue en funciones y por otro que está detenido pero por haber robado una cartera. El crimen fue un ícono de la Doctrina Chocobar y le valió al gobierno de Mauricio Macri un llamado de atención de la ONU , al cual hizo oídos sordos. Desde hace un año, la familia espera que la causa se eleve a juicio oral y aguarda una resolución de la Cámara provincial.
Para la familia, el segundo aniversario del asesinado del niño de 12 años será con una visita al cementerio y tal vez una misa en La Bombilla, el barrio donde él vivía y en el que los vecinos le levantaron un modesto santuario en la calle, al que le llaman “la gruta”. Al día siguiente, el lunes, habrá una marcha frente a los tribunales tucumanos para exigir que el Poder Judicial resuelva la elevación a juicio oral contra los dos únicos procesados.
El 8 de marzo de 2018 Facundo iba como acompañante en la moto de su amigo Juan, de 14 años. Volvían de unas picadas en el Parque 9 de Julio hasta que la Motorizada 911 comenzó a perseguirlos a los tiros. Facundo cayó en Avellaneda y Río de Janeiro con un balazo de 9 milímetros en la nuca y múltiples heridas de postas de goma en la espalda y los brazos. Lo llevaron al Hospital Padilla casi muerto.
Esa versión fue la que determinaron los peritajes. La que esgrimieron los policías fue que la persecución comenzó porque los niños “circulaban en forma sospechosa” por la calle y que dispararon para “repeler” el tiroteo que habrían iniciado los chicos. Este relato fue difundido entonces por el Ministerio de Seguridad de Tucumán y defendida por la ex ministra Patricia Bullrich, bajo el argumento de que disparar por la espalda es apenas “un detalle que no se puede analizar"
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Meses después, la autopsia y demás peritajes determinaron que Facundo no tenía rastros de pólvora en la mano y que el arma que se encontró en el lugar había sido “plantada”. Ningún funcionario se retractó de la defensa a los policías.
La bala que dio en la nuca del niño salió del arma de Mauro Díaz Cáceres, un agente que sigue en funciones cumpliendo tareas administrativas. El otro que disparó fue Nicolás Montes de Oca, quien según los análisis de sangre actuó esa noche bajo el consumo de cocaína y marihuana. Es el único que está con prisión preventiva y fue pasado a disponiblidad, pero porque seis meses después del crimen de Facundo fue atrapado robándole la cartera a una mujer . No por el asesinato.
Del crimen de Facundo pasaron dos años. Para Mercedes del Valle Ferreira, la abuela,
este este tiempo “fue una eternidad de tristezas”. “Lo extraño cada día, era una criatura que no le hacía daño a nadie”, dijo durante una charla con Página/12.
La vida de los Ferreira cambió desde entonces y los operativos policiales en el barrio se hicieron frecuentes, pero por otras causas como robos y secuestro de droga prohibida. Hace un año, en uno de esos procedimientos, un agente mató de un balazo al perrito de Facundo. Mercedes aseguró que las amenazas y amedrentamientos contra la familia por parte de la policía “se calmaron”. No obstante, dijo, “a veces pasan y nos dicen algo, pero no les llevamos el apunte. No somos atrevidos y preferimos quedarnos callados”.
La política de seguridad en Tucumán es la misma y el crimen de Facundo trajo consigo una mayor movilización de las organizaciones sociales contra el gatillo fácil y la Doctrina Chocobar. “Ojalá que las nuevas políticas de Seguridad impulsadas por el gobierno nacional pongan, en alguna medida, algún freno a los abusos policiales que siguen ocurriendo día a día en las provincias”, añadió Emilio Guagnini, de Abogados del Noroeste por los Derechos Humanos (Andhes), que patrocina a los Ferreira.
El año pasado terminó la etapa de instrucción a cargo del juez Facundo Maggio y la fiscal Adriana Giannoni –también conocida por haber judicializado en 2019 a un equipo médico que le practicó el aborto legal a una niña de 14 años- pidió la elevación a juicio oral. La que debe resolver el planteo es la Cámara Penal de esa provincia.
Los policías están procesados por los delitos de homicidio agravado por alevosía, uso de arma de fuego y ser funcionarios públicos. Les cabría una pena máxima de prisión perpetua. "Esperamos que lo antes posible se produzca el debate para encontrar algo de justicia para facundo. Su familia lo necesita
", puntualizó Guagnini a Página/12.
La etapa de instrucción terminó con “sobrados elementos” para que los acusados se sienten en el banquillo frente a un tribunal, aseguró el representante legal de la familia Ferreira a la vez que sostuvo que si bien el Poder Judicial “trabajó bien” con la causa, la elevación a juicio oral “debiera ser más rápida”.
