Entrevista a Mariela Labozetta: "Es prioritario reconocer que entre 30 y 40 % de los casos de los sistemas de Justicia provincial y nacional son de violencia sexual o violencia doméstica"

Con lentes de género

El femicidio de Fátima Florencia Acevedo dejó resonando una cantidad de preguntas sobre el papel de la Justicia frente a los pedidos desesperados de auxilio. La titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres (Ufem), sostiene que buena parte de esa convalidación de la violencia machista es consecuencia de la falta de perspectiva de género en el sistema judicial argentino.
Imagen: Jose Nico

-Que alguien explique por qué ese tipo estaba en la calle caminando.

La demanda sin respuesta sale de la boca de las amigas de Fátima Florencia Acevedo, capaces de contabilizar una a una las seis denuncias contra el femicida Nicolás Martínez, varón inoculador del miedo en todas sus versiones. El cuerpo de Fátima, hallado en un pozo de Paraná en los primeros días de marzo, no sólo cristaliza el daño en escalada. Apunta a un sistema judicial que subestima las violencias hacia mujeres, lesbianas, trans y travestis. Una corporación anónima del derecho heteropatriarcal que las considera delitos de poca monta, trapos sucios de familia. Jorge García, el Procurador general de Entre Ríos, a quien los movimientos de mujeres siguen exigiéndole la renuncia, llegó a decir que algunas víctimas están predispuestas a que les ocurran tales desenlaces.

“Es prioritario el reconocimiento de que entre el 30 y el 40 por ciento de los casos de todos los sistemas de Justicia provincial y nacional son de violencia sexual o de violencia doméstica, es decir una parte de la violencia de género”, señaló Mariela Labozetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (Ufem) del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF), área que desde su creación, en 2015, priorizó los femicidios como expresión más grave de la violencia de género. “Aún sin llevar puestos anteojos de género, debería haber un reconocimiento de estos porcentajes y de la necesidad de asignar recursos adecuados. No puede haber una unidad para investigar delitos de violencia doméstica y ocho para investigar homicidios, porque iría en contra de cualquier criterio mínimo de eficiencia del sistema judicial. Tenemos un universo de casos que es enorme, entonces hay que actuar en consecuencia.”

La fiscal acaba de presentar el "Relevamiento del estado de las investigaciones por muertes violentas de mujeres y otras identidades femeninas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2015-2018)" elaborado por la Ufem, y que por primera vez publica la medición de los alcances y respuestas del sistema de administración de justicia sobre los casos de muertes violentas -dolosas- de mujeres y femicidios en el ámbito de la Ciudad.

El estudio detalla que entre 2015 y 2018 hubo 96 víctimas mujeres y de otras identidades femeninas víctimas de homicidios dolosos, la mayoría perpetrados por varones, y la Ufem identificó 56 como femicidios, lo que significa 6 de cada 10 muertes violentas. “Casi el 60 por ciento de esos casos no están caratulados como femicidios y tienen el componente de género para ser considerados en esa figura”, advirtió Labozetta. Del total, 34 tienen sentencias, de las cuales 16 son condenas por femicidio, 3 elevadas a juicio, 6 a investigación y 10 archivadas. “Estas últimas son las que más nos preocupa, porque son las que no se investigan. Hay datos que venimos detectando en los casos de femicidios, donde muchos imputados matan a sus víctimas y se suicidan y esa causa queda sin investigar.”

Según el informe, además, de 40 causas con personas condenadas por homicidios dolosos de mujeres, 31 habían sido categorizados por la Ufem como femicidios y en 16 casos se aplicó el agravante específico de género, en algunos combinado con el de vínculo. Los 15 casos restantes, si bien el organismo también los categorizó como femicidios, no fueron calificados jurídicamente de esa manera, sino que se aplicó el agravante por el vínculo o los calificaron como homicidio simple. “En 1 de cada 2 femicidios se aplicó esta figura. O sea que sólo el 50 por ciento de las sentencias condenatorias fueron calificadas como femicidios. Esto quiere decir, entre otras cosas, que no se ven los componentes de género en los crímenes. Y si bien el sistema de Justicia evolucionó a partir de toda la demanda social, se trata de empezar a mirar qué pasa con los casos, cómo se investigan, por qué fallan, por qué se archivan”, explicó Labozetta. “El agravante -artículo 80 inciso 1° del Código Penal- no tiene ningún criterio de género. Frente a un femicidio tratamos de que siempre se mire con el inciso 11 del Código, que es su calificación legal. Porque si bien la pena es la misma en ambas figuras, es central visibilizar la cuestión de género. No alcanza con que se califique como homicidio vincular o que sea cadena perpetua. Necesitamos que se diga que detrás de este crimen hay razones de género y que las mujeres somos asesinadas porque somos mujeres, no porque hay una relación íntima.”

¿Cómo funciona hoy el sistema de justicia penal?

-Hay que mirar la parte ya hecha, porque sirve para ver que todo lo que trabajamos en reconfigurar la respuesta del sistema de Justicia no es inocuo, produce resultados. Hoy tenemos la norma de femicidio en el Código Penal y unidades especializadas en casi todas las provincias por la demanda social y de los movimientos feministas. A esto se suman el aumento de las denuncias a partir de Ni Una Menos o de casos como el de Thelma Fardin. Se rompió el silencio. La Ley Micaela es otro punto de quiebre. Le falta generar consecuencias inmediatas porque es un proceso de formación, pero tiene que incidir necesariamente en todo el sistema de Justicia porque es una capacitación obligatoria.

-Si bien el penal es un sistema anclado en la persecución, pensarlo desde las políticas de género podría incorporarle una mirada preventiva. Hay un arco muy amplio de intervenciones entre la primera denuncia y el femicidio.

-Sí, sobre todo en un sistema de Justicia penal que también emite mensajes. Una sentencia como la de Lucía Pérez es un mensaje de impunidad que se da también a los varones y a los violentos. Una convalidación por parte del sistema de Justicia de la violencia, de la violencia machista, de la violencia femicida, de creencias culturales arraigadas, es también una convalidación estatal a la impunidad. Por el contrario, aquellas sentencias en las que se condena y además se condena públicamente, son mensajes que van desarmando la lógica de validación y legitimidad de la violencia. Me parece que la prevención tiene un papel clave. Es parte de la reconfiguración social y cultural sobre el tema.

Aquí se abre el capítulo del punitivismo.

-Es una discusión que tenemos que dar, sobre todo dentro del sistema de Justicia, las abogadas y las juristas feministas. ¿Qué parte de toda la violencia va a entrar a la Justicia penal? Ocurren cantidad de cosas que a partir del cambio de mentalidad o de miradas sobre determinadas situaciones empiezan a transformarse en violencias para nuestros ojos, pero cualquier conflicto no es delito. Pretender que el sistema penal absorba todo eso es contraproducente. Pero es necesario hacerlo más eficiente. Los delitos de amenazas, violaciones, lesiones, abuso sexual infantil, abuso sexual agravado y los femicidios no deben tener impunidad. Queremos una Justicia penal eficiente y con perspectiva de género, que no estigmatice a las víctimas, que no diga que es una mentirosa ni la mande a hacer un test psiquiátrico para ver si fabula, que no responda ´se la buscó´. Ese tipo de planteos que cambian la lógica, y la responsable de ser víctima es la propia mujer.

Las organizaciones feministas siempre denunciaron que no priorizar estos delitos o no investigarlos debidamente son consecuencia de un sistema de Justicia patriarcal.

-Tampoco vamos a decir que es todo el sistema, pero la no priorización es la falta de perspectiva de género, que hace que se investiguen mal los hechos porque se desconoce el fenómeno criminal, y por ejemplo se pretende investigar un delito sexual como se investigaría una estafa. Hay que acompañar a la persona que sufrió el hecho de una manera diferente, tiene sus tiempos, deseos contradictorios, y la forma de cometer el hecho no es la misma que ocurre en otros delitos. Son ámbitos privados y hay que desarrollar estrategias para investigar. Pero esa falta de formación o de empatía con estos casos hacen que a veces se minimicen. Ahora mejoró un poco la situación porque los jueces se sienten más expuestos, y desde el fallo Góngora de la Corte Suprema -que se pronunció contra la aplicación de la probation en estas causas-, la violencia de género es considerada un fenómeno complejo, de la agenda pública, trascendente y de alto impacto, que ocurre en todo el país.

¿Pero qué pasa con las víctimas que denuncian y no obtienen respuesta, como sucedió con Fátima Acevedo?

-Nada es tan lineal. No quiere decir que en un caso donde hay una buena respuesta no las van a matar, ni tampoco en todos los casos hubo un antecedente de violencia o denuncias. Por eso es fundamental tener números y pensar respuestas en función de estadísticas ciertas. Es verdad que las medidas de protección judiciales no siempre son eficaces, porque son medidas que se evalúan si hay algún riesgo. Entonces hay que trabajar en la prevención y en la desarticulación de la violencia. Es a largo plazo.

¿Desde la Ufem están trabajando con otras áreas del Estado?

-Con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación abrimos varias líneas de trabajo sobre Justicia y sistema penal. Estamos conversando temas de investigación y de protocolo de femicidios, y viendo acciones posibles para hacer en conjunto. Argentina es un país federal y eso hace que cada provincia tenga su propio sistema de Justicia, de policía y de seguridad. Que se empiece a articular a nivel nacional desde un ministerio es importante. Están elaborando un plan de acción que pone la mirada en la Justicia pero también en todo el ámbito más preventivo y reconfigurativo de la sociedad. Con los ministerios de Seguridad y de Justicia empezamos a reunirnos para pensar algunas cuestiones más puntuales que tienen que ver con la prevención, con la acción judicial y con la investigación de casos. Todo este año vamos a trabajar en un protocolo de delitos sexuales. Ahí hay mucho para articular con la policía, con el sistema de salud y los hospitales. Vamos a preparar algunos planteos de no prescripción porque muchas veces son denuncias tardías. Hay que encontrar una manera de investigar para que esos delitos no prescriban y no queden impunes. Recién ahora hay alguna permeabilidad social para recibir las denuncias y se empiezan a desnaturalizar los abusos sexuales.

Las casas siguen siendo los principales sitios donde se reproducen las violencias contra las mujeres.

-Centralmente sí, pero también ocurren en otros lugares que no estamos viendo, porque nos parece que si no hay denuncias previas no hay femicidios. Esto debemos empezar a corregirlo. Hay mujeres que son asesinadas en el contexto del narcotráfico por un tipo que no la conocía. O que las violaron como venganza porque eran las novias de líderes de otras bandas. O las mataron porque la jerarquización de un líder es a partir de las muertas del otro. Si hay una mujer involucrada, debemos observar esos sucesos con mirada de género y detectar si no existe una manifestación específica de violencia que no estamos viendo. Desde el año pasado trabajamos en este tema con el Ministerio Público Fiscal de Santa Fe. Propusimos estudiar todos los homicidios dolosos que tienen para ver si encontramos algún patrón que no estamos viendo, y lo enfocamos en particular para analizar los femicidios en contexto de crimen organizado. Está pasando algo que no ocurre en el resto del país, con una tasa de homicidios similar a la de Centroamérica. Seguimos diciendo que los lugares de mayor riesgo para las mujeres son nuestros hogares, pero es un error sobre el que hay que trabajar creer que sólo es femicidio cuando el marido mata a la mujer.

El protocolo para la investigación de femicidios ayudó a torcer los diagnósticos deficitarios de las investigaciones.

-Había un alto índice de impunidad de los casos y una falta de calificación de los crímenes como crímenes de género. El protocolo cambió ese escenario y logró que los femicidios se prioricen, que las víctimas sean importantes. Se empieza a ver toda esta falta de priorización cuando se trata de muertes violentas de mujeres, si además son pobres, viejas, indígenas, negras, rurales, solas. Y cuando estas vulnerabilidades se interseccionan, menos jerarquización hay. Dicho en criollo, decidimos levantarle el precio a estos hechos y darles herramientas a lxs fiscales para que visibilizaran los componentes de género e hicieran más eficientes las investigaciones.

¿Cómo avanza la implementación del protocolo en los MPF de las provincias?

-Hasta ahora lo incorporaron la provincia de Buenos Aires, que es la que tiene más casos, Salta, Corrientes y Chubut, y vienen en camino algunas más. Mendoza y La Pampa tienen su propio protocolo y Santa Fe está a punto de sacar uno basado en el nuestro. Es necesario que todos los MPF cuenten con su protocolo. Claro que después tenés jueces, juezas, fiscales generales, tribunal superior de Justicia, la estructura del sistema judicial y la propia lógica de cada provincia. Hay muchas súper feudales, tradicionalistas, donde los cambios entran lentamente. Pero es importante no perder de vista lo que transformamos para poder seguir.

Esas transformaciones son también cambios de paradigma del derecho.

-Hace unos días la Cámara Nacional de Casación Penal apartó a dos jueces por falta de perspectiva de género y por violar la ley de identidad de género -se refiere al juicio de Luz Aimé Díaz, una joven trans privada de su libertad sin pruebas-. Algo inédito, y una señal de que no podés decir cualquier cosa. Es importante remarcar que para jueces y juezas no es electivo tener perspectiva de género, porque hay normas nacionales, internacionales y obligaciones del Estado que deben cumplir.

-La creación de una estadística nacional y unificada con indicadores que puedan señalar crímenes de género es una deuda pendiente.

-El año pasado firmamos un convenio con la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Seguridad para comenzar a unificar los datos de todo el país con los mismos indicadores. Se nos delegó la tarea de armar un instrumento único de medición con el Consejo de Procuradores en un observatorio de género que se creó para esta tarea, donde participamos junto con los MPF de Nación, Santa Fe y provincia de Buenos Aires. La idea es que sea aceptado por todas las provincias.

¿Qué lugar deberían ocupar las políticas de género en el sistema judicial?

-Tiene que ser un movimiento transformador y reconfigurador del sistema. Tal como lo conocemos y está organizado el sistema de Justicia, no sólo por la integración de los tribunales y por la falta de mujeres e identidades femeninas en los espacios de decisión, permanece anclado en una lógica de poder, vertical, de puertas cerradas, de procedimientos escritos y secretos donde las víctimas no tienen ninguna injerencia, ningún papel ni rol activo. Hay una desvinculación absoluta entre el conflicto que se produce a partir de la comisión del delito y las decisiones. Es como una expropiación del conflicto a las víctimas. Son lógicas patriarcales. Incluso el derecho de fondo, la organización del sistema de Justicia, las normas que lo configuran, son heteronormativas, y eso hay que romperlo. Las políticas de género tienen que poder dar vuelta y poner en jaque la lógica de desempeño, de Justicia y de contenido del derecho. Y necesariamente quienes trabajamos en políticas de género en el sistema de Justicia debemos tener una respuesta disruptiva. Cada una de las cosas que se nos presentan como soluciones usuales tenemos que ponerlas en crisis y cuestionarlas. Incorporemos las voces de las víctimas y las transformaciones sociales. De los poderes del Estado, el sistema de Justicia es el más conservador de todos porque es el más quieto: está detenido en el tiempo.

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