Los ministros sólo rendirían cuentas ante una jueza cercana al PRO

El Gobierno porteño abre un paraguas judicial para las causas por coronavirus

Larreta logró que todos los reclamos por las falencias de los ministerios se concentren en un solo juzgado. La decisión pasa por encima del sistema del sorteo de causas.
Imagen: Sandra Cartasso

La jueza Andrea Danas recibió un amparo colectivo por los niños y niñas que se encuentran hospitalizados y sin una red de contención familiar y, en particular, por el caso de una menor de edad que estaba en el Hospital Durand y a la que se le pedía el alta. Hasta aquí, sería una noticia dentro de otras por la pandemia, si no fuera por lo que ocurrió a continuación: la jueza homologó un acuerdo entre un asesor tutelar  y el procurador porteño Gabriel Astarloa para que se cree una "mesa intersectoral por el coronavirus" dentro del Poder Judicial. En la práctica, lo que implica esa mesa es que todos los reclamos judiciales que se hagan por el desempeño de los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Humano porteño convergerán en el juzgado de Danas, a la que sindican dentro del Poder Judicial porteño como cercana a Horacio Rodríguez Larreta. 

El inusual acuerdo evitaría que el jefe de Gobierno tenga que lidiar con alguna otra jueza o juez menos propenso a compartir su punto de vista. La decisión, que pasa por arriba del sistema de sorteos de causas, ya está generando revuelo y se están preparando presentaciones en contra en el Consejo de la Magistratura.

¿Cómo se construyó esta telaraña para atraer todos los reclamos judiciales que se le puedan hacer al Gobierno porteño? Primero entró en escena el asesor tutelar Daniel Corti -recientemente designado por al actual gestión-, quien con motivo de la pandemia fue elegido a dedo por la asesora general tutelar, Yael Bendel, como el único que iba a estar disponible en el sistema de turnos.

Corti se presentó con un amparo colectivo en el que reclamaba que se genere un dispositivo para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en hospitales públicos en condición de ser dados de alta y no los dejan ir, porque no tienen una contención familiar. Concretamente, reclamó por el caso de una menor de edad en esa situación en el Hospital Durand, sobre la que pidió que dieran de alta si no daba positiva por coronavirus.

El amparo lo recibió la jueza Danas por estar de turno justo en el momento que el asesor tutelar hizo su presentación. Luego fue a sorteo y le volvió a caer al juzgado de Danas. Había un 4 por ciento de probabilidad de que le volviera a tocar esa causa. La suerte, como se verá, acompaña a esta jueza.  Hasta aquí, no hay nada extraño, salvo por lo que ocurrió a continuación. Intervino el procurador general Astaloa -que es el equivalente al abogado del Gobierno porteño- y elaboró un acuerdo escrito junto con el asesor tutelar Corti y junto a la fiscal Laura Perugini.

A través de ese acuerdo se crea una "mesa de trabajo intersectorial" dentro del Poder Judicial que "tendrá la función de abordar todas las problemáticas que se susciten con motivo de la emergencia sanitaria dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en relación a la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud por el coronavirus (COVID-19) relativas a las competencias de los Ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 

Es decir que todo reclamo o amparo que se presente contra esos ministerios, por este acuerdo, debería terminar siendo analizado por esa mesa en la órbita del juzgado de Danas. El argumento que utilizaron fue el de "la urgencia que ha generado la pandemia descripta y la necesidad de contar con un mecanismo eficaz tendiente a resolver de forma coordinada las distintas problemáticas que pudieran presentarse". La jueza Danas homologó ese acuerdo. 

Esto generó revuelo dentro del Poder Judicial porteño, al punto de que ya hay otros magistrados y funcionarios judiciales que están dispuestos a llevar la cuestión al Consejo de la Magistratura porteño. Advierte no solo que se estaría violando el sistema de sorteo de causas judiciales dentro del fuero contencioso administrativo, sino que la movida político-judicial podría tener también consecuencias penales para aquellos involucrados. Todo esto, con la pandemia de fondo.

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