La Superintendencia de la Cámara Nacional en lo Civil ordenó este jueves prorrogar automáticamente por sesenta días las medidas cautelares de protección para víctimas de violencia de género que vencieron en los últimos 40 días o lo hacen dentro de la cuarentena por el coronavirus. Esto incluye medidas como exclusiones del hogar, prohibición de acercamiento y contacto, perímetros de exclusión y otorgamiento de dispositivos como botones antipánico y tobilleras, entre otras. La resolución fue tomada luego de que las 24 juezas y jueces de Familia de la ciudad de Buenos Aires le hicieran el miércoles, a través de una carta, un pedido en ese sentido, en línea con un reclamo similar realizado por la Comisión de Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación, para evitar que las mujeres tuvieran que dirigirse a los tribunales y dado que los juzgados están trabajando con personal reducido por la emergencia originada en la pandemia del covid-19. “Es necesario que las provincias tomen medidas en el mismo sentido”, advirtió Raquel Asensio, titular de la Comisión de Temáticas de Género de la DGN, al ser consultada por Página/12.

En las últimas horas, desde ONU Mujeres y el Comité de Expertas que realizan el seguimiento de la aplicación en los países de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (conocida como Convención de Belén do Pará) se exhortó a los gobiernos a reforzar las acciones para la prevención y atención de la violencia machista, al entender, que el encierro obligado por la cuarentena puede agravar las situaciones de maltrato y agresiones en el ámbito doméstico.

Tal como informó este diario, la Comisión de Temáticas de Género del Ministerio Público de la Defensa reclamó medidas para garantizar la vigencia de las cautelares sin que las mujeres tengan que tramitar su renovación, para evitar aglomeraciones en los juzgados. Un pedido similar hicieron las 24 juezas y jueces de Familia.

Con la resolución de la Cámara, las mujeres no tendrán que renovar las medidas de protección que hayan vencido en los últimos 40 días o lo hagan en estos días de cuarentena. “La idea es que si necesita auxilio, la policía tiene que ayudarla como si el papel que tiene del tribunal vale por 60 días más”, explicó una jueza de Familia a este diario.

La acordada, de cuatro páginas, fue firmada por el presidente de la Superitendencia de la Cámara, Oscar José Ameal, y las vicepresidentas María Mabel Benavente y Marcela Pérez Pardo. La medida alcanza a las causas que tramitan en la justicia nacional, es decir, las del ámbito de la ciudad de Buenos Aires y se fundamenta en que los juzgados “no poseen capacidad operativa para actualizar todas las causas de violencia familiar que tengan medidas sujetas a vencimiento”, debido a que están trabajando cuatro funcionarios y funcionarias por tribunal, luego de que la Corte Suprema dispuso esta semana asueto para el resto del personal administrativo para que cumpla con el aislamiento social. La Cámara tuvo en cuenta que les magistrades alertaron que “la crisis sanitaria y económica puede potenciar factores de riesgo en muchas familias con antecedentes de violencia al forzarse la convivencia”.

“La acordada de la Cámara es muy importante porque permite proteger los derechos de las víctimas de violencias, y liberar los recursos judiciales para que puedan concentrarse en la atención de denuncias nuevas. Y al mismo tiempo descomprimir la presencia de gente en la calle y los tribunales”, señaló Asensio.