La clase política brasileña esperaba ayer con una creciente tensión por la inminente divulgación de una nueva lista de implicados en el escándalo de Petrobras, la cual se afirma que salpicará a varios ministros y decenas de legisladores. 

El procurador general, Rodrigo Janot, dijo que puede presentar esa lista a la Corte Suprema en cualquier momento, aunque no confirmó cuándo lo hará, con lo cual la incertidumbre cundía aún ayer en el Parlamento y casi todos los partidos políticos. El gobierno del presidente Michel Temer se encuentra en medio de una turbulencia a la espera de que en las próximas horas el fiscal general,  envíe una lista de políticos que deben ser investigados a partir de la confesión de los 77 ejecutivos de la empresa Odebrecht que aceptaron delatar hechos de corrupción a cambio de que se les reduzcan las penas que les corresponden. Temer se encuentra mencionado por ejecutivos de Odebrecht por haber pedido ayuda financiera de unos tres millones de dólares para donaciones 

Una vez entregada esa lista, el magistrado Luiz Edson Fachin, instructor del caso en el Supremo, decidirá si autoriza esas nuevas indagaciones y si los nombres de los políticos citados serán publicados. Hasta ahora, esos testimonios permanecen bajo secreto procesal, pero la prensa local ha obtenido informaciones sobre su contenido, que no fueron desmentidas por los tribunales y hablan de que han implicado a cerca de un centenar de políticos. Entre ellos figuran al menos dos de los más cercanos ministros del presidente del país, Michel Temer, a quien el escándalo también pudiera salpicar de alguna manera. 

La situación parece más comprometida para el ministro de la Presidencia, Eliseu Padilha, una suerte de “mano derecha” de Temer, quien habría negociado con Odebrecht una financiación ilegal para campañas del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el propio mandatario. Padilha estuvo de licencia médica durante veinte días debido a una operación de próstata y ayer retomó a sus labores, sin hacer comentarios públicos sobre el asunto. 

Entre otros posibles sospechosos estaría, según la prensa local, el nuevo canciller, Aloysio Nunes, quien asumió el cargo la semana pasada en lugar de José Serra y como él pertenece al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que también estaría en lo que se conoce como “la lista de Janot”, en alusión al procurador. 

Las informaciones publicadas por la prensa sobre los testimonios de los exdirectivos de Odebrecht también pueden afectar a políticos de otras formaciones y en particular del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenecen los exmandatarios Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, esta última destituida en agosto pasado. 

En otro de los diversos flancos judiciales abiertos por la trama de Petrobras, el patriarca de la constructora, Emilio Odebrecht, fue interrogado ayer por el juez Sergio Moro, responsable por el caso en la primera instancia, y aceptó que la empresa financió políticos en forma ilegal. “Siempre existió el aporte de ‘caja 2’ para las campañas políticas, desde mi época y de la época de mi padre; en mi época era más simple”, dijo Emilio Odebrecht, padre del presidente del grupo Odebrecht, Marcelo, este último preso y condenado a 19 años de cárcel.

“Desde la época mía, de la época de mi padre, siempre hubo esto de donación no contabilizada de campaña; claro que ahora no es tan simple como antes, porque teníamos apenas la parte de ingeniería y petroquímica, y ahora la empresa actúa en más de 20 países en muchos rubros”, dice Emilio en la declaración que consta en un video. Al ser preguntado si el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva le hizo algunos pedidos fuera de la legalidad, Emilio Odebrecht respondió negativamente. “Nunca nadie me pidió nada”, afirmó, y subrayó que el departamento de sobornos instaurado por su hijo, Marcelo, no existía en su época, en la que cual, según él, apenas dos personas se encargaban de las donaciones ilegales a los partidos.

Norberto Odebrecht, el abuelo de Marcelo y padre del testigo, fundó la empresa de la familia de origen alemán en el estado Bahía, en el noreste del país. Emilio Odebrecht dejó en 2001 la presidencia de la empresa y pasó la posta a su hijo Marcelo, hoy el principal eje de la operación Lava Jato, en la que se investiga el desvío ilegal de fondos multimillonarios de la petrolera estatal Petrobras a través de varias empresas contratistas, con el objeto de financiar campañas electorales y beneficiar a políticos y ejecutivos.

En ese mismo sentido se pronunció el exministro de Justicia José Eduardo Cardoso, abogado de la expresidenta Rousseff, quien declaró ante Moro que “la contabilidad paralela” y no declarada en campañas electorales “es histórica y cultural en Brasil, pero que no siempre abriga la práctica de la corrupción”. Según Cardoso, obtener “donaciones” y ocultarlas a la justicia electoral “es ilegal” y también “éticamente reprobable”, pero “no se equipara necesariamente con corrupción o lavado de dinero”. 

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que muchas de esas “donaciones” no declaradas para campañas eran producto de acuerdos con políticos, que recibían ese dinero a cambio de amañar contratos con Petrobras para Odebrecht y otras empresas. 

Esa tesis fue aceptada la semana pasada por la Corte Suprema, que bajo ese argumento instauró una causa penal contra el senador Valdir Raupp, acusado de corrupción, lavado de dinero por 500.000 reales (hoy 161.000 dólares) que recibió de la constructora Queiroz Galvao para su campaña electoral en 2010. Raupp, del PMDB, alegaba que el dinero fue declarado en las cuentas que entregó a la justicia electoral, pero los magistrados afirmaron que existen indicios de que era producto de maniobras hechas por el senador para la aprobación parlamentaria de proyectos que favorecían a Queiroz Galvao.