De Latinoamérica Piensa

El gobierno de Ecuador anunció que construirá un cementerio para los más de 60 fallecidos por coronavirus en el país, luego de que circularan imágenes por las redes sociales que mostraban como yacían cadáveres en las calles de Guayaquil, una de las ciudades más críticas de toda América Latina.

El mismo presidente Lenín Moreno reconoció que no se estaban retirando los cuerpos de los fallecidos de los hogares, a pesar de que algunos habían dado positivo para el covid-19. El país, uno de los primeros en registrar casos, registra al momento 1.966 contagiados, pero el número no es exacto por la falta de diagnósticos. Semanas atrás, el sistema de salud dio los primeros signos de colapso.

En respuesta a las críticas por las dramáticas postales que recorrieron el mundo, el mandatario afirmó que creará una fuerza de tarea específica “para que los compatriotas fallecidos en Guayaquil tengan el entierro digno que merecen”. Los familiares de las víctimas denunciaron que los cuerpos permanecen en sus domicilios hasta por tres días antes de que Medicina Legal los retire.

Algunas personas fallecidas ni siquiera se habían sometido al test del virus, por lo que se cree que las muertes en esta parte del país se volvieron incalculables. De acuerdo a las autoridades, solamente en tres días levantaron el Guayaquil 109 cuerpos. Además, el gobierno ratificó que hay cadáveres en los hospitales que no fueron retirados por familiares, sin precisar el número.

Más temprano, el vicepresidente Otto Sonnenholzner dijo a un canal de televisión que el número de fallecidos con síntomas del virus va en aumento y que al momento se registran hasta diez decesos al día en los hospitales de la ciudad. La provincia de Guayas, donde se ubica Guayaquil, abarca más del 70% del total de contagiados del virus.

A nivel nacional y ante el aumento de los casos, ayer el gobierno ecuatoriano extendió hasta el 5 de abril la cuarentena dispuesta en principio hasta el 31 de marzo. La suspensión apenas permite las actividades de servicios médicos, seguridad, alimentación y algunos otros sectores destinados a preservar las funciones vitales del Estado.