Más de una veintena de perdigones de balas de goma en la espalda, las piernas y los glúteos y diez horas de detención, varias de ellas en un corral improvisado con vallas policiales en la zona de caballerizas de la Comisaría 5 de la capital de Corrientes. Con esos abusos, la Policía correntina aplicó el decreto de aislamiento social obligatorio contra Juan Alberto Cáceres, un carrero de 36 años a quien también acusaron de robar 50 ladrillos. Hasta el momento, el gobierno provincial del radical Gustavo Valdés no tomó medidas contra el personal policial.   

Hilda Presman, integrante de la Red Provincial de Derechos Humanos de Corrientes, presentó una denuncia penal por los abusos perpetrados contra Cáceres, con el respaldo de Jorge Isetta, representante del Comité Contra la Tortura provincial. "Para cumplir con el decreto deberían tomarles la temperatura, medidas básicas sanitarias, informarlos por la falta y enviarlos a sus casas, no hacinar gente en comisarías o depósitos", advirtió Presman, en diálogo con PáginaI12, sobre el accionar de la Policía de Corrientes en tiempos de cuarentena. 

De acuerdo al relevamiento hecho por el Observatorio de Conflictos Sociales del NEA y el Comité Contra la Tortura, las detenciones por violación de la cuarentena ascendían a 1500 hasta el 20 de marzo. Sin embargo, Presman señaló que la fuerza provincial no se limita a cumplir con el trámite administrativo de informar la falta ante la fiscalía de turno. En lugar de eso, detiene a varias de las personas y lo hace con criterio selectivo: "Los operativos y detenciones no son de personas del centro de la ciudad ni son surfistas que llega de paseo, son a personas que están demoradas porque necesitan salir a resolver su día a día".


"Es mentira la versión policial"

El viernes, Cáceres había salido a buscar alguna changa en su carro, forzando lo que Presman señala como "el equilibrio entre las medidas de aislamiento, que es adecuada, y la situación del 50 por ciento de la población correntina que está en situación de pobreza". Salió desde su casilla en el asentamiento conocido como Barrio Galván y fue hacia la zona de la villa Juan De Vera, dentro de un radio que responde al concepto que a nivel nacional se está trabajando respecto del "quedate en el barrio", ante la imposibilidad de las personas de bajos recursos de cumplir el "quedate en casa". 

En ese recorrido, levantó 50 ladrillos de una obra en demolición, con permiso de los obreros del lugar, para hacer trabajos de mejoramiento en su casilla, donde vive con su mujer y un hijo. En el trayecto de vuelta al asentamiento, cerca de las 10 de la mañana, fue perseguido por dos camionetas de la Comisaría 12, que lo detuvo a fuerza de disparos de balas de goma. "Le dispararon con dos postas, de 12 perdigones cada uno, y recibió 24 impactos, por lo que no fue a más de uno o dos metros. Es mentira la versión policial de que estaba huyendo", indicó Isetta a este diario.  

Bajo el título "Carrero aprovechó la cuarentena para robar elementos de construcción de una vivienda", el diario Corrientes Hoy publicó una fotoen la que se ven los dos patrulleros que lo persiguieron --337 y 326 de la Comisaría 12--, a uno de los policías con la escopeta y el carro de Cáceres con ladrillos y bloques. El ministro de Seguridad correntino, Juan José López Desimoni, aún no informó ante el Comité Contra la Tortura sobre sanciones o medidas internas que se hayan tomado contra los efectivos. Por su parte, Isetta adelantó que también deberá responder ante la justicia el médico legista de la policía, quien no informó sobre las heridas de Cáceres ni el delito cometido por sus compañeros. 

Tras detenerlo, los policías lo pusieron a disposición de la Comisaría 2 por violar el decreto presidencial de aislamiento y por el supuesto hurto de ladrillos, aún sin denuncia por robo. Antes de dejarlo detenido en la Comisaría 2, Carrero fue llevado al Comando 911, donde desde el inicio de la cuarentena la Policía provincial montó un corral con vallas metálicas para demorar a quienes violen el aislamiento. 

"Tenemos serios problemas de hacinamiento en las comisarías y cárceles provinciales; y demorar a más personas hace que el remedio sea peor que la enfermedad. Se están demorando a 170 personas por día", explicó Isetta e indicó que el corral fue desmontado luego de dar aviso ante el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.  

El corral correntino no es el único caso: en los reportes diarios de la Correpi , que está realizando un archivo de casos de violencia institucional en el marco de la cuarentena, también puede verse que la metodología se repitió en Jujuy. 

Cáceres fue finalmente demorado hasta la noche en la comisaría 2 por la acusación de hurto que le labró la Policía, "aunque nos reconocieron que nadie lo había denunciado", aclaró Presman. Fue liberado con su carro y su yegua después de las 20, con una advertencia. 

El miércoles 1 de abril, cuando aún no se sabía si la cuarentena se extendería, le dijeron que debía presentarse a "limpiar los escombros del patio de la comisaría". El sábado, junto a Presman y el Comité contra la Tortura provincial, realizó la denuncia por los abusos.