De aquellas amenazas que lanzaba Alberto Abad, titular por entonces de la AFIP, cuando al anunciar un nuevo blanqueo advertía que sería "la ultima oportunidad, porque a partir del año que viene vamos a contar con toda la información del exterior", han pasado casi cuatro años. Pero la AFIP no hizo absolutamente nada con la información que recibió, a partir de 2017, de parte de la OCDE sobre los depósitos en el exterior no declarados por sus dueños, de origen argentino.
El convenio de intercambio de información fiscal de los países asociados a la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) establecía que, a partir de 2017, los países que adhirieran podrían disponer de la información de las cuentas que ciudadanos de cada uno de ellos pudiera tener abierta en algun otro de los países adherentes. A su vez, la oficina de fiscalización y recaudación tributaria de cada uno de ellos (la AFIP, en el caso argentino) se obligaba a subir, a la plataforma de la OCDE, los datos correspondientes a cuentas bancarias en el país de contribuyentes de alguno de los demás países participantes.
Esta información está disponible desde 2017, y cada año se fueron sumando más países y más bancos. Sin embargo, la AFIP jamás había hecho, hasta ahora, uso de esa base de datos, que le hubiera permitido fiscalizar las declaraciones juradas de Bienes Personales y verificar cómo evadían sus obligaciones fiscales los miles de millones fugados al exterior en esos años. Desidia, inoperancia o complicidad con la evasión y la fuga. Sumados, casi una caricatura de la gestión del Estado que encabezó Mauricio Macri.
