El gobernador Miguel Lifschitz envió ayer a la Legislatura los pliegos de Jorge Baclini como fiscal general y el de Jaquelina Ana Balangione como Defensora General. Este último pliego es el que más polémica ha levantado, habida cuenta de que la alegida es la esposa de Rafael Gutiérrez, miembro de la Corte Suprema santafesina. El mandatario defendió su decisión argumentando que eligió a "los primeros de cada terna, que fueron elegidos por jurados transparentes e independientes". Suena curioso que el mismísimo Gabriel Ganón, suspendido Defensor General, hace ya un año que viene denunciando públicamente la maniobra para colocar en su sitio a quien finalmente resultó elegida. "La doctora Balangione tiene excelentes antecedentes. Fue seleccionada por un jurado absolutamente independiente en el primer lugar en el orden de mérito y no hay impedimentos desde el punto de vista legal para que sea Defensora General", apuntó el mandatario santafesino en defensa de su decisión.

La nómina se completa con los fiscales regionales Carlos Arietti para Santa Fe; Patricio Serjal Benincasa para Rosario, y Diego Vigo en Rafaela. En tanto, como auditora general de Gestión del Ministerio Público de la Acusación fue enviado el legajo de María Cecilia Vranicich, ex presidenta del Consejo de la Magistratura y actual funcionaria en la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Los cargos restantes son para los Defensores Regionales: Jorge Miró para Santa Fe; Gustavo Franceschetti para Rosario; María Valeria Lapissonde para Reconquista y Estrella Moreno Robinson para Rafaela.

Sobre la decisión de enviar los pliegos respetando el orden de mérito, el propio Lifschitz destacó en diálogo con una radio santafesina: "Me tomé un tiempo para esperar que se resolvieran todos concursos, no quise avanzar con ninguno de manera aislada sino poder analizar el conjunto de los concursos realizados y una vez que tuve todos los expedientes en mi mesa tomé la decisión más transparente de enviar los primeros en el orden de mérito de cada uno de los concursos. No usé mi poder discrecional y respeté la opinión de los jurados en los concursos transparentes, ahora le queda a los legisladores la decisión final".

Según el parte de prensa oficial, "la decisión tomada por el gobernador privilegió, en este concurso donde se designan las autoridades más importantes del nuevo sistema acusatorio penal, el respeto a la decisión de cada uno de los jurados, enviando a la Legislatura una propuesta que incorpora a quienes obtuvieron el primer lugar en los respectivos órdenes de mérito".

Los concursos tienen tres jurados que representan a los Magistrados, a los Colegios de Abogados y a las Universidades Públicas de todo el país, que se sortean de una lista que previamente las instituciones representativas de cada uno de esos tres sectores han enviado.

"Hay absoluta garantía de la independencia de criterios de los jurados, de la autonomía respecto del poder político a la hora de formular los exámenes, las entrevistas y luego producir el orden de mérito en función de los resultados de esas evaluaciones".

Finalmente, las autoridades aclararon que "no se envió la propuesta de Fiscal y Defensor Regional de Venado Tuerto, porque aún no vencen, ni el Fiscal Regional de Reconquista cuyo concurso está aún en trámite".