El Consejo de la Magistratura sesionó por videoconferencia y votó que le reclamará a la Corte Suprema que habilite los ahorros de su “fondo anticíclico” para pagar salarios del Poder Judicial y poner en marcha la actualización tecnológica que hace falta para que todo el sistema funcione de manera remota. El organismo enviará un informe a los supremos para mostrarles que la plata les alcanza con suerte hasta junio, y que después estiman 17.000 millones de pesos de gastos por trimestre. El total supera lo que tiene guardado el tribunal, algo más de 26.000 millones. Los consejeros le van a notificar lo mismo al Poder Ejecutivo, pero ya descuentan que frente a la pandemia será difícil obtener las partidas proyectadas. En la Corte acumulan enojo por la administración del Consejo, que cuestionan desde hace tiempo, pero tienen poco para negar un salvavidas. 

La sesión a distancia, por Zoom, duró casi cuatro horas y participaron los trece integrantes. Sobre el final se filtró la voz de alguien, que tal vez pensó que ya no había transmisión, y suspiró: “¡Qué denso!”. Había sido todo bastante prolijo. También cerca de terminar el camarista Ricardo Recondo se disculpó por no haber comenzado más temprano, y puso como excusa que le tocaba limpieza en su casa en la división de tareas con su esposa, también jueza. 

En la cuadrícula con las caras de los consejeros se veían algunos libros o bibliotecas de fondo, aunque ninguna tan imponente como la del diputado de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli. A media que pasaba el plenario, había expresiones en las redes sociales sobre el contenido. El dirigente de la Unión de Empleados de la Justicia (UEJN), Julio Piumato, entusiasta, elogió al presidente del cuerpo Alberto Lugones y a la diputada Graciela Camaño por su “conocimiento de la realidad y sentido común para enfrentar la pandemia desde la Justicia”. Más temprano les reclamaba notebooks para el personal.

Cuando proyectaban la reunión, algunos consejeros creían que solo se alcanzaría acuerdo para hacer un simple informe de situación dirigido a la Corte Suprema. Pero al final hubo consenso para expresarle de manera directa el pedido de que ponga a disposición el dinero que tiene en plazos fijos para situaciones de emergencia. Hasta ahora el máximo tribunal nunca había tocado ese fondo. Camaño planteó que había que decirles a los supremos de manera directa que no ven situación de emergencia mayor que la actual. Como pocas veces, todos los consejeros estuvieron de acuerdo. 

El fondo anticíclico es una creación del supremo Ricardo Lorenzetti, de sus tiempos de presidente del tribunal. Creció exponencialmente con el correr de los años y jamás fue tocado. Por primera vez la Corte, en la acordada vinculada con la emergencia sanitaria que declaraba días inhábiles hasta el 31 de marzo, anunció que ponía a disposición 40 millones del fondo anticíclico (apenas un 0,15 por ciento del total aproximadamente) para atender necesidades del Poder Judicial vinculadas al coronavirus, en especial insumos. En la decisión no participó Lorenzetti, que estaba en Rafaela aunque aún no había feria judicial.

El cálculo que hace el Consejo es que debe pagar por mes 4800 millones de pesos en sueldos y tiene gastos por otros 5000 millones. Tiene una recaudación propia de 3500 millones. Este año se estaba utilizando el presupuesto del año pasado, de 50.000 millones, el de 2020 era de 9.000 pesos más. Pero los problemas administrativos del organismo no son nuevos, sólo que en el contexto actual se agravan y sus integrantes parten de la base de que el Poder Ejecutivo, que debe ir aprobando las partidas para el funcionamiento del sistema judicial, no podrá hacerlo debido a la baja de ingresos tributarios y la necesidad de enfrentar la emergencia. 

Actualmente la Corte y el Consejo se llevan el 3,5 por ciento de los recursos tributarios, según una disposición que se remonta a 2005. El plan de los consejeros es reclamar un cambio en las proporciones de reparto de este total, del cual ellos reciben el 2,93 por ciento y el alto tribunal 0,57. Es una idea en ciernes, sobre la que aún no avanzaron, pero dicen que avanzarán.

El año pasado el Consejo le llegó a pedir a la Corte que se hiciera cargo de su administración, algo que fue rechazado. Formalmente les dicen que no se puede desde el punto de vista normativo. Tampoco quieren este problema histórico, por el que históricamente cuestionan al organismo.

El pedido de plata, según el planteo de los Consejeros, no sólo es para pagar sueldos sino para poder establecer la adecuación tecnológica para funcionar de manera remota, un requisito que surge de la última acordada suprema, donde incluso definió para sí la posibilidad de tener acuerdos por videconferencia y apostar a que el Poder Judicial tenga un funcionamiento más fluido, con deliberaciones a distancia y firma electrónica. En los próximos días quizá se armen una comisión de consejeros para negociar con los supremos.