El Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 (TOC 29) rechazó hoy el pedido de David Juan Pablo Cruzado, procesado por "hurto agravado por su condición de integrante de una fuerza de seguridad", para que la causa por el robo de dinero a la vicepresidenta Gabriela Michetti pasara a la justicia federal.

Cruzado había invocaba el fallo de la Corte Suprema que aceptó, en su momento, enviar al fuero federal la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman, tal como solicitaba su ex mujer, la jueza Sandra Arroyo Salgado. "Si bien es cierto que en el momento en que habrían ocurrido los hechos la damnificada revestía el carácter de funcionaria pública, no se advierte concretamente que los mismos se relacionen o vinculen de manera alguna con el ejercicio de su función como vicepresidente de la Nación", sostuvo el tribunal en su fallo.

El TOC 29 consideró que el episodio, ocurrido el 22 de noviembre de 2015, el mismo día en que Mauricio Macri se impuso en el ballotage ante Daniel Scioli, tiene un alcance “estrictamente personal” y, por lo tanto,  "de ninguna manera resultó afectada, directa o indirectamente, la seguridad del Estado Nacional o de alguna de sus instituciones”. Los jueces Rodolfo Goerner, Juan Martín Ramos Padilla y María Deluca Giacobini refirmaron así que el delito no se cometió en razón de la función de Michetti, electa vicepresidenta aquel día. Cruzado era custodio de la entonces senadora en ese momento.

El robo de los 245 mil pesos y los 50 mil dólares que Michetti guardaba en su casa y que no figuraban en su declaración jurada, saltó a la opinión pública varias semanas después de cometido, por una investigación periodística, y provocó sospechas respecto de la financiación del PRO. Michetti alegó que el dinero provenía de donaciones a la Fundación SUMA y de un préstamo personal de su pareja. Empero, SUMA nunca había presentado balances ante la Inspección General de Justicia, ni tampoco tenía registrados empleados, ni sueldos ni movimientos de dinero en los meses previos al robo. 

De allí que el juez federal Ariel Lijo pidiera investigar las fundaciones  “Fundar Seguridad y Justicia”, del secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, “Creer y crecer”, del intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y “Formar”, del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. El magistrado sospechaba que no había controles del Estado, lo cual podía ser indicio de una trama de financiamiento ilegal de la política.

El fallo del TOC 29 impide, ahora, que la investigación del robo caiga en el mismo fuero que lleva adelante las actuaciones sobre las fundaciones relacionadas con la alianza gobernante Cambiemos.