Un muerto en el penal de Florencio Varela, el segundo en 24 horas

La gran olla a presión de las cárceles en el aislamiento

Un fallo categórico de Casación provincial ordena excarcelaciones y prisiones domiciliarias para los presos de grupos de riesgo, siempre que no hayan cometido delitos violentos. Sin embargo, las decisiones se demoran. 
Imagen: Télam

El virtual estado asambleario que hay en los 50 establecimientos carcelarios bonaerenses continuaba en la tarde del miércoles. La jornada ya tuvo el trágico saldo de un muerto en la unidad 23 de Florencio Varela que, según el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) se produjo por un enfrentamiento entre internos negociadores e internos con posturas más duras. La fiscal calificó el hecho como "homicidio en riña" y, en principio, la causa de la muerte fue un golpe en la nuca. Al mediodía, el juez de la Casación provincial Ricardo Borinsky dio a conocer un fallo categórico en el que, en forma tácita, le dijo a los magistrados que tienen que concretar las excarcelaciones y prisiones domiciliarias de quienes tienen más de 65 años o están enfermos, las mujeres con hijos chicos, las embarazadas, los presos que ya cumplieron gran parte de la condena, todos ellos siempre que no hayan cometido delitos violentos. Muchos de los beneficios se venían demorando por apelaciones y otras problemas burocráticos, pero Borinsky reiteró que hay un fallo de Casación que no admite efectos suspensivos, es decir que aunque haya apelación, la medida de excarcelación o prisión domiciliaria se tiene que cumplir.

Hasta el momento, debido al primer fallo de Casación, firmado por Víctor Violini, pero apoyado por otros cuatro magistrados del cuerpo, puso en la línea de salida a unos 2.100 internos con las condiciones requeridas para la morigeración. En su enorme mayoría son presos que ya tenían penas transitorias y con menos de un año de pena a cumplir. Lo que sucede es que a veces se dicta una prisión domiciliaria pero no hay pulsera o tobillera para ponerle al interno o no está el estudio socio--ambiental del lugar en el que va a vivir. Significa que la morigeración no se cumple.

Una parte de los jueces le echa la culpa de la situación al procurador Julio Conte Grand, porque dicen que públicamente se manifiesta de acuerdo con otorgar las excarcelaciones y domiciliarias, pero que bajo cuerda instruyó a los fiscales para que apelen. Otros apuntan directamente a los jueces que se niegan a firmar los beneficios para los presos. Y también están los que dicen que la burocracia frena los procesos. Lo cierto es que parte de los fallos están demorados y por eso Borinsky salió a la cancha dejando en claro que el fallo de Violini no permite el efecto suspensivo: o sea, aunque un fiscal apele, se debe concretar la domiciliaria o la excarcelación.

En ese marco, las cárceles son una olla de presión, porque los internos no tienen visitas, los familiares no les pueden llevar ni comida ni remedios, las condiciones sanitarias son deplorables y, como se sabe, el hacinamiento bate records. Es imposible cumplir con cualquier aislamiento.

En la mañana del miércoles, los presos de la Unidad 23 de Florencio Varela tomaron los techos y, adentro, otro grupo de presos retuvo a un penitenciario. Las escenas violentas se fueron multiplicando y, como suele suceder, empiezan a aparecer los pases de factura: en este caso, entre un sector más negociador y uno que exhibe más dureza. El conflicto terminó con un interno asesinado, aparentemente por un golpe en la cabeza. La autopsia se hará este jueves. Se trata del segundo preso muerto en 24 horas: el martes, en Corrientes, mataron a un joven que estaba en la cárcel por un robo.

Ya durante la tarde del miércoles, se multiplicaron las huelgas de hambre, en Junín, San Martín y otros penales. Estaban interviniendo las autoridades penitenciarias, las del ministerio de Justicia, que conduce Julio Alak, y se preparaban fuerzas especiales por si había que intervenir.

La mayor parte de los reclamos parten de la exigencia de alcohol en gel, barbijos y material para cuidar la salud, aunque la exigencia de fondo es que los jueces resuelvan lo que está demorado desde la feria judicial de enero. Hay miles de pedidos paralizados desde diciembre, porque se enganchó la feria judicial con demoras burocráticas en febrero y la cuarentena en marzo. Muchos presos ya tenían salidas transitorias, pero a raíz del aislamiento la decisión fue la contraria a la que se adoptó, por ejemplo, en Estados Unidos: allí los presos con excarcelaciones o con libertades bajo fianza o los que no pudieron pagar la fianza, directamente se los envió a su casa.

El sistema federal norteamericano y también los estados percibieron los peligros de contagios, tanto de presos como de penitenciarios, de manera que se produjeron miles y miles de excarcelaciones. El gobierno de Donald Trump llegó a proponer que fueran liberados presos que no hubieran cumplido ni siquiera la mitad de la condena, pero este lunes el equipo del mandatario se echó atrás con ese criterio. El cálculo es que hoy hay casi el 50 por ciento de los presos que había antes de la epidemia y la mayoría de los penales no aceptan ningún ingreso. Es decir que no puede haber nuevos presos. La persona detenida actualmente queda en la comisaría, porque temen que meta la covid-19 adentro del penal, o que el virus ya esté adentro y lo contagie a él.  

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