El juicio por los crímenes que tuvieron lugar en la llamada Subzona 15, en Mar del Plata y alrededores, durante la última dictadura cívico militar, será el primero en romper la parálisis a la que la pandemia de coronavirus obligó al proceso de juzgamiento de delitos de lesa humanidad. Este lunes, el Tribunal Oral Federal de esa ciudad balnearia, leerá su veredicto ante las querellas y la Fiscalía. Los 40 imputados fueron habilitados para escuchar la sentencia vía teleconferencia, mientras que el público deberá contentarse con oír la definición a través de la transmisión que harán el Centro de Información Judicial.
El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata decidió buscarle la vuelta para dictar sentencia en el juicio por las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en varios centros clandestinos que funcionaron en Mar del Plata y localidades añedañas durante la última dictadura cívico militar sin violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio que impera en el país desde el 20 de marzo pasado como principal medida para evitar la propagación la covid-19.
Así, informó el viernes a las partes que “en atención a las diversas medidas de prevención sanitaria dispuestas" en relación a la pandemia, la lectura del veredicto, a aprtir de las 9.30 se llevará a cabo “sin público” y se transmitirá a través del sitio web institucional del Centro de Información Judicial (www.cij.gov.ar). Además, anticipó que las querellas y la Fiscalía, habilitadas para asistir al acto de lectura, “deberán hacerlo con barbijo y respetando dentro de la sala de audiencias la distancia entre cada uno".
Desde las querellas reconocen que la cuarentena es “una realidad ineludible” que afecta al proceso de judicialización de los crímenes de la última dictadura, que “no queda otra que aceptar”. “Conformes no estamos, pero no se puede demorar más la sentencia”, advirtió Gloria León, parte de la querella unificada en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Hace dos años que se lleva a cabo este juicio contra 40 miembros de las tres Fuerzas Armadas, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de la Provincia de Buenos Aires imputados por 272 casos de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones. De ellos, 13 cuentan con una condena previa; para el resto, se trata éste del primer debate oral que enfrentan por su participación en el terrorismo de Estado. Muchos de ellos llegan detenidos en cumplimiento de prisiones preventivas que “datan de mucho tiempo”, apuntó una fuente judicial, como una de las razones que pudo haber impulsado al TOF a decidir dictar sentencia sin esperar a que el ritmo de la vida judicial comience a volver a la normalidad.
Los magistrados habían prometido dictar el fallo sin falta en los primeros meses de este año y con ese objetivo organizaron un raid de audiencias en febrero y marzo en las que alegaron todas las partes. Pero luego sobrevino la cuarentena. Desde, entonces, los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Alfredo Ruiz Paz fijaron dos fechas provisorias para el dictado del fallo: la primera fecha había sido el 31 de marzo y la segunda, con la extensión de la cuarentena, el 20 de abril. Ambas debieron ser pospuestas, pues el aislamiento continúa.
A las prisiones preventivas a punto de vencerse se sumaron la edad avanzada de los imputados como razón para apurar la definición y, no menor, la jubilación inminente de algunos de los jueces que integran la alzada. A fines de febrero, el equipo fiscal encabezado por Juan Pablo Curi y secundado por Eugenia Montero y Julio Darmandrail solicitó penas para todos los imputados. Para 31, exigieron la pena de prisión perpetua, penas con las que coincidió la Secretaría de Derechos Humanos. Montero aseguró que son “optimistas” en relación al fallo del lunes. “Logramos acreditar las acusaciones de manera sólida y esperamos que así lo consideren los jueces”, añadió la fiscal.
Lo que más lamentan desde la querella unificada es la imposibilidad de que haya público escuchando la sentencia este lunes, así como la de armar un escenario en la puerta de los tribunales para transmitir a todo aquel que quiera oir, y a quien no también. “Es una cuestión que no queda otra que aceptar”, señaló León. Abuelas de Plaza de Mayo a través de su canal de You Tube y el Colectivo Faro de la Memoria, a través de su página de Facebook, repetirán la sentencia. León, en tanto, quitó atención a la habilitación a los imputados a que participen de la audiencia vía teleconferencia --tres de ellos aún restan decir sus últimas palabras--. “Hace rato que los imputados asisten a los juicios por la televisión. Por razones humanitarias. Es terrible argumento, pero ya está así, la pandemia no agrega nada, solo una justificación más”, advirtió la abogada de la Secretaría.
La lectura de esta sentencia es el primero de algunos pocos movimientos que comenzará a tener el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus.
En Rosario, la Fiscalía propuso la incorporación por lectura de los testimonios que restaban ser oídos en tres audiencias de declaraciones en el juicio por la causa Saint Amant, que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de esa ciudad santefesina. Si las defensas aceptan la propuesta, se estima que en dos semanas el fiscal Adolfo Villatt estará en condiciones de alegar, conociéndose poco después el veredicto, informó el Ministerio Público. Juicios "Hermanos Ramírez y Homicidios" y "1 y 60"
En tanto, la cartera pospuso para el 24 de junio el comienzo del juicio por la causa “1 y 60”, que estaba previsto para la semana pasada. En tanto, el Ministerio estiró hasta septiembre la audiencia preliminar al debate oral que se llevará a cabo por el secuestro y ocultamiento de los hermanos Ramírez, que tenían 2 y 5 años cuando fueron sustraídos, así como por los asesinatos de seis personas.
