Ante la llegada del coronavirus a los lugares de encierro de todo el país, las cárceles mendocinas se sumaron a las protestas que ya sucedieron en Florencio Varela , Corrientes , Santa Fe y Devoto . En los penales de Boulogne Sur Mer, Almafuerte y San Felipe, un grupo de reclusos se mantiene sin comer en demanda de que la Justicia acelere la resolución de sus planteos de detención en alguna vivienda porque está hacinados en los pabellones y esto representa riesgos de contagios. Muchos de los que protestan se cosieron la boca para visibilizar la medida, y en El Borbollón, el penal de las mujeres, se plegaron con fotos en las que aparecían tapándose los labios. Allí acordaron una mesa de diálogo con la presencia del juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento, luego de la represión de la semana pasada.

Las mujeres protagonizaron su propio planteo: la directora del penal no autoriza el uso de telefonía celular, que un juez había permitido en todas las cárceles. Decidieron protestar con ruido, porque ante la suspensión de las visitas era la única forma de contacto con sus familias, y fueron reprimidas con balazos de goma. 

El viernes, mientras Devoto acaparaba toda la atención mediática, las autoridades mendocinas revisaron la disponibilidad de pulseras y tobilleras electrónicas y se dieron cuenta de que se habían acabado, por eso ahora crearán una aplicación que a través de teléfonos celulares para hacer el seguimiento de los reclusos en sus domicilios. 

El 30 de octubre el juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento resolvió un habeas corpus colectivo para otorgar prisiones domiciliarias. También solicitaba medidas de higiene en los penales y autorizó el uso de telefonía celular mientras dure la suspensión de las visitas. El jueves pasado, el mismo magistrado resolvió otro habeas corpus presentado por la defensa en relación a quienes hayan sido condenados a un año de prisión efectiva o menos, y que ya estén cerca de cumplirlo. "En ese caso se dispone como medida de control por mensajería o WhatsApp, porque ya no quedan más tobilleras", dijo Sarmiento en diálogo con Página/12.

En medio de la protesta de las mujeres, este juez acudió a El Borbollón para mediar en la situación derivada de la suspensión de las visitas. Sarmiento había autorizado el uso de celulares, de modo que cada interno puede ser monitoreado. Esta medida había sido permitida en todas las cárceles de la provincia, pero la directora del penal de mujeres se había negado a implementarlo, lo cual derivó en la protesta que fue reprimida con balas de goma. Según verificó el juez, cinco presas resultaron heridas.

"Las mujeres detenidas solicitan un mediador, alguien que intermedie sin parcialidades y escuche, por fin, un reclamo válido", expresaron en un comunicado las internas de El Borbollón. "A partir del aislamiento social se suspendieron todas las visitas en los penales provinciales. Las internas de la Unidad 3, El Borbollón, comenzaron a solicitar que se les permitiera ingresar teléfonos celulares con acceso a Internet, para poder realizar una comunicación de mejor calidad y a menor costo. La respuesta siempre fue no", escribieron. 

El viernes ante un nuevo pedido denegado, relataron que iniciaron "una protesta pacífica que la Dirección de la Unidad 3 transformó en violenta, convocando a los grupos de represión especiales del Complejo Boulogne Sur Mer. Se ha golpeado y tiroteado a destajo, no se han contemplado ni las personas mayores o las internas con enfermedades crónicas. Lejos, una repudiable reacción frente a un hecho que pudo evitarse". Y una situación que se repite, con dos muertes a manos de penitenciarios en Florencio Varela y en Corrientes.

Presos afuera de la cárcel: Urgente pero no indiscriminado

Consultado por este diario, el juez Sarmiento aclaró que de ninguna manera se trata de liberaciones masivas lo que resolvió respecto de los 150 reclusos condenados a penas menores de un año. "En el habeas corpus hizo lugar a que sean iniciadas las actuaciones administrativas para resolver si se otorga o no el régimen de semi detención, no hubo ninguna resolución judicial que de manera masiva autorice a un determinado colectivo de personas privadas de la libertad a un beneficio", explicó el magistrado. 

"El análisis tiene que ser urgente pero caso por caso, lo contrario sería una irresponsabilidad que pondría en riesgo a muchísima gente de la sociedad y a las propias víctimas", aclaró desde Mendoza, y se situó en un inusual punto medio de sentido común ausente en otras jurisdicciones del país. Además de la mesa de diálogo iniciada en la cárcel de mujeres, Sarmiento anticipó que están dispuestos a generar el mismo sistema de mesas en los penales de varones, para mejorar el "intercambio de información y bajar el nivel de incertidumbre" de la población carcelaria.

Los habeas corpus habían sido presentados por la Defensoría, la Procuraduría de Personas Privadas de su Libertad, la asociación de derechos humanos Xumek y el Comité de Prevención de la Tortura de Mendoza. El Servicio Penitenciario tenía diez días, según dispuso el magistrado, plazo que ya estaría cerca de vencer.

La prioridad es salvar vidas, ¿cuáles?

Olla a presión, caldo de cultivo, no hay metáfora posible ante una situación extrema, tal como la definió la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en su última declaración, porque "si el virus ingresa en los ámbitos carcelarios colapsarán todos los servicios de salud y no tendrán capacidad para atender a ellos ni a nadie". 

Esta crisis anunciada que se expande ya tiene dos muertos a manos de los agentes penitenciarios: José María Candias, de 22 años, murió el 21 de abril en la cárcel de Corrientes. La versión oficial del gobierno provincial fue que había sido una pelea entre internos alojados en la Unidad Penal, la autopsia confirmó que fue el impacto de una bala de arma de fuego disparado por un integrante de las fuerzas de seguridad provinciales. Allí están alojados 670 condenados, a pesar de que la capacidad de la cárcel es de 470 internos. Un día antes la tensión había llegado al penal de Melchor Romero en La Plata.

Idéntica, situación ocurrió tres días después en la cárcel de Florencio Varela, donde se conoció el primer caso de Coronavirus intramuros, y a la exigencia de salidas el Servicio Penitenciario Bonaerense respondió con balas de plomo que asesinaron a Federico Rey, de 23 años. Sus autoridades habían dicho que se trató de una riña entre presos, pero la autopsia reveló que fue baleado por los agentes, tal como también muestra este video filmado por uno de los presos.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció que la "situación de hacinamiento llega al 200 por ciento". No escapa a la realidad del sistema penitenciario bonaerense, que está en uno de sus peores momentos. Aloja a 44.000 detenidos cuando tiene una capacidad de 29.000, según datos oficiales.

La pólvora no tardó en llegar al penal de Devoto, en plena Ciudad de Buenos Aires, donde serían al menos dos los internos y funcionarios contagiados tal como consignó la crónica de PáginaI12, lo cual detonó en la protesta y represión del viernes. Las autoridades judiciales y políticas tienen un abanico de acciones que descomprimirían el panorama, tal como viene anticipando la Procuración Penitenciaria. Si se suprimen visitas a los internos y las internas, deberían poder comunicarse por celular. Y si los habeas corpus se apilan y superan el centenar en un despacho, su señoría debería empezar a preocuparse.