A 150 días de iniciada su gestión, el Gobierno de Alberto Fernández vive un momento de “luna de miel extendida” con la ciudadanía argentina. El contexto de sus primeros meses de gestión estuvo marcado por una fuerte expectativa positiva sobre el cambio de Gobierno y con la crisis económica como tema de preocupación predominante en la opinión pública. Los argentinos vivieron como un alivio el fin de la era Macri, y ese fue el balón de oxígeno inicial que recibió Fernández. También recibió una bomba de deuda externa a punto de explotar, pero al frente económico se sumó, inesperadamente, la emergencia de la pandemia global del Covid-19. En la actualidad, la contundente respuesta de las autoridades para implementar medidas preventivas ante el coronavirus es valorada favorablemente por la gran mayoría de la población.

Según los datos de la última encuesta CELAG realizada a partir de una muestra de 2.000 casos a nivel nacional, 8 de cada 10 argentinos aprueba la gestión de gobierno para enfrentar la pandemia. La imagen positiva del Presidente se ubica en 83%, siendo la eficacia uno de los atributos personales que más se destaca en la construcción de su perfil público. Y, si mañana hubiera elecciones, el 65% de los argentinos manifiesta que votaría por él. Son números que reflejan un momento muy particular en el que confluye un contexto de altísima incertidumbre social (43%) con un liderazgo “nuevo” en el mapa político que se va asentando como un buen gestor con sensibilidad social, con capacidad para resolver problemas y, en particular, para brindar un marco de cierta confianza en medio de la crisis, tanto a sus propios votantes como a los de sus adversarios electorales.

Hay una percepción ampliamente extendida de que el coronavirus llegó para cambiarlo todo: 70% cree que el mundo no volverá a ser igual después de la pandemia. Pero no todo cambió en medio de la crisis. Existe un conjunto de sentidos comunes fuertemente extendidos en la sociedad argentina que el contexto del Covid-19 no hizo más que reforzar. Se trata de elementos que forman parte de la cultura política, como la ponderación positiva del Estado, de la salud y educación pública, y la aspiración de justicia social, que en el contexto actual vuelven al centro de la escena aún con más énfasis. 

Algunos datos que dan cuenta de ello: 1) 8 de cada 10 encuestados afirman que lo justo es que quienes poseen mayores recursos aporten más que el resto para afrontar la crisis; 2) 9 de cada 10 creen que el Estado debe tener un rol activo en el impulso de la economía y 76% apoyaría que el Estado tomara el control de clínicas privadas si fuera necesario para afrontar una crisis sanitaria; 3) 7 de cada 10 creen que se deberían cobrar impuestos extra a las grandes fortunas del país y; 4) el 78% apoya el proceso de renegociación de la deuda externa, con una parte considerable (22%) que cree que el país debería exigir la condonación de la misma.

Estos consensos extendidos conviven con un núcleo opositor con rasgos marcadamente conservadores , conformado por algo menos de un tercio del electorado, que encontró en el Gobierno anterior una representación política de la que antes carecía. Sus señas de identidad son la mirada escéptica sobre “la política” en general, la valoración positiva del esfuerzo individual como organizador social y la defensa a ultranza de la agenda punitivista, tal como se evidenció en los últimos días con la cuestión de las supuestas “liberaciones” de presos. De ahí que el apoyo generalizado al actual mandatario en la gestión de la crisis no deba leerse como una realidad estática.

Este “mientras tanto” generado por la pandemia introducirá, inevitablemente, nuevos matices a los ejes trazados por el presidente en su discurso ante el Congreso el último 1 de marzo, que ya quedó demasiado lejos en el tiempo. En ese equilibrio entre el proyecto de país y la contingencia que genera el contexto actual se irá forjando la “AGENDA ALBERTO”, en la que estarán temas como la reforma del Poder Judicial, la legalización del aborto, la relación con “el mundo”, y seguir gobernando a pesar de las resistencias de los sectores de poder a las necesarias reformas en el modelo económico que exigirá la reconstrucción del país, y del mundo, post-Covid19.


Gisela Brito es Directora de Opinión Pública en CELAG