Acostumbradas ellas a estar siempre en la primera línea de combate, acudieron a la Plaza de Mayo aquella mañana del 20 de diciembre de 2001 porque la rebelión y su represión ya se habían desatado el 19, y seguramente habían visto la imagen de Demetrio Cárdenas desangrándose en las escalinatas del Congreso. Pero los funcionarios del gobierno de Fernando de la Rúa tenía una obsesión por esas horas, despejar el histórico solar que la noche anterior había sido escenario de la primera parte de la pueblada, cuando la multitud festejó la renuncia de Domingo Cavallo y fue reprimida con gases. El grupo de policías que ejecutó la orden de reprimir a los manifestantes y a las Madres de Plaza de Mayo había sido sobreseído durante la investigación de aquella masacre, que en la Ciudad de Buenos Aires se cobró seis asesinatos. Pero el año pasado la fiscalía determinó que eran responsables por haber reprimido a la multitud con los caballos de la Policía Montada. La Cámara Federal acaba de darle la razón.

Según el fiscal Franco Picardi, aquel día una unidad del Cuerpo de Operaciones Federales de la Policía Federal avanzó contra “las personas que se encontraban manifestando en la Plaza de Mayo, habiendo mostrado en su proceder un comportamiento de violencia física excesivo, causante de distintas lesiones y vejaciones en las personas afectadas”. Alrededor de las 11.30 el subcomisario Francisco Santos Miglino intimó a los manifestantes a abandonar la plaza, orden que nadie acató. A los pocos minutos “varios policías montados a caballo aparecieron en el lugar y comenzaron a perseguir y golpear a todo aquel que se encontraba en el lugar llevando adelante una brutal represión”, detalló la fiscalía en su pedido de procesamiento. Las imágenes de video y fotografías son más que elocuentes al respecto.

Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia revocaron el cierre del caso por el paso del tiempo porque uno de los imputados, Luis Rodríguez, sigue en la actualidad como funcionario en la Policía Federal, hecho que interrumpe el plazo de prescripción, según el fallo al que accedió Página/12. En la actualidad Rodríguez es Comisario Inspector del Departamento de Control Operacional de la Policía Federal Argentina.

Los demás imputados son Sergio Weber, José González, Fernando Villegas y Ramón Vargas. La Cámara encomendó al juzgado federal 11, actualmente a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, proceder con la "máxima celeridad" en la investigación que había cerrado el fallecido magistrado Claudio Bonadio. 

En esta causa se investigan presuntas "vejaciones perpetradas por determinados miembros de la Policía Federal Argentina en perjuicio de un número de personas que acudieron durante la mañana del 20 de diciembre de 2001 a manifestarse frente a la Casa de Gobierno", antes de la renuncia de De La Rúa y su partida en helicóptero desde los techos de la Casa Rosada. 

La Cámara recordó que esa mañana, luego que la Dirección General de Operaciones de la PFA diera la orden de “despejar” la Plaza de Mayo, "una línea de efectivos montados a caballo avanzó sobre la gente apostada en dicho lugar". Según la acusación "algunos de sus miembros, en espacios y momentos concretos, golpearon a los civiles con diferentes elementos, ocasionando lesiones a un número de ellos". Los imputados habían indagados y luego se les dictó falta de mérito, que con el tiempo se convirtió en sobreseimiento.

"El fallo es positivo e importante, resuelve que estas causas del 19 y 20 de diciembre de 2001 no pueden cerrarse por prescripción habiendo algunos que todavía son funcionarios, pero sobre todo exige la máxima celeridad a la investigación porque la demora en dar una respuesta es excesiva", dijo a Página/12 Federico Efron, uno de los abogados querellantes en nombre de los familiares de los manifestantes asesinados e integrante del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). 

"Hay muchas cosas pendientes por resolver y estamos llegando a los 20 años desde la represión. Es importante tener en cuenta que esta máxima celeridad es la que tiene que tomar la Casación Federal, que hace cuatro años tiene para confirmar la sentencia dictada a principios de 2016. Las víctimas siguen esperando la respuesta de Casación", enfatizó Efron al referirse al juicio oral y público que culminó con la condena de los ex funcionarios de la Alianza Rubén Santos y Enrique Mathov, además de los policías Carlos López, Roberto Juárez, Víctor Belloni, Omar Bellante, Raúl Andreozzi, Norberto Gaudiero y Ariel Firpo Castro.