El riesgo siempre está ahí. Historiadores y fiscales dicen que los materiales que sostienen la historia, que permiten reconstruirla, armar versiones, leerla, en Argentina suelen estar al borde de la cornisa. Agregan que es evitable. Una y otra cosa las aprendieron en el camino, básicamente porque en sus trabajos a veces ir a buscar algo es descubrir la falta. De hecho, un decreto y una resolución alertaron a historiadores y fiscales lo suficiente como para encender alarmas en estos días. Primero fue una resolución de la Secretaría de Modernización Administrativa del ministerio de Modernización de la Nación; luego, se sumó un edicto, del Archivo General del Poder Judicial de la Nación: en aras de la falta de espacio para archivar papel y la necesidad de digitalizar,
la combinación de ambas disposiciones habilita la destrucción de expedientes originados entre 1941 y 1982. La novedad se tradujo en un petitorio online, nacido de la urgencia de investigadores de Historia, que lleva obtenidas alrededor de diez mil firmas –entre historiadores e institutos de investigación–, y siguió, esta semana, en forma de oficios elevados al presidente de la Corte Suprema, por parte del titular de una fiscalía especializada, para pedir una acordada que preserve –al menos– los expedientes iniciados entre 1974 y 1983 e invite a Cortes provinciales a hacer lo propio. El futuro de esos papeles todavía está por verse. Mientras tanto, quienes los defienden explican por qué creen que todavía, más que materiales a desechar, son memorias que no pueden cotizarse en términos de espacio físico.
Las pruebas de un mundo
En las últimas horas del año pasado, una resolución administrativa publicada en el Boletín Oficial anunció nuevos tiempos máximos de guarda y preservación de archivos establecidos por la Secretaría de Modernización Administrativa, del ministerio de Modernización de la Nación. De acuerdo con esa norma, la Nº 44/16, del 30 de diciembre de 2016, comenzaría la “depuración” de los materiales con plazos de guarda vencidos. Para descartarlos, alcanza con la autorización de “un funcionario con rango no inferior a Director General o Nacional perteneciente al organismo o jurisdicción donde se hubiera archivado el expediente”. Esa misma resolución detalla que, si al funcionario en cuestión le parece que los papeles tienen valor histórico, debe remitirlos al Archivo General de la Nación (AGN). A eso se sumó, hace algo más de un mes, otra disposición. En febrero de este año, el edicto 5795/17 del Archivo General del Poder Judicial habilitó la destrucción de expedientes tramitados por Juzgados Nacionales de Primera Instancia de Instrucción entre 1941 y 1982. La combinación de las dos normas alarmó a los especialistas.
Entre historiadores que recurren a esos archivos la voz corrió rápido y la preocupación se convirtió en un petitorio que, con sus ya cerca de diez mil firmas, está en poder de la Asociación argentina de investigadores de Historia, que pidió audiencia a Modernización para plantear el problema. A la reunión, llevarán las pruebas del respaldo que incluye nombres conocidos de las investigaciones en historia y ciencias sociales como Hilda Sabato, José Carlos Chiaramonte, Lila Caimari, José Emilio Burucúa, Horacio Tarcus, Susana Bandieri, Norberto Galasso, Noemí Girbal, Juan Suriano, que en algunos casos son también responsables de museos nacionales (como Gabriel Di Meglio, del Cabildo porteño, y Federico Lorenz, del Museo Malvinas), pero también de instituciones como el Consejo Directivo del Instituto de Historia “Dr. Emilio Ravignani” y la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe. El petitorio detalla que “la documentación que se estaría destruyendo corresponde a litigios que ya habían ingresado en el Archivo General para su resguardo”.
“Hay un mundo de conflictos del que no sabemos; y no siempre sabemos si no podemos estudiarlo porque hubo destrucción de expedientes o porque los conflictos se canalizaban por otras vías, como la violencia directa, o disputas en el lugar, por ejemplo”, dice el investigador Cristian Poczynok. Especialista en los siglos XVIII y XIX argentinos, Poczynok investiga los avatares del derecho a la propiedad de la tierra en la provincia de Buenos Aires entonces. “Trabajo con causas civiles que están en tribunales, que fueron iniciadas muchas veces como problemas de desalojo, despojo de tierras, conflictos de límites, por mojones, mensuras, transferencias de tierra. Y ahí el problema es que se destruyeron un montón de expedientes, en particular por un decreto de 1956, del gobierno de Aramburu, que manda a destruir expedientes y entonces urgente sale el AGN a recolectar parte de ese material. Fue un procedimiento muy similar al de ahora: anuncian que se van a destruir expedientes, piden que las partes interesadas se comuniquen y sino se destruye”, explica. Ese decreto, que llevó fecha del 21 de marzo de 1956, explicaba que era preciso destruir expedientes cuya conservación “no tiene razón de ser y sólo significa un factor de perturbación para el normal funcionamiento de la Repartición”, en referencia al Archivo de Actuaciones Judiciales y Notariales de la Capital Federal. Los expedientes destruidos, luego, fueron vendidos, tras una licitación.
Esa limpieza siguió su curso. “Yo estoy trabajando con lo que sobrevivió de esa destrucción. Si quiero tener una mirada completa acerca de qué grado de conflictividad había en el mundo rural bonaerense de 1800 en adelante, no puedo: sólo puedo trabajar con lo que sobrevivió. El trabajo finalmente está completamente sesgado, por el voleo de la destrucción”, explica. Lo que le pasa a él, agrega, en Argentina le pasa también a sus colegas. Por eso, cuando supo de la resolución y el edicto, él y una de esas colegas, Bárbara Caletti, activaron el “Petitorio de Resguardo del Patrimonio Histórico Nacional”, cuyo texto todavía puede encontrarse online, que además de hacer hincapié en la necesidad de debatir y establecer “una política pública de resguardo del patrimonio histórico nacional, del cual la documentación en peligro forma parte”, indican que la limpieza de expedientes –que, en virtud de un convenio celebrado el año pasado, serían donados como papel para reciclar al hospital Garrahan– pone en riesgo también la disponibilidad y el acceso a la información pública.
Poczynok explica que, además de la memoria judicial de la historia reciente, con los trazos de la última dictadura frescos, pueden ser destruidos, también corre riesgo documentación de otros períodos. No siempre, dice, resulta sencillo abrir la discusión al respecto. En una reunión con responsables del área que eliminará los expedientes, “hicimos un esfuerzo para correr el eje de la discusión solamente de los años de plomo o del impacto de la dictadura, porque más allá de eso se trata de la necesidad de un criterio histórico y de valor testimonial del documento. Sin embargo, para algunos sólo queda atado a ese criterio legal”.
El petitorio alertó acerca de que, aun cuando los materiales a destruir vayan a ser digitalizados, el plazo establecido “no atiende a las posibilidades que la tecnología garantiza” para eso. Los expedientes son fundamentales no sólo para investigadoras e investigadores “en su afán de reconstruir el pasado del país y de estas instituciones, sino que lo es aún más para los/as ciudadanos/as, puesto que estaría limitando el derecho a conocer y evaluar el funcionamiento de los poderes del Estado Nacional”. El texto subrayó otros pendientes importantes: “no existen certezas en lo referido a la información sobre los servidores en los cuales se almacenan los documentos electrónicos, la gestión informática de los mismos, el respaldo en caso de ataque cibernético, y el sistema de encriptado que prevengan cualquier tipo de modificación posterior”.
