La amenaza pública de un paro general de trabajadores municipales de la ciudad de Salta elevó sorpresivamente ayer el nivel de alarma en el Ejecutivo Municipal.

Es que César Molina, el secretario general de ADEMUS, uno de los tantos gremios que representa a los empleados municipales, aprovechó el aire de una de las radios de más férrea oposición a la gestión de Bettina Romero y con su estilo enérgico y desbordado, se quejó de situaciones laborales en distingos sectores y anticipó que habría una convocatoria a la inter gremial municipal para definir un paro general de actividades.

Molina mencionó casos puntuales en Tránsito, loso cementerios, el área de control, y cuestionó la calidad de los elementos de bioseguridad. "Esto no da para más”, aseguró, y adjudicó algunas decisiones a un intento de la intendenta de “vaciar la Municipalidad”.

Desde principios de año, todos los reclamos, sean gremiales o de los concejales, tienen en común la falta de diálogo y la imposibilidad de llegar con fluidez a algún funcionario con decisión para hacer conocer una situación o ser escuchados.

Llamativamente, el comunicado oficial que el Ejecutivo dio a conocer ayer, subraya explícitamente en su primer párrafo la vocación de diálogo que dice tener el municipio, pero que a su vez se lo reclaman distintos sectores, por lo que algunos lo consideraron como una "confesión de parte".

El texto expresa: “Siguiendo con el espíritu de diálogo que promueve la intendenta Bettina Romero, esta mañana, autoridades del Gobierno de la Ciudad recibieron al personal de la Subsecretaría de Movilidad Ciudadana para avanzar en la transición de la pandemia al normal funcionamiento del tránsito en las calles”.

La imagen que acompaña la noticia oficial es del coordinador de Planificación y Control de Gestión, Bernardo Racedo Aragón, firmando la recepción de un petitorio de 13 puntos con diversos reclamos; allí también se acordó una nueva reunión para el martes 26 de mayo.

Luego la Municipalidad explica que “el personal agradeció la predisposición y se comprometió a levantar la medida de fuerza hasta la fecha estipulada”.

Entre los pedidos que debe resolver la gestión municipal está la situación de los canchones municipales que albergan vehículos secuestrados; de los tres existentes uno solo está disponible. Y hay cuestionamientos a la poca claridad que existe en cuanto a la intervención de la Policía de la provincia en la confección de multas de tránsito, la persecución laboral por parte de un funcionario de tránsito, la falta de reparación de las grúas.

También abordaron el traslado al Centro Cívico Municipal del personal que trabaja en la emisión de licencias de conducir, a un sitio donde no hay espacio suficiente, así como la falta de reconocimiento de riesgo de vida a quienes están uniformados en la calle, y la ausencia de un protocolo para el trabajo en tránsito.

“Si ustedes no atienden los teléfonos cuando como gremio, como dirigentes, llamamos para plantear situaciones, vamos a ir de conflicto en conflicto”, les dijo César Molina al coordinador Racedo Aragón y al coordinador Jurídico y legal, Daniel Nallar.

“Ellos dicen que las puertas están abiertas, pero uno toca la puerta y no te pueden atender porque están en reunión”.

Racedo Aragón anticipó: “vamos a responder el petitorio punto por punto, hay muchas cosas por resolver pero en lo inmediato reforzaremos el protocolo de seguridad por Covid- 19, para garantizar la seguridad de los trabajadores”.