Desde Rio de Janeiro. 

Ha sido un martes de noticias preocupantes sobre la pandemia y de intensa agitación política. Por la mañana, agentes de la Policía Federal en Rio de Janeiro, cumpliendo órdenes judiciales, allanaron el Palacio das Laranjeiras, residencia oficial del gobernador Wilson Witzel. Horas más tarde se conocieron las últimas estadísticas de la pandemia en el país y los datos arrojaron que Brasil se ha convertido en el país con más muertes diarias en todo el mundo, superando a Estados Unidos. 

Witzel, a quien secuestraron celulares y computadoras, es blanco de tres investigaciones en la órbita del Superior Tribunal de Justicia, penúltima instancia judicial en Brasil. La acción de este martes está relacionada a la sospecha de corrupción que involucra a la primera dama provincial, Helena Witzel, con un esquema de desvío de fondos públicos. En otra investigación, el gobierno del ex aliado de Bolsonaro está acusado de facilitar la acción de grupos que desviaron millones de reales en compras irregulares de material sanitario. La tercera investigación se encuentra bajo secreto de sumario.

Con eso, la soga de la tensión política se estiró aún más, anunciando nuevos tiempos de borrasca y vértigo.

Mientras tanto se confirmó una vez más que la escalada de casos de infectados por el coronavirus y el total de víctimas fatales sigue acelerándose en Brasil. Ya son al menos 391.222 alcanzados por la covid-19, y los muertos suman 24.512. Más aún, aún con 807 muertes en 24 horas el pasado lunes, Brasil pasó a ser el país con más muertes diarias en todo el mundo, superando a EE.UU., que ese día tuvo 620. El martes la cifra de muertes en Brasil volvió a crecer, llegando a 1039. Además, se conoció el resultado de un estudio de la Universidad de Washington, EE.UU., que indica que a principios de agosto Brasil habrá superado la marca de 125.000 víctimas fatales.

Al aluvión de noticias graves se suma la ausencia absoluta de una acción conjunta entre el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro y los gobernadores provinciales. El ministerio de Salud sigue sin un titular: el general Eduardo Pazuello ocupa el puesto interinamente desde el 15 de mayo. Su primera y hasta ahora única iniciativa ha sido nombrar a una docena de militares, ninguno de ellos formados en medicina, para los puestos clave de la estructura ministerial.

A la vez, el presidente sigue rompiendo todas las reglas básicas dictadas por médicos, científicos y la Organización Mundial de Salud (OMS) al alentar las concentraciones de sus seguidores en la entrada del palacio presidencial, y al saludar y abrazar a esos seguidores casi a diario, incluso alzando bebés, todo sin tapaboca.  Todo mientras reitera sus ataques contra los que adoptaron medidas de aislamiento social, e incentiva a la población a desobedecer las determinaciones locales.

La furia presidencial se concentra principalmente en dos gobernadores, ambos precandidatos para las elecciones del 2022. Uno es João Doria, de San Pablo, la más poblada y rica provincia brasileña. El otro es precisamente Wilson Witzel, de Rio.

El pasado viernes el país asistió, perplejo, al video registrado durante la reunión ministerial del día 22 de abril. Bolsonaro calificó allí a Doria como "una bosta" y a Witzel como "estiércol". Menos de 48 horas después, el entonces ministro de Justicia Sergio Moro renunció al puesto, acusando al ultraderechista de forzar una intervención en la Policía Federal de Rio de Janeiro para proteger a sus hijos de investigaciones en curso. Con la salida de Moro la dirección regional de la PF en Rio fue cambiada.

Lo ocurrido este martes refuerza, y mucho, la sospecha de que además de proteger a sus tres hijos, que actúan en la política, Bolsonaro también pretendía apretar el cerco alrededor del gobernador, elegido con el pleno respaldo del clan de la familia presidencial.

Por más sólidos que sean los argumentos de la fiscalía pública enviados al despacho del magistrado del Superior Tribunal de Justicia en Brasilia, parece inevitable que los fuertes vínculos de los Bolsonaro con la nueva dirección regional de la PF transformen las acciones del martes en herramientas para manipulaciones politizadas de parte del presidente y de su grupo más cercano.

Además, vuelven a la superficie fuertes indicios de que tanto Bolsonaro y su entorno, como la diputada nacional igualmente ultraderechista Carla Zambelli, mantienen canales paralelos a través de los cuáles reciben información interna de la Policía Federal.

El lunes, un día antes del operativo contra Witzel, en una entrevista radiofónica, Zambelli dijo "tenemos balas listas para ser disparadas" y agregó: "algunos gobernadores están en la mira de la Policía Federal". Al ser preguntado sobre el operativo realizado en Rio, Jair Bolsonaro dijo que todavía no estaba informado a fondo, pero felicitó a la Policía Federal.

Quizá previendo que podrá ser el blanco siguiente de acciones semejantes, João Doria, gobernador de San Pablo, denunció lo que tildó de preocupante "escalada autoritaria" de parte de Bolsonaro.