“La Comisión estuvo muy interesada en saber por qué el Estado argentino decidió retroceder como lo hizo en política migratoria y los representantes del Estado no supieron responderle”, resumió Diego Morales la audiencia en la que organizaciones defensoras de los derechos de migrantes explicaron los efectos “nocivos” del DNU 70/2017 con el que el Gobierno de Mauricio Macri modificó la ley nacional de migraciones y representantes del Poder Ejecutivo “no pudieron” justificarlo.
–¿Cuán importante fue la audiencia para modificar la actitud argentina en el plano de política migratoria?
–Hay que entender por qué la CIDH llama a esta audiencia de oficio. En su momento, tuvo un rol fundamental en la elaboración de la ley migratoria argentina que el DNU vino a cambiar, que estuvo alineada a la protección de los derechos humanos, y el principal plano en el que el DNU retrocede. Es importante que siga interesándose la CIDH en este tema, y a su vez es un refuerzo, una confirmación, de lo que venimos planteando desde que amagaron con las modificaciones: que con ellas, Argentina vuelve a un modelo de regulación que Argentina había superado y ese modelo se concentra en reducir las garantías procesales de acceso a la Justicia que tienen los migrantes como solución a cualquier cosa.
–La CIDH consultó sobre motivos para modificar la ley y motivos para hacerlo vía DNU, y ustedes evalúan que no cumplió con ninguna de las consultas. ¿Por qué?
–Las preguntas tuvieron que ver con pedirle explicaciones al Estado que no aparecieron. No explicaron cómo y en qué datos se basaron para definir que los inmigrantes inciden en las estadísticas carcelarias ni mencionaron razones para no debatir el tema en el Congreso. Es más, nos sorprendió que no hayan dado las explicaciones que dan a nivel nacional. No hablaron de delincuencia ni de crimen organizado. No lo plantean porque saben que es una explicación falaz. Lo único que dijo García fue que los procesos tardaban mucho y nosotros contestamos que por qué la solución a una cuestión administrativa había sido castigar al migrante, despojarlo de derechos. Tampoco contestaron. Esperemos que la comisión tome nota.