La jueza de Casación Penal declaró en la causa que investiga la "mesa judicial" macrista

Lawfare: Figueroa identificó a Mahiques como el funcionario que la presionó

En la declaración, realizada bajo juramento, la magistrada dijo que ella y otros jueces que no eran del agrado de Cambiemos fueron mostrados por algunos medios como candidatos a ser removidos.

En una declaración testimonial por escrito, la camarista de Casación Penal Ana María Figueroa denunció que el exsubsecretario de Justicia, Juan Bautista Mahiques, la fue a ver a su despacho en Comodoro Py a los cinco días de la asunción presidencial de Mauricio Macri para que apurara la firma de un fallo que dejara firme la inconstitucionalidad del Memorándum con Irán. La jueza sostuvo que en el momento no tomó dimensión de lo ocurrido, pero que con el tiempo concluyó que ella había sido la “primera víctima del lawfare” y que la visita de Mahiques, actual fiscal general porteño, fue “la iniciación de un proceso con pretensiones de condicionar las decisiones de los miembros el poder judicial y en mi caso en particular”. A lo largo de su presentación relata cómo, desde aquel entonces, no sólo ella sino otros colegas que no eran del agrado de Cambiemos, eran mostrados por algunos medios en listas negras como candidatos a ser removidos y, en efecto, se les iniciaban denuncias de cualquier tipo. A Figueroa en particular le mantuvieron pedidos de juicio político abiertos durante tres años, a modo de presión permanente que era reforzado –o incluso generados– con publicaciones periodísticas.

Figueroa tuvo que dar testimonio en una causa que está delegada en el fiscal Ramiro González –a cargo del juez Sebastián Ramos–, que investiga la llamada “mesa judicial” del gobierno de Mauricio Macri, un grupo de funcionarios y operadores que se sospecha tuvieron fuerte incidencia en tribunales, tanto en las decisiones –que, como es conocido, atacaron a Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios– como en las presiones para sacar jueces y juezas y designar personas de su confianza. Es lo que la jueza define como lawfare o mecanismo de hostigamiento constante y sistemático, mediante un complejo despliegue de un aparato partidario, mediático e institucional.

Mahiques es, según el primer dictamen de González, uno de los imputados. Los demás son el propio expresidente Macri, el exministro de Justicia Germán Garavano, el exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, los exfuncionarios José Torello y Pablo Clusellas, el extitular de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas y otros operadores judiciales. La denuncia inicial estuvo centrada en declaraciones que Figueroa había hecho al programa de radio Toma y Daca, que conduce el periodista Mariano Martín, donde aludió a las presiones pero no especificó si hablaba de Mahiques. Luego otros jueces (como Luis Raffaghelli y Martina Forns) comenzaron a relatar situaciones similares sufridas por ellos y por otros. Por eso un grupo de senadores/as y diputados/as del Frente de Todos hizo otra denuncia que generó una causa de mayor magnitud. Los delitos que plantean son asociación ilícita, amenazas coactivas agravadas, abuso de autoridad y tráfico de influencias. Habrá que ver si los investigadores entienden que los mecanismos de persecución y condicionamientos implementados, que resultan un verdadero escándalo político e institucional, tienen correlato en alguna figura penal. El próximo paso, probablemente sea que cite a otros jueces y jueza a dar testimonio.

La visita

Cuando Figueroa habló por radio fue Cristina Fernández de Kirchner quien inmediatamente asoció en un tuit al funcionario del que la jueza hablaba con el nombre de Mahiques. El actual fiscal porteño respondió, también en Twitter: “Me gustaría que la doctora Figueroa aclarase que jamás acudí a su despacho y que no existió el intercambio que se insinuó hoy” (en la entrevista radial). “Lamento que se falte a la verdad en un contexto como el que estamos viviendo”, añadió.

La declaración de Figueroa es bajo juramento y allí asegura que la visita existió. “Es la estricta verdad”, enfatiza. Dice que fue el 15 de diciembre de 2015. Era una reunión más bien institucional: ella había convocado a una especie de acto por el balance de su gestión como presidenta de Casación para el 21 de ese mes y se suponía que coordinarían la presencia de Garavano. Pero, relata la jueza, Mahiques le puso como condición que antes se dictara una sentencia que dejara firme la inconstitucionalidad del Memorándum con Irán. La Cámara Federal lo había invalidado y la apelación del gobierno de CFK lo llevó a Casación. Macri llegó y se retiró ese planteo y Mahiques le pedía que se diera por desistido el caso. “Que no venga si no quiere”, asegura Figueroa que le espetó a Mahiques sobre la presencia de Garavano al evento.

“Para mi sorpresa me preguntó cuánto iba a demorar en sacar” la sentencia de “la causa conocida como la de la inconstitucionalidad del Memorándum con Irán (…) como no es habitual que un funcionario del Poder Ejecutivo pregunte por un proceso en trámite, donde el Estado Nacional era parte, sorprendida le respondí que a tenor de la independencia del Poder Judicial y el principio republicano de división de poderes, no entrara mi despacho a hacer ese tipo de preguntas”, declaró Figueroa. La sentencia que cerró el tema Memorándum como esperaba el Gobierno la firmaron Angela Ledesma y Juan Carlos Gemignani, pero ella no.

La jueza declara que en ese entonces no tomó el episodio como una coacción ni le dio entidad como para denunciarlo. “Pero nunca imaginé que a los siete meses de dicha visita, en julio de 2016, me iniciaran tres abiertamente infundadas denuncias que, sin méritos ni pruebas se mantuvieron latentes durante más de tres años hasta”, agrega la presentación. Al final fueron archivadas sin que se probara ninguna irregularidad. El detalle, para nada menor, es que quien instruyó esos expedientes en el Consejo de la Magistratura fue el mismo Mahiques. ¿De qué la acusaban? De supuestas irregularidades en dos dependencias de la Cámara de Casación (donde había personal trabajando en condiciones de hacinamiento); por iniciar un sumario administrativo a un funcionario del tribunal; por sus gestiones para incorporar material tecnológico para video conferencias, lo que para colmo se había hecho dentro de un convenio que había firmado el Consejo, donde estaba Mahiques.

La pata mediática

Un denominador común que la jueza advierte en su caso y de otros jueces y juezas es que algunos medios de comunicación “publicaban hechos falsos” que le atribuían “y luego se traducían en falsas denuncias en el Consejo de la Magistratura”. Para ella esto constituyó “un mecanismo de presión con clara pretensión de disciplinamiento”. Sobre la adquisición de tecnología, por ejemplo, se difundió “que eran regalos recibidos cuando eran producto de un convenio de colaboración interpoderes”. La querían vincular con el exministro Julio De Vido. Era, señala, “una metodología de persecución contra juezas/es y fiscalas/es que no los consideraban ‘afín al gobierno’”. Ella soportó las denuncias pero otros jueces, dice, aceptaron traslados o se jubilaron, como los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero. Las formas de reforzar esta campaña, dijo, era calificándola como “la jueza K o kirchnerista o de Justicia Legítima”. Y hasta Macri hizo alusiones públicas críticas a ella.

Figueroa sugiere que otro asunto a mirar es la causa que instruye Rodolfo Canicoba Corral donde aparecen decenas de jueces federales “espiados” en sus entradas y salidas del país: algún organismo pide informes sobre ellos sin haber ninguna causa o pedido administrativo. Ella figura entre las personas observadas. También dice que, como maniobra general del gobierno de Cambiemos sobre el sistema judicial, no es novedoso lo que ella cuenta sino que ya lo detalló el relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Diego García Sayán, con detalles de numerosos casos también de fiscales.

 

Para ilustrar el circuito de amenazas de destitución con correlato en los medios, presentó una lista de 40 notas periodísticas y sus links. “Cuando Mahiques ingresó a mi despacho no dimensioné que sería este hecho puntual, el inicio de una persecución ideológica en mi contra por parte de terceras personas que se aprovecharon de un uso indebido del poder y de instituciones fundamentales, pilares de una sociedad democrática”, dice. “Las presiones descriptas –asegura– no constituyen producto de mi imaginación o susceptibilidad alguna durante el período de gobierno 10/12/2015 a 09/12/2019 con un accionar coordinado con cierta prensa con el uso de instituciones”.

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