La reciente resolución en contra de la Argentina en el caso YPF emitida por la jueza neoyorquina Loretta Preska dejó en los especialistas del caso un sabor agridulce. Por un lado, la jueza hizo lo esperado y rechazó el pedido de la Argentina para que la causa tramite en Buenos Aires y no en Nueva York. En consecuencia, el juicio, que es muy  importante porque puede implicar una indemnización de miles de millones de dólares en contra del país, seguirá en el Distrito Sur de Nueva York. Se esperaba que así suceda, aunque sigue siendo una mala noticia para la Argentina. Sin embargo, en su fallo Preska desestima rápidamente argumentos de tinte político emitidos por los demandantes y rescata algunos puntos de la defensa argentina. Por lo tanto, una lectura adicional del escrito es que la presencia de Preska implica un giro favorable en relación al fallecido juez Thomas Griesa, quien consideraba a la Argentina como un deudor recalcitrante y de mala fe, por lo cual se le atribuía “animosidad” en contra del país.

Quién es quién

A partir del fallo de Preska que definió la cuestión de “forma” ya que el juicio se va a desarrollar en los Estados Unidos, arranca el análisis de la cuestión de fondo. Este último punto consiste en que los demandantes reclaman una indemnización por la supuesta violación del estatuto de YPF en que habría incurrido en su momento el gobierno argentino, al no ofrecer comprar las acciones de YPF en poder de los accionistas minoritarios cuando se expropiaron las acciones clase D representativas del 51 por ciento del capital de YPF que eran propiedad de Repsol. En otras palabras, el gobierno argentino expropió y luego pagó a Repsol su parte del paquete accionario (51 por ciento) y con ello pasó a controlar la petrolera. Pero no se tocó la estructura accionaria del 49 por ciento restante de la petrolera. Resulta que la nueva política de no distribución de dividendos que aplicó el gobierno argentino en YPF afectó al Grupo Petersen, propiedad en su momento de la familia Eskenazi, quien tenía el 25 por ciento del capital social de YPF y presentó la quiebra en España.

Allí aparece el fondo inglés Burford Capital Limited, que compró en la Justicia el control de los derechos litigiosos del Grupo Petersen y así impulsa y financia desde 2015 el juicio contra la Argentina. En 2016, se sumó a esa demanda el fondo Eton Park, con sede en Nueva York, que había invertido en YPF 448 millones de dólares, con lo cual era el tercer accionista detrás de Repsol y de Petersen.

Argentina va de visitante

Las acciones en poder del Grupo Petersen y de Eton Park eran ADR de YPF, que son títulos de empresas no norteamericanas que cotizan en Wall Street. De ahí que los demandantes se hayan presentado en su momento ante los tribunales de Nueva York. En 2016, Argentina planteó un cambio de sede del juicio, argumentando una supuesta falta de competencia de Nueva York en cosas que atañen a una sociedad comercial argentina. Además, el país insistió en que incluso si fuera competencia de Nueva York, el foro más conveniente para dirimir este tema sería el argentino, que conoce mejor su legislación y tiene acceso más ágil a testigos y documentación. El planteo del país fue rechazado ese mismo año por la jueza Preska, porque entendía que el tema sí era competencia norteamericana. Adicionalmente, hizo lugar a un planteo de Burford que decía que en Buenos Aires había un juicio en curso en contra de este fondo (por otro tema, no YPF), con lo cual los abogados corrían riesgo de quedar detenidos si ingresaban al país. La Cámara de Apelaciones ratificó el fallo y la Corte Suprema no lo tomó.

Ahora bien, en 2019 aquel juicio paralelo contra Burford se cerró y entonces Argentina le volvió a plantear a Preska el cambio de foro, en virtud de la nueva situación. En el medio, cambió el gobierno argentino. La nueva administración presentó en enero un escrito siguiendo a grandes rasgos las pautas planteadas meses atrás por la gestión previa. Lo hizo porque no correspondía abandonar la instancia judicial pero además, porque estaba la intención de responder a los nuevos argumentos de Burford. Resulta que el demandante ahora decía que con la “vuelta del kirchnerismo” no tenía garantías de que la Justicia argentina fuera independiente, por lo cual reafirmaba su voluntad de seguir el juicio en Nueva York. Días atrás, la jueza Preska resolvió mantener el caso en su poder. El juicio se dará en Nueva York pero analizando la legislación argentina, que nadie duda que es la que aplica porque está en discusión el Estatuto de YPF.

“Mejor parados”

Es una mala noticia el hecho de que el juicio va a tener lugar en Nueva York. Aunque esperada, no deja de ser negativa. Sin embargo, hay algunas señales que permiten a fuentes que conocen el caso decir que la defensa argentina está mejor parada de lo que estaba con Griesa. Es que al referirse al argumento político de los demandantes sobre la supuesta falta de independencia de la Justicia argentina, Preska dijo que "el demandante solo ha demostrado que tal vez sea posible, sobre la base del apoyo del partido a ciertas políticas, que el nuevo gobierno kirchnerista intente socavar el poder judicial argentino en algún momento indefinido del futuro, y no que el poder judicial sea actualmente incapaz de resolver esta controversia", dice el fallo. "La especulación de que la Argentina pueda convertirse en un foro inadecuado en algún momento del futuro no es suficiente", agrega. Preska concluye que si bien el fuero argentino "es una jurisdicción alternativa adecuada", "hay razones más convincentes para dirimir este caso en Nueva York". Para la gente cercana al caso, el fallo demuestra que si bien Preska forma parte central del sistema judicial neoyorkino, tradicionalmente amigable con los inversores, se trata de una "jueza seria que estudia los casos y que no presenta una posición radical en contra de la Argentina, como si tenía Griesa (su predecesor)". Esto es muy  importante porque Preska también lleva un juicio contra el país por el Cupón PBI, tiene holdouts que quedaron fuera de todos los canjes antes y puede llegar a tener nuevos holdouts de la actual reestructuración.