El juez federal Rodolfo Canicoba Corral pidió al gobierno uruguayo la extradición de Sebastián Romero, conocido como "el hombre del mortero", por su participación en las manifestaciones contra la reforma previsional de Mauricio Macri. La solicitud fue presentada a través de Cancillería.
Los organismos de derechos humanos y el Partido Socialista de los Trabajadores Unificados (PSTU), al que pertenece, piden su inmediata liberación porque lo consideran un preso político.
Romero estuvo dos años prófugo antes de ser atrapado semanas atrás en la localidad uruguaya de Chuy, cerca de la frontera con Brasil. Su imagen disparando frente al Congreso con un mortero atado a un palo contra la Policía fue una de las postales más virales de las manifestaciones contra el recorte jubilatorio macrista.
Sobre el acusado pesaba un pedido de captura internacional y hasta una recompensa del Ministerio de Seguridad, dado que Romero se había fugado tras la imputación de la fiscal Alejandra Mangano, por los delitos de intimidación pública y resistencia a la autoridad. El video de Romero disparando hacia las fuerzas policiales en medio de la represión contra los manifestantes de aquella jornada fue uno de los elementos que desataron la imputación y su posterior pedido de captura.
En febrero de 2018, el Ministerio de Seguridad, entonces dirigido por Patricia Bullrich, había emitido una circular roja de Interpol, en tanto que la Policía Federal había difundido cerca de diez identikits sobre cómo podría verse Romero para permitir su reconocimiento.
La orden de detención había sido librada por el juez federal Sergio Torres. Los abogados defensores habían presentado un recurso de apelación en primera y segunda instancia, pero ambos fueron rechazados, Después, la Cámara de Casación Penal declaró inadmisible el recurso por el que se había intentado impugnar el fallo previo de la Cámara Federal porteña.
El hombre fue capturado recientemente por policías uruguayos , en el marco de una investigación del área de Interpol de la Policía extranjera en colaboración con sus pares argentinos de la Policía Federal.
