A raíz de las reacciones provocadas por la expresión "desahogo sexual"

El debate abierto por la violación en Chubut

El acuerdo aceptado por Rivarola, el pedido de la víctima, el "linchamiento mediático" del fiscal (Rita Segato dixit), el lenguaje patriarcal y cosificante... Reflexiones de las que se reconocen feministas y de la sociedad en general.

En el quinto aniversario del primer #Niunamenos se filtró la información de que un fiscal había hablado de “desahogo sexual” para referirse a una violación en grupo a una adolescente producida en Chubut. El uso de la expresión provocó el repudio inmediato y unánime no solo de quienes estudian, militan y trabajan en violencia contra las mujeres sino del resto de la sociedad. El lenguaje usado por el fiscal fue apenas la punta del iceberg a partir de la cual surgieron otros cuestionamientos al sistema judicial penal en casos de violencia de género: ¿Se puede llegar a un juicio abreviado en delitos de gravedad? ¿El sistema judicial tiene que hacer lo que la víctima quiere? ¿Qué pasa con las condenas ejemplares, qué pasa con que los agresores no repitan los hechos? También surgieron preguntas sobre los derechos de las víctimas: ¿Deciden con autonomía? Aquí algunas expertas desenmadejan un complejo entramado.

La violación grupal de la chica de 16 años ocurrió en Chubut en la primavera de 2012, pero ella la hizo pública en 2019, cuando tenía 23 años. Estaban implicados seis hombres, pero tres fueron sobreseídos y quedaron tres acusados. El fiscal Fernando Rivarola acordó juicio abreviado y liberación de los acusados. Todo esto se difundió el 3 de junio, día en que desde hace cinco años se dice Basta a la violencia contra las mujeres. El escándalo mediático y por redes fue inmediato. El 5 de junio, en un artículo publicado en la revista La Garganta Poderosa Rita Segato consideró al hecho como una “provocación”. Días más tarde pidió disculpas por el “linchamiento mediático” al que se había llegado y explicó que si bien el uso del término no era apropiado, el fiscal lo había usado “como figura de acusación, para agravar, no para morigerar la pena. Hemos linchado a un fiscal que hizo actuar a la justicia de la manera correcta.”

Muchas feministas se enojaron con Segato. Pero más allá de las posturas dentro de los feminismos, la indignación generalizada trascendía espacios. Pronto se supo que la joven pedía que se dejara de viralizar el caso, que ella quería cerrar el tema sin ir a juicio. Entonces aparecieron nuevos planteos: ¿pero cómo, la víctima realmente quiere eso o fue presionada para que nadie fuera preso? ¿El sistema judicial tiene que hacer lo que la víctima quiere? ¿Qué pasa con las condenas ejemplares, qué pasa con que los agresores no repitan los hechos? Mientras el debate escalaba, el juez de la causa no sólo rechazó el acuerdo propuesto por el fiscal Fernando Rivarola, sino que consideró “repugnante” que se esté propiciando una “reparación económica” para callar a la víctima. Lo último que se supo es que el jueves el fiscal escrachado impugnó la decisión del juez por considerar que “cosificó a la víctima con un estándar de moralidad basado en estereotipos patriarcales y machistas absolutamente repudiables, dejándola en un total desamparo, revictimizándola y desoyendo su opinión”.

Las expertas consultadas por Página/12 hablaron de las implicancias del caso. Por si todavía hubiera dudas, aclararon que la expresión “desahogo sexual” no es una figura jurídica sino una vieja interpretación doctrinaria de algunos autores. Nelly Minyersky, experta en Derecho de Familia, consideró que “aunque lo haya usado de manera adecuada, es completamente inoportuno y tiene que ver con la ideología el uso del lenguaje. Es un lenguaje caduco. Por algo los sectores más oscurantistas se oponen a un cambio en el lenguaje. Esto muestra cómo hemos terminado en situaciones tan complejas. Porque el hecho de habernos considerado discapacitadas, el hecho de ponernos en el lado de lo que no se habla, produce estas situaciones”. Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), dijo que “necesitamos transformaciones muy profundas en las miradas, en la forma de considerar los delitos. Seguir hablando en estos términos… El mensaje social en definitiva fue ‘sigan violando que no pasa nada’. Más allá de que no fuera la intención del fiscal, lo que dicen los fiscales tiene transcendencia en la comunidad”. Para Ana Casal, experta en violencia de género e Integrante de la Red de Mujeres para la Justicia, “no hubo reflexión sobre la terminología que estaba usando porque está normalizado por el patriarcado. Actuó con su sentido común. Hay que alejarse de eso porque el sentido común es patriarcal. Hay que trabajar con sensibilidad de género”.

Más allá del problema del lenguaje, el caso permitió sacar a la luz varios aspectos que están en juego en los casos de delitos sexuales. Por un lado, el tema de las salidas alternativas vinculadas a estos delitos. “Hay una discusión fuerte sobre si está bien que se abrevien los procesos para descomprimir los sistemas judiciales. El fallo Góngora (2013) lo prohibió para los casos de violencia de género. Esto es porque en su momento los casos de violencia de género no se le asignaban ningún valor y había que revertir esa situación de falta de respuestas. Eso es un problema para el sistema de justicia. Porque el número de casos es enorme y el peligro es que siga siendo una no respuesta a las víctimas. De hecho el fallo Góngora, paradójicamente, es uno de los ejemplos: es un caso de violencia sexual simple contra dos mujeres, ellas querían el juicio abreviado o reparación económica, la Corte les dijo que no y la causa prescribió”, explicó Labozetta. Entonces, para la fiscal, tomar posición prohibicionista de las salidas alternativas es un problema en general. “Dicho esto, se ponen en juego muchas cosas. Cuando las víctimas quieren abreviar porque no quieren seguir adelante con el juicio también tenemos que pensar por qué no queremos seguir en los procesos las mujeres, por qué el sistema sigue siendo tan hostil. O sea, para que la herramienta sea legítima, tiene que haber condiciones. Que la persona tome la decisión de manera libre y autónoma. Tenemos que cambiar la mirada sobre las víctimas del delito, no siempre están en condición de vulnerabilidad y no tienen capacidad de decisión; son autónomas que toman decisiones autónomas”. En el mismo sentido, Casal dijo que “no todas las mujeres sobrevivientes de estos delitos van a actuar de la misma manera. Hay que estar atentas a las particularidades, si una mujer llega con redes de apoyo suficientes, ella puede tomar decisiones. Otra cosa es cuando desde la justicia se la presiona para ir a un juicio abreviado porque la mujer no tiene apoyos, información, para decidir. No hay que aplicar mecánicamente ninguna de las dos salidas”. Una mujer puede querer abreviar el juicio, consideró Minyersky “el problema es que habitualmente las mujeres que sufren malos tratos desisten. Ahí está el poder judicial que tiene que verificar qué pasa con ese desistimiento, si es real. La justicia tiene que trabajar muchísimo con las víctimas para ver si hay autonomía o no”.

Una vez aclarado este punto, lo que quiere la víctima es rector en estos casos. “Los delitos sexuales son de instancia privada y no podés avanzar si la víctima no quiere. Hay otros delitos que son de instancia pública. Por ejemplo, los delitos de femicidio, en los que el sistema tiene mucho para hacer en términos de mejorar la justicia desde una mirada de género y lograr la condena social a este tipo de criminalidad”, apuntó Labozetta. La fiscal aclaró que estas alternativas de justicia tienen que lograr una reparación para las víctimas, y no ser la única salida a la violencia de género, es decir, no retroceder al paradigma anterior.

Muchas veces se desiste de ir a juicio porque se dice que es difícil conseguir las pruebas. En este punto para Labozetta también hay mucho por cambiar: “Hay algo relacionado con el valor probatorio del relato de la víctima. Se exige más a la víctima de violencia. En términos de verosimilitud del testimonio, a priori se lo pone en dudas, cosa que no pasa con otros delitos. Esto se advierte por la forma en que se valoran y segundo por las prácticas judiciales que se desencadenan. Los test de fabulación que se usan para las víctimas de violencia de género no se hacen para otros delitos. Eso no pasa en un delito de estafa, de robo de automotor, de narcotráfico”.

La justicia desalienta. Facilitar el acceso de las mujeres a la justicia tiene que ver también con hacer que el Poder Judicial no expulse a las sobrevivientes, que las acompañe y las contenga. ”Hay que poner a las sobrevivientes en el centro de toda la actuación de la justicia y brindar todos los apoyos necesarios para asegurarnos que no sea revictivimizada por el propio sistema que tiene que protegerla”, dijo Casal. Para Minyersky no solo la justicia sino los medios victimizan: “La sociedad todavía está impregnada de oscurantismo. Es un cambio muy profundo el que se necesita”.  

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