El gobierno deberá definir la semana próxima el precio de los combustibles en surtidor que regirán a partir de abril, conforme al “acuerdo de transición” vigente para este año. Anticipadamente, los expendedores de combustibles y las firmas refinadoras comenzaron a hacer presión a favor de que el aumento resultante sea mayor al que surgiría de la fórmula prevista en dicho acuerdo. El titular de Cecha (expendedores) planteó que el incremento debería definirse a partir de la inflación doméstica en el trimestre, que se acercaría al seis por ciento. En tanto, algunas empresas refinadoras ya le habrían hecho llegar al gobierno, según la versión que dio un medio especializado, la sugerencia de aplicar un aumento del 3 por ciento a modo de “recomposición” de precios que aún consideran muy atrasados. 

 Si el ajuste se atuviera a la fórmula del acuerdo, prácticamente no correspondería tocar el precio de los combustibles, ya que tanto el valor del barril en el mercado internacional, como el precio del dólar en la plaza cambiaria han descendido desde el 31 de diciembre pasado a la fecha. En tanto, desde la cartera energética se señalaba, ayer, que “todavía no hay ninguna resolución tomada, se va a esperar a fin de mes para ver el comportamiento de todas las variables, y en función de ello se va a aplicar la fórmula acordada”. Preventivamente, el titular de la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), Carlos Gold, sugirió que “lo más razonable” sería un aumento del cinco por ciento a partir de abril. “Del lado del estacionero se hace necesario implementar un aumento paliativo, porque es la única manera que tenemos de recomponer utilidades”, se atajó el dirigente empresario, que admitió que “si consideramos el valor del crudo y el tipo de cambio, en el primer trimestre no hubo modificaciones hacia arriba, sino pequeños ajustes hacia abajo”.

 El acuerdo de transición fue planteado por el gobierno como un mecanismo de alinear los precios locales con los valores internacionales. La política petrolera de los últimos tres años y medio del kirchnerismo (a partir de la renacionalización de YPF) tenía como eje desligar los precios locales de los internacionales, para promover el autoabastecimiento sin depender de las violentas oscilaciones del mercado mundial. La política promovida por el actual gobierno va en sentido contrario, pero justo en una etapa de bajos precios internacionales del crudo. 

 El acuerdo establecía que, a partir del 1º de abril de 2017, se dispondría un ajuste trimestral en función del aumento del precio del crudo en el mercado local, ya fuera por el incremento en el barril en el mercado mundial o el aumento del tipo de cambio. Además, podría adicionarse un incremento extra por la variación del precio de los biocombustibles (hasta la proporción que tienen en surtidor por corte obligatorio) y “un componente fijo adicional del 2,5 por ciento en las naftas y 1,5 por ciento en el gasoil”. Es decir, que de todos estos elementos el único que podría aplicarse a favor de un incremento de los precios en surtidor es el último.

 En el sector empresario se analiza plantear la necesidad de resolver aumentos ahora, “por cuestiones políticas”, previendo inconvenientes para hacerlo en los trimestres siguientes, con la fecha de las elecciones más próximas. No se descarta que este elemento sea parte de las negociaciones en los próximos días, entre empresarios petroleros y funcionarios del Ministerio de Energía.