En una carta pública la definieron como una "medida histórica" que beneficiará al pueblo

Vicentin: dirigentes políticos, gremiales, sociales, de derechos humanos e intelectuales respaldan la intervención a la cerealera

Un grupo de dirigentes políticos, gremiales, de organizaciones sociales y de derechos humanos celebraron la decisión del presidente Alberto Fernández de intervenir Vicentin y enviar al Congreso un proyecto de expropiación, al tiempo que manifestaron su “convicción y militancia por una Vicentin pública no estatal, con control social” y reclamaron la participación de cooperativas, productores y trabajadores en su directorio.

La carta que encabezan con su firma el economista Claudio Lozano, actual director del Banco Nación, el periodista y escritor Mempo Giardinelli y el ex titular de la Federación Agraria, Pedro Peretti, califica la decisión del gobierno como “irreprochable desde todo punto de vista” y la considera “la más trascendente tomada por un gobierno democrático en política agraria desde 1983”. ”Porque es una medida histórica que bien implementada producirá enormes beneficios para el pueblo argentino, estamos convencidos de que habrá que sostenerla en el tiempo, lo que es, desde ahora mismo, una tarea de todos/as”, señalan políticos como Pino Solanas, Fernanda Vallejos, Gabriel Mariotto, Leopoldo Moreau, Victoria Donda, Alcira Argumedo, Itai Hagman, Leonardo Grosso María Inés Pillati y Rubén Giustiniani.

Los dos meses de intervención de Gabriel Delgado son “claves para garantizar el mejor futuro del modelo agroindustrial del país”, advierten, y piden que se “vaya a fondo en cuanto a investigar y comunicar a la opinión pública las irregularidades encontradas y las por encontrar”. “Tan importante como investigar será comunicar todo lo que se encuentre dentro de esa autentica caja de pandora que son la empresa y grupo Vicentin y sus socias y conexiones, públicas o secretas”, señala el escrito que firman dirigentes gremiales como Daniel Yofra, Hugo Godoy, Víctor de Gennaro y Ricardo Peidro, y de organizaciones sociales como Juan Carlos Alderete, Daniel Menéndez y Juan Grabois.

A la par de la comunicación “objetiva y transparente” plantean la importancia de evitar “todo tipo de operaciones mediáticas como las que siempre organiza, patrocina y difunde la derecha política y económica”, y de alertar sobre las “tendientes a acotar la profundidad de la intervención con el oscuro fin de abrir paso a cualquier falsa ‘argentinización’ de la empresa”, hipótesis que ejemplifican con poner “a la cabeza a dos o más conocidos grupos monopólicos alimenticios nativos consociados, los que de ninguna manera serían parte de la solución sino parte del agravamiento del problema”.

En los últimos párrafos de la nota que también firman dirigentes de organismos de derechos humanos como Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, académicos como Ricardo Forster y Maristela Svampa, y periodistas como Alejandro Bercovich y Carlos del Frade, expresan su “convicción y militancia por una Vicentin pública no estatal, con control social”, que incluya en su directorio a “cooperativas, productores, trabajadores” y cuyo directores apliquen “un código de ética estricto que impida la renovación de mandatos en forma indefinida; la prohibición de nombrar familiares; la obligatoria declaración jurada de bienes; la asignación de sueldos que no excedan más de tres veces lo que gana un trabajador medio de la planta, y un compromiso estatal expreso de no nombrar a directores que tengan conflicto de intereses con la nueva Vicentin Pública”.

“La opinión pública argentina debe ser informada en detalle y en forma consistente: todo debe conocerse, todo debe informarse. La transparencia no se negocia, ni se declama, ni se cacerolea; se cultiva, practica y se ejerce. Como hicieron los mejores gobiernos democráticos y populares en nuestro país”, concluye.

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