"Los sesenta días que se abren con la intervención que encabeza Gabriel Delgado en Vicentin son claves para garantizar el mejor futuro del modelo agroindustrial del país", señala un documento público firmado por numerosas personalidades de la política y profesionales de diversas ciencias sociales, la economía entre ellas. "Celebramos la histórica decisión del presidente Alberto Fernández de intervenir la empresa Vicentin y de enviar al Congreso un proyecto de expropiación de la misma", dice la declaración, pero advierte a su vez sobre el riesgo de maniobras de una "falsa argentinización de la empresa, como podría hacerse --y ya se aprecian buenas razones para sospechar de ello-- poniendo a la cabeza a dos o más conocidos grupos monopólicos alimenticios nativos consociados, los que de ninguna manera serían parte de la solución sino parte del agravamiento del problema". 

Esta última advertencia alude a un proyecto alternativo de expropiación, con respaldo de sectores políticos y empresarios, que alienta a que se integren a la futura empresa mixta a firmas privadas que operan actualmente en la exportación de granos y sus derivados. Concretamente, apunta a sumar a Aceitera General Deheza (Urquía) y Molinos Agro (grupo Pérez Companc) para encabezar la futura gestión.

El documento va en línea con la postura que, desde el primer momento en que "el caso Vicentin" empezó a tomar estado público, sostuvieron el director del Banco Nación Claudio Lozano y el dirigente del movimiento agrario (ex director de FAA) Pedro Peretti, principales impulsores de la actual declaración. La posición que sostienen es reclamar una decidida intervención del Estado en el negocio de la agroexportación, espacio que define nada menos que el ingreso principal de dólares del país, el uso y destino de la mayor riqueza agrícola del país y, de manera indirecta pero no tanto, los precios internos en los principales rubros alimenticios. Proponen una empresa mixta que integre a productores, cooperativas y fuerza laboral, pero no a empresas privadas. 

La declaración elogia la decisión de intervenir y expropiar Vicentin, a lo que califica como "una disposición irreprochable desde todo punto de vista y, a nuestro criterio, la más trascendente tomada por un gobierno democrático en política agraria desde 1983". Agrega luego, "una medida histórica que, bien implementada, producirá enormes beneficios para el pueblo argentino, que habrá que sostener entre todos".

"Aspiramos –y no hay motivos para dudarlo– a que la intervención vaya a fondo en cuanto a investigar y comunicar a la opinión pública las irregularidades encontradas y las por encontrar. Y a la vez, tan importante como investigar será comunicar todo lo que se encuentre dentro de esa autentica caja de pandora que son la empresa y grupo Vicentin y sus socias y conexiones, públicas o secretas".

Advierte luego que, "en el mismo sentido queremos alertar acerca de cualquier tipo de operaciones tendientes a acotar la profundidad de la intervención, con el oscuro fin de abrir paso a cualquier falsa “argentinización” de la empresa, como podría hacerse –y ya se aprecian buenas razones para sospechar de ello– poniendo a la cabeza a dos o más conocidos grupos monopólicos alimenticios nativos consociados, los que de ninguna manera serían parte de la solución sino parte del agravamiento del problema. Sería como saltar de la sartén al fuego".

Además de Lozano y Peretti, aparecen entre las primeras firmas del documento los nombres de Mempo Giardinelli, Ricardo Forster (asesor del presidente de la Nación), Gabriel Mariotto (ex vicegobernador), Juan Grabois (dirigente social), Alcira Argumedo, Fernanda Vallejos (diputadas nacionales) y Daniel Yofra, dirigente nacional del gremio de aceiteros, junto a otros dirigentes sindicales. Entre los dirigentes santafesinos firmantes, se destacan los nombres de Carlos del Frade, Caren Tepp y Rubén Giustiniani.