El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, apeló la resolución por la que la jueza de Garantías 7 rechazó el pedido de prisión preventiva y ordenó la inmediata libertad del policía Elvio Rolando Aguirre, imputado por el delito de abandono de persona seguido de muerte en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de la investigación iniciada por el femicidio de Liliana del Valle Flores, cometido en diciembre pasado en un humilde barrio del pueblo de Cerrillos, cercano a la ciudad de Salta.

En el recurso de apelación el fiscal advirtió sobre el riesgo de que el policía entorpezca la investigación. A propósito, recordó que Aguirre borró los datos de la llamada telefónica en la que estaba distraído cuando el agresor de Flores burló su custodia e ingresó a la casa de la joven y la mató de tres tiros. Además, otro policía, Abel Córdoba, alteró el libro de guardia de la Subcomisaría del barrio Los Pinares. 

Torres Rubelt ratificó que se mantienen los riesgos procesales que invocó cuando pidió por primera vez la prisión preventiva de Aguirre, y sostuvo que estos riesgos habilitan que "se revoque la libertad otorgada, se disponga su detención y se ordene la prisión preventiva". Aguirre fue detenido el 10 de junio, y fue liberado el 12. 

Dijo que “la amenaza de pena resulta un indicio por sí mismo suficiente para sostener la procedencia de la prisión preventiva” porque, en caso de que Aguirre sea declarado culpable, “la pena a imponerse, será de cumplimiento efectivo", y "dicha expectativa, permite presumir la existencia de una idea elusiva en el imputado y pronóstico de fuga en el caso de disponer su liberación”.

Destacó que en la misma investigación fue imputado el cabo Abel Córdoba por el delito de "violación de medio de prueba, registros o documentos", lo cual, aseguró el fiscal, “no es un dato menor, por cuanto, de tal adulteración realizada en el Libro de Guardia de la Dependencia el mismo día de los hechos, surge con claridad manifiesta el intento de echar un manto de oscuridad sobre el verdadero transcurso de los hechos”.

Córdoba estaba de jefe de guardia en la Subcomisaría del barrio Los Pinares en el momento en el que alteró el libro de guardia. Este libro fue sometido a una pericia documentológica y se determinó que hubo una adulteración en el registro de las 6.40 del 24 de diciembre de 2019, la hora y el día del crimen. Ese registro era sobre las directivas que había dado la Fiscalía Penal de Cerrillos tras la denuncia realizada por Flores, quien fue agredida por su ex pareja, el policía Hedgar Exequiel Almirón, horas antes del femicidio. La joven, que tenía dos hijos pequeños con este hombre, denunció el hecho de violencia y la Fiscalía ordenó que tuviera una custodia. 

En el mismo sentido añadió que al ser un policía, Aguirre tiene mayor facilidad para acceder a informaciones y hasta para usar sus vinculaciones para obstaculizar la investigación.

El fiscal también discutió la afirmación de la jueza acerca de que la alteración del Libro de Guardia perjudica a Aguirre. Para Torres Rubelt, interpretar esa maniobra “como una artimaña casual por parte del personal policial de la dependencia, realizado en pos de deslindar responsabilidades de unos y agravar la de otros, peca en el mejor de los casos, de inocente”, porque es claro, añadió, que inmediatamente luego de producido el femicidio de Liliana Flores "se iniciaron las maniobras corporativas tendientes al borrar todo indicio de negligencia y desidia funcional del que pudiera haber quedado registro”.

Recordó en este punto que una pericia realizada en el celular de Aguirre arrojó que borró "intencionalmente" el registro de la conversación telefónica que estaba manteniendo en el momento en el que el asesino entró a la casa de la víctima, la mató de tres disparos con su arma reglamentaria y se suicidó. El fiscal aseguró que lo de Aguirre se trató de “una maniobra burda y grosera, tendiente a salvar su responsabilidad penal y funcional, y un entorpecimiento gravísimo de la investigación”.

Torres Rubelt advirtió que se sigue investigando la relación entre Aguirre y Almirón, pero que ya, con los elementos que hay hasta aquí en la investigación, se puede inferir objetivamente un peligro de entorpecimiento del proceso a través de posibles intimidaciones o agresiones a la familia de la víctima y testigos civiles, que podrían influir en sus manifestaciones. Y esto, dijo el fiscal, “convierte en imperiosa la necesidad de neutralizar toda posibilidad de que el imputado pueda por sí o a través de terceros, ejercer dichas presiones”.