Entre las numerosas pruebas del espionaje ilegal que están en poder del juez Federico Villena, hay una planilla de Excel que revela cómo se habría monitoreado a ex funcionarios y empresarios que estaban privados de su libertad. El cuadro en cuestión, además, tenía un “semáforo” (con rojo, naranja y verde), que simbolizaba los “objetivos” de mayor interés para la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y para los funcionarios vinculados al Servicio Penitenciario Federal (SPF) que se ocupaban de espiarlos. El ex titular de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens, que estuvo preso en la cárcel de Ezeiza por la causa de las fotocopias de los cuadernos, se encontró en la columna “naranja” cuando fue citado por el juzgado de Lomas de Zamora, el martes de esta semana. Las tareas de inteligencia sobre los presos son una pata clave de la investigación, y según lo que surge de la información que acopiaban los espías se sospecha que no sólo se habría plasmado en el penal de Ezeiza y el de Melchor Romero sino también en el de Marcos Paz. Llorens le informó al juez que su esposa y su secretario también fueron seguidos y amedrentados y que, en su caso particular, las mayores presiones que recibió fueron del fiscal Carlos Stornelli.

Llorens estuvo detenido durante ocho meses en Ezeiza. Después de ver el material que tiene el juez Villena pidió constituirse como querellante y que se dilucide si la AFI que dirigía Gustavo Arribas lo espiaba desde antes de quedar detenido, el 1 de agosto de 2018. Hasta ahora, al menos sobre él, el juzgado no tiene información sobre el contenido del espionaje. Pero el cuadro que pudo ver exhibe que tenían individualizados a los detenidos que estaban en el famoso programa que el macrismo bautizó como IRIC (Intervención para la Reducción de Indices de Corruptibilidad). La planilla, según informaron allegados a la causa a Página/12, contiene los nombres de los agentes penitenciarios asignados al seguimiento de cada uno de los presos. Eran, al parecer, integrantes de la llamada “Área 50” del SPF (que era el área de inteligencia, llamada Dirección de Análisis de la Información), que a la vez estaba vinculada con los principales protagonistas del grupo de whatsapp llamado “Súper Mario Bros”, de la AFI: Alan Ruiz, el jefe de operaciones y hasta ahora único detenido por espionaje a Cristina Fernández de Kirchner, Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge “el Turco” Sáez.

Los nombres de los detenidos estaban organizados bajo los colores de un semáforo, según el interés y la intensidad del seguimiento, que estaría vinculado ante todo con razones políticas. En algunos casos, según declaró un testigo de identidad reservada clave del SPF, se los intentaba “ablandar” para que se convirtieran en arrepentidos o aportaran información destinada a comprometer, principalmente, a la ex presidenta y actual vicepresidenta. Con el color rojo, algunos de los nombres señalados eran: el ex ministro de Planificación Julio De Vido, su mano derecha Roberto Baratta, los empresarios del grupo Indalo Fabián De Sousa y Cristóbal López, Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, Lázaro Báez y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Con el naranja/amarillo figuraban Llorens y otros ex funcionarios de segunda línea de Planificación presos en la causa de los cuadernos, el ex intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, el dirigente Fernando Esteche. Con verde aparecían, por ejemplo, Carlos Kirchner y Jorge Chueco, que fue abogado de Báez.

Aquel testigo protegido que brindó información sobre el espionaje carcelario, había comprometido también a algunos de los funcionarios del SPF: su ex titular, Emiliano Blanco, su colaborador Fernando Carra, Claudio Suriano, del Area 50, y Miguel Angel Perrotta, de Asuntos Internos. También había mencionado algunos de los presos que eran seguidos, como a Baratta, Chueco y también a Luis D’Elía. En allanamientos que se hicieron en los penales de Melchor Romero –donde estaban los presos de la barra de Independiente que declararon contra Hugo y Pablo Moyano— y en Ezeiza se encontraron elementos de “cableado”, o sea, micrófonos, cámaras y cables de transmisión de datos. También habían sido pinchados teléfonos públicos del penal, por orden del propio Villena, en una causa donde investigaba al narco Mario Segovia. Ahora hay sospechas de que a Segovia el SPF lo había trasladados con los presos de causas de corrupción para generar una excusa para escuchar las conversaciones, con el argumento de la peligrosidad de Segovia y el peligro de fuga.

Aquella intervención de Villena es parte de la argumentación que algunos espías usan para recusarlo e intentar llevar la causa a Comodoro Py, donde hicieron una denuncia ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi. En ese edificio, en otro juzgado, tramita una causa vinculada con el origen de la investigación de Villena: el intento de atentado contra el ex funcionario de Cancillería José Luis Vila, también exagente de la exSide, a quien le pusieron una bomba de trotyl en la puerta de su edificio. Ante Villena, un narco llamado Sergio Rodríguez, apodado Verdura, contó que desde la AFI lo había contactado el ex espía Facundo Melo para poner ese artefacto. Cuando el juez de Lomas de Zamora empezó a investigar a Melo, dio con toda la red de espionaje que salió a la luz. Por eso le pidió la causa sobre el atentado a Vila al juez Sebastián Ramos. Este aceptó mandarla, pero el fiscal Marijuán apeló. El último revuelo se originó porque el camarista Mariano Llorens resolvió hoy que esa causa quede en los tribunales porteños (ver aparte). Llorens es primo de Rafael Llorens, ahora víctima y querellante en Lomas. “Es muy llamativo que no se haya excusado este camarista para resolver. De hecho en la causa de los cuadernos no intervino en cuestiones vinculadas con su primo”, cuestionó el diputado Leopoldo Moreau, que sigue el tema de cerca porque preside la Comisión Bicameral que fiscaliza a los organismos de inteligencia y que está tomando declaración a los espías.

Rafael Llorens pidió en el juzgado de Lomas que el juez incorpore a la causa algunos datos puntuales, como por ejemplo que su esposa tuvo seguimientos durante el tiempo que él estuvo detenido y que le robaron el celular en el centro de Banfield (sólo eso, como si buscaran información del teléfono) y que además a su secretario el robaron el auto en la puerta del penal de Ezeiza cuando fue a visitarlo, el 17 de octubre de 2018. Exactamente lo mismo le había pasado al secretario del empresario De Sousa. También su pareja fue seguida, según denunció. Llorens estuvo preso por cuatro menciones de su nombre en los célebres cuadernos del chofer Oscar Centeno y fue enviado a juicio oral por el fallecido juez Claudio Bonadio pese a que ningún empresario confirmó su participación en la recepción de pagos ilegales y se le atribuyó una reunión en un hotel que conoció mucho después de la fecha señalada en el expediente. Si no recuperó antes la libertad, fue porque no accedió a “arrepentirse”, como les ofrecían en ese momento a los imputados. Llorens fue uno de los pocos que denunciaron en su momento abiertamente que habían sido presionados para comprometer a otros ex funcionarios y salir en libertad. En su caso, le dijo a Villena, no fue un funcionario del SPF quien intentó “ablandarlo” sino el fiscal Carlos Stornelli. Después de tenerlo arriba de un camión celular durante horas y horas lo llevaron a comunicarle que le rechazaban la excarcelación. Apareció Stornelli y le dijo: “contá todo”. Como no se convirtió en arrepentido quedó preso hasta principios de abril del año pasado.