El empresario Marcos Jacobo Levín está acusado por la detención y las torturas sufridas por 16 trabajadores de La Veloz del Norte en enero de 1977, en una maniobra que para la Fiscalía Federal, buscaba atemorizar a los empleados de la firma para anular las reivindicaciones laborales. Y para ello se aprovechó del aparato represivo estatal. 

En ese tiempo la empresa de transporte de pasajeros de media y larga distancia le pertenecía. Levín hizo una denuncia formal contra varios trabajadores de la firma aduciendo que eran parte de una defraudación a la empresa. La denuncia llegó cuando, a pesar de la dictadura, había gran actividad sindical dentro de la empresa. 

Esta acusación originó una seguidilla de detenciones, la mayoría de ellas en la ciudad de Salta, aunque también hubo detenidos en Tucumán luego trasladados a la Comisaría 4º, que por entonces funcionaba como centro clandestino de detención y torturas. Su jefe era el comisario Víctor Hugo Almirón, sin embargo, el comisario Víctor Hugo Bocos jugaba un papel principal porque, además de ser un oficial de la Policía de la provincia, cobraba un sueldo de La Veloz del Norte, y la firma había provisto un automóvil para la Policía.

Almirón, Bocos y el también policía Enrique Cardozo, están imputados en relación a estos hechos, junto a Levín y a quien era el jefe de Personal de La Veloz, Antonio Grueso, a quien la acusación señala como el conocedor de los trabajadores que confeccionó la lista para las detenciones. 

Después de una serie de idas y venidas en este proceso, el juez federal Julio Bavio citó a los acusados a indagatorias, y para sortear las restricciones por la pandemia, decidió que se hagan vía Skype. Levín fue convocado en cuarto lugar, ayer cumplió con la cita, pero decidió no declarar, en cambio, dijo que presentará un escrito respondiendo a las acusaciones y las pruebas que les fueron leídas. Para hoy está prevista la última indagatoria, a Grueso. 

Tras eso el juez tendrá que definir sobre la situación de Bocos, citado en primer término pero que no concurrió aduciendo no estar en condiciones "psiquiátricas"para hacer frente a este trámite. Si bien ese mismo día la Fiscalía presentó un certificado médico añadido a otro expediente en el que se afirmaba que su estado de salud no le impedía participar de una audiencia indagatoria, un último informe de Gendarmería Nacional sostiene que su estado de salud es de gravedad. 

En cambio, Almirón y Cardozo ya fueron indagados. Almirón fue en persona al Juzgado y negó las acusaciones, y Cardozo se negó a declarar. 

Una vez que se defina la situación de Bocos, señalado también como integrante del grupo de tareas que asesinó al estudiante Martín Cobos, la madrugada del 25 de septiembre de 1976, el juez ya estaría en condiciones de resolver en este trámite. 

Esta es la segunda causa por las detenciones irregulares de trabajadores de La Veloz del Norte. La primera es sobre la detención ilegal y las torturas a Víctor Cobos (hermano de Martín Cobos), que era chofer y delegado de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en la transportista. En su momento Bavio entendió que solo los actos en perjuicio de Cobos constituían delitos de lesa humanidad, y por lo tanto no estaban prescriptos, y desechó las demás denuncias de los otros empleados.

Entonces la acusación inicial, en la que estaban comprendidos todos los trabajadores detenidos en aquel momento, se dividió: la de Cobos siguió la instrucción y la del resto subió en alzada a tribunales superiores. Finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación concedió que debía realizarse la investigación y bajó el expediente para avanzar en la investigación que ahora está en proceso.

La causa por Cobos llegó a juicio, se dictaron condenas contra Levín, Almirón, Bocos y Cardozo pero la Cámara Federal de Casación revocó este fallo, y el expediente está ahora en la Corte Suprema.