Los Docentes Autoconvocados de la Plaza se sumaron al debate por el posible retorno a las clases presenciales en Salta y ayer dieron a conocer los resultados de una encuesta que realizaron a 2 mil trabajadores de la educación en todos los departamentos de la provincia. Los resultados evidencian distintas problemáticas como el miedo al contagio, el estado edilicio de las escuelas y el traslado de los alumnos, docentes, personal administrativo y ordenanzas.

La docente y vocera de prensa de los Autoconvocados, Sandra Nieva, sostuvo ante Salta/12 que en la consulta se destacaron tres ejes: la inseguridad sanitaria, la infraestructura de las escuelas y el traslado. “Es lo que más ruido hace al docente”, afirmó Nieva.

De la encuesta participaron todos los niveles educativos: inicial, primario, secundario, técnico y terciario. Sobre la posición que tienen los docentes respecto al retorno a clases el 52,3% consideró que hoy las condiciones no están dadas y que debe darse cuando finalice la pandemia. Un 20,4% dijo que se debe volver en septiembre y un 13,8%, en agosto. El resto dijo que un retorno es posible con la existencia de una vacuna o a partir de 2021. 

En el primer caso, “con la inseguridad (en materia de salud e higiene) que hay, muchos docentes tienen temor de transmitir el virus a sus familias, de enfermarse, de ser vehículo de circulación o inclusive de generarlo dentro de las mismas instituciones educativas”, explicó la vocera. En este sentido, el 38,5% aseguró que pertenecía a un grupo de riesgo y que por lo tanto, deben seguir resguardándose hasta que se supere la emergencia socio sanitaria. Lo que lleva a que el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta deba cubrir las suplencias.

Si bien tanto la Nación como la Provincia señalan que existiría un posible regreso en septiembre solo para los últimos años del nivel primario y secundario, los autoconvocados no dejaron este planteo de lado. Para arrancar con las clases presenciales, los docentes consideraron que el gobierno, sea nacional o provincial, debe garantizar a través de una ley o decreto la eximición de responsabilidad civil a docentes y directivos por posibles contagios.

Además, expresaron que la modalidad de asistencia se debe dar en grupos reducidos y que las clases presenciales deben ser dos veces a la semana. No obstante, Nieva afirmó que aquí se presentaba un doble desafío porque además del retorno a las aulas también se continuaría con la modalidad virtual.

Nieva señaló que el objetivo de la encuesta es poder “contribuir para que haya menos casos y se tengan en cuenta puntos para que no afecten a la comunidad educativa”. “Estamos en una situación tremenda e inusual y creo que estamos siendo ciudadanos responsables como colectivo docente”, sostuvo. Los resultados serán presentados al ministro de Educación, Matías Cánepa y al resto de las autoridades educativas. 

Escuelas no aptas

En lo referido a las condiciones edilicias el 48,5% dijo que la infraestructura de sus escuelas es regular, el 26,2% sostuvo que es buena, el 21,7% afirmó que las condiciones son malas y solo el 3,6% dijo que sus establecimientos están en muy buenas condiciones. En Salta, hay un total de 890 escuelas en todo el territorio.

“El tema es la cuestión del agua, la condición de los baños y la posibilidad de mantener la vigilancia de la limpieza y la bioseguridad, y entendiendo que hay una gran carencia de ordenanzas en las distintas instituciones”, sostuvo Nieva.

Bajo esta premisa se desprenden dos resultados destacables. El primero: el 80,5% dijo que su institución no es adecuada para lo que se exige en un posible protocolo de prevención de la Covid-19. Esto, teniendo en cuenta la garantía de insumos, como alcohol en gel y los servicios básicos para mantener la higiene. 

El segundo punto refiere directamente a la cuestión de las aulas. Se les preguntó a los docentes si cada edificio tenía aulas que aseguren el distanciamiento social. El 44,7 % afirmó que no cuentan con el espacio necesario, un 42,5 % sostuvo que se podían tener hasta 10 alumnos por aula. Y el porcentaje restante afirmó que podían llegar a ser hasta 15 estudiantes.

A este planteo también hay que sumar el personal de maestranza necesario para la garantía del cumplimiento de los protocolos. El 52,6 % de la docencia dijo que existe un personal de maestranza por cada 100 alumnos, el 22% dijo tener uno cada 200 estudiantes, el 16,8% apuntó a un ordenanza cada 300 alumnos y el 8,2% dijo directamente no tener.

Se sabe, a partir de múltiples reuniones entre los gremios docentes y las autoridades provinciales, que hay alrededor de 2.500 vacantes en relación al personal de maestranza. Se trata de 2.000 cargos que no han sido ocupados y 500 que deben ser suplantados porque el personal está dentro del grupo de riesgo.

¿Cómo mover a la comunidad educativa?

Nieva consideró que el traslado de los docentes, los alumnos, el personal administrativo y de maestranza tiene que ser tenido en cuenta. “Algunos deben recorrer largas distancias y no tenemos transporte autorizado”, aseguró. Además, un 76% de la docencia consideró que en el traslado a las escuelas puede existir un riesgo de contagio.

En cuanto al uso del transporte público, un 48,2% dijo que usa un solo medio, mientras que un 33% dijo usar más de uno y el 18,8% no usa ninguno.

A esta problemática se suma la situación de la enseñanza en las escuelas rurales, que en la mayoría de los casos requiere que los docentes tengan que recorrer largas distancias. Ante ello, se les consultó si se tendría que dar una permanencia obligatoria a los maestros en las escuelas una vez que lleguen al lugar y así evitar la circulación del virus. Un 52,3% dijo que sí, mientras que un 42,6% dijo que no. El porcentaje restante planteó que varios docentes trabajan en diferentes colegios por lo que no sería posible que se queden en un solo lugar en forma permanente. También se preguntó si las escuelas albergues contaban con las condiciones adecuadas de permanencia, solo un 3% afirmó que sí existían condiciones.