Mediante un acta acuerdo de 2018

El gobierno apunta a la gestión anterior por rehabilitar los desmontes

Ambiente de la provincia recurrió a este acta para explicar la falta de actuación sobre desmontes que continuaron luego de que habían sido suspendidos en 2018 por pedido de ex funcionarios macristas.
Uno de los desmontes, esta vez en la finca San FranciscoUno de los desmontes, esta vez en la finca San FranciscoUno de los desmontes, esta vez en la finca San FranciscoUno de los desmontes, esta vez en la finca San FranciscoUno de los desmontes, esta vez en la finca San Francisco
Uno de los desmontes, esta vez en la finca San Francisco 

Desde el gobierno provincial aseguraron que en 2019 el entonces gobernador de Juan Manuel Urtubey levantó la suspensión de los desmontes sobre 30 fincas que había sido determinada el año anterior. De esta manera se justificaron por qué no actuaron frente al avance de la deforestación en la cuarentena, que fuera denunciada por la organización ambientalista Greenpeace. 

“Se firmó un convenio marco, dentro de él dos actas y una final. Entre los entonces ministerios de Ambiente y el de Agricultura de Nación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, en la última acta se da por finalizada la evaluación de los proyectos”, fue la respuesta desde el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia ante la consulta de Salta/12 sobre el desmonte de tres mil hectáreas denunciado por Greenpeace. 

“A partir del Decreto Nº 210/19 el gobernador Urtubey, confirma el acta final y da por finalizado el conflicto que diera origen a la resolución 019/18 (de suspensión de los desmontes). En consecuencia, el entonces Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta, emite las resoluciones para cada proyecto ordenando levantar la suspensión de la ejecución”, se agregó desde la cartera de Producción del gobierno de Salta. Sin embargo, este medio no pudo dar con las resoluciones que levantan la suspensión de los desmontes.

En 2018 el ex ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, exhortó al entonces gobernador Urtubey a suspender deforestaciones que se hicieron en tierras recategorizadas. La recategorización fue la forma que encontró el ex mandatario para que las topadoras destruyeran áreas de alto y mediano valor de conservación de los bosques salteños. Lo había permitido mediante dos decretos de 2011 que fueron derogados en 2014. Esa derogación fue el resultado de la presión de ambientalistas, dado que la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Defensoría del Pueblo de la Nación consideraron ilegales las recategorizaciones respecto de lo establecido la Ley Nacional de Bosques Nativos N°26.331.

Con esos dos decretos se habilitó el desmonte sobre las tierras que según el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), de Salta, no deberían haberse deforestado. Más de 30 fincas fueron beneficiadas con estos decretos. En 2018, tras la resolución 56 firmada por Bergman, el Ministerio de Desarrollo Sustentable provincial emitió la resolución 019/18 suspendiendo la ejecución de esos desmontes.

Pero hasta agosto de ese año (siete meses después), se realizó un trabajo conjunto entre Provincia, Nación, y entidades que nuclean a los grandes productores para evaluar la ejecución de los desmontes realizados hasta ese momento. Se firmó un convenio marco, con dos actas complementarias y una final. Esta acta final lleva la firma de Bergman, de la ex titular de Desarrollo Sustentable de Salta (hoy frente a la Unión Industrial Salteña –UIS-), Paula Bibini, del ex ministro de Agricultura de la Nación, Luis Miguel Etchevere, y por la parte privada llevó la firma de la Asociación Prograno representada por Lucas Norris; la Sociedad Rural Salteña, representada por Lucas Elizade, y la Federación de Entidades Rurales Salteñas (FEDERSAL), representada por Ricardo Roquete. Esta última entidad tuvo como primer titular al hoy ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos.

El acta se firmó luego de hacer la evaluación de los desmontes en tierras recategorizadas. Tras determinar si se había cumplido o no con el diseño de desmonte y la suspensión dispuesta por la resolución 019/18 las partes firmaron el último acuerdo. “Con la firma del presente acuerdo y la revisión de la ejecución de los proyectos efectuados en el marco de los compromisos asumidos por las partes en el acta de fecha 14/05/18 la provincia de Salta dará por finalizada la evaluación de la situación que motivó el dictado de la resolución N° 19/18 del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta”, dice el punto 3 del acta final firmada.

“El gobernador mira para otro lado”

Las consultas al gobierno provincial se hicieron ante una nueva denuncia de Greenpeace de que durante la cuarentena se desmontaron tres mil hectáreas de montes nativos. Aunque para la asociación ambientalista (y es el criterio de otras provincias, como el Chaco) los desmontes no están permitidos en cuarentena, las autoridades salteñas entendieron que este es un tema que se debe resolver en la Justicia. La mirada legista del gobierno entiende que la deforestación queda comprendida junto a la agricultura y ganadería, declaradas actividades esenciales. Y por ello entendieron que las denuncias deberían hacerse ante la Justicia.

Mediante las imágenes satelitales, Greenpeace detectó que parte de los desmontes se hicieron en tierras de integrantes de la Sociedad Rural Salteña. El tercer productor identificado es un empresario uruguayo al que se le había suspendido el desmonte con la resolución 019/18. De hecho, el empresario fue incluso multado por haber desmontado mientras estaba vigente la resolución.

Las primeras denuncias de Greenpeace se hicieron en abril. Desde la organización entendieron que, pese a la advertencia, hubo ausencia de controles y sanciones a quienes realizan estas actividades que en principio, serían ilegales. Pero desde la cartera ministerial a cargo de De los Ríos sostuvieron que las denuncias son solo mediáticas y sin presentación en la Justicia. 

“El gobernador Sáenz mira para otro lado mientras siguen los desmontes. Resulta evidente la complicidad del gobierno salteño, ya que no realizan controles, no sancionan, ni denuncian a los productores agropecuarios que arrasan bosques nativos a pesar de la cuarentena”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.

Según datos oficiales, Salta es una de las provincias con más deforestación de las dos últimas décadas: entre 1998 y 2018 perdió 1.425.493 hectáreas de bosques nativos. La principal causa es el avance de la frontera agropecuaria (ganadería y soja).

“Más desmontes significan más inundaciones y más enfermedades. Destruir bosques es un crimen y no podemos perder ni una hectárea más”, afirmó Giardini.

Greenpeace está impulsando una petición para que los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Chaco, Jorge Capitanich y Formosa, Gildo Insfrán, declaren la emergencia forestal y prohíban los desmontes.

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