La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó ser querellante en la causa por delitos de lesa humanidad contra el empresario Marcos Levín. La presentación se hizo ayer en el marco de la investigación del secuestro y tortura de 17 trabajadores de la empresa de transporte La Veloz del Norte, hechos cometidos a finales de 1976 y principios de 1977.

La Secretaría informó que en el escrito, presentado por el abogado Gastón Casabella y las abogadas Dolores Parra y María José Castillo ante el Juzgado Federal N° 1 de la provincia, la Secretaría solicitó asumir el rol de querellante con "el fin de que se continúe y profundice la investigación de los hechos denunciados".

Este es el segundo proceso judicial por delitos de lesa humanidad que se sigue contra Levín, "y constituye -destacó la Secretaría de DDHH nacional- una causa emblemática de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado".

En este proceso se investiga también a los policías Víctor Hugo Almirón, Víctor Hubo Bocos y Enrique Cardozo, y al ex jefe de personal de la empresa transportista La Veloz del Norte, José Antonio Grueso. 

En la causa se investiga la responsabilidad de Levín, Grueso y los policías provinciales por crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de trabajadores de la transportista durante la última dictadura cívico militar.

Los trabajadores de La Veloz denunciaron que fueron detenidos ilegalmente y torturados en la Comisaría 4º de la ciudad de Salta, donde funcionó un centro clandestino de detención. El operativo se desató tras una denuncia de Levín que acusaba a algunos de sus empleados de haber cometido un fraude en contra de la empresa, delito que nunca se probó. 

La Secretaría de DDHH de la Nación señaló en su presentación de querellante que estas acciones se llevaron a cabo con el objetivo de "disciplinar y acallar sus reclamos laborales".

"En su conjunto, la referida denuncia y los testimonios colectados, permiten dar cuenta de las actividades propias del terrorismo de Estado que tenían lugar al interior de las instalaciones de la empresa. Por lo que la Secretaría solicita, en su rol de querellante, la imputación de Levín y Grueso como partícipes primarios de los hechos perpetrados, por ser colaboradores necesarios para que se lleve adelante el secuestro y tortura de los trabajadores de la transportista durante la última dictadura cívico-militar", sostuvo la Secretaría de DDHH de la Nación.

Las 17 personas que vienen reclamando una respuesta de la Justicia por estos hechos que vienen denunciando desde hace años son Ciriaco Nolberto Justiniano, Juan Alberto Alonso, Miguel Ángel Rodríguez, Manuel Eugenio Modad, Carlos Lidoro Aponte, Sonia Rey, Jorge Arturo Romero, Aurelio Rada, Sebastián Lindor Gallará, Oscar Horacio Espeche, Carlos Horacio Pereyra, Jorge Francisco Delaloye, Emilio Bórquez, Norberto Bórquez, Rubén Héctor Vrh, Carlos Eugenio Bais y Víctor Manuel Cobos.

Salvo Bocos, que adujo no encontrarse en condiciones de salud para enfrentar la audiencia, todos los acusados ya fueron sometidos a la audiencia de imputación por el juez federal Julio Bavio. Y el 26 de junio último el fiscal general Carlos Amad solicitó que se avance con el procesamiento y el juicio oral de Levín, Grueso, Almirón y Cardozo. 

A Grueso se le imputan delitos en relación de 17 personas. En cambio, en el caso de Levín y los tres policías, la acusación es sobre 16 personas, porque ya fueron juzgados y condenados por la detención irregular y las torturas que en 1977 sufriera Víctor Cobos, que en aquella época se desempeñaba como chofer en La Veloz y era delegado gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Esta sentencia fue apelada y espera una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.