Una vez que las restricciones por la pandemia se hayan relajado, la legislatura porteña se propone eliminar la obligación del certificado médico para todas las personas que vayan al gimnasio. Según prevén en el proyecto de ley que discutirán el jueves ya no hará falta el chequeo habitual con un profesional para la realización de actividad física y bastará con una declaración de datos sanitarios. Es una medida que antes de concretarse ya genera polémica.
“En un alto porcentaje de los casos es posible predecir quién está más predispuesto a una muerte de origen cardiovascular asociada al ejercicio físico. En la mayoría se produce una alteración del sistema eléctrico cardíaco que lleva a la generación de contracciones caóticas. Me refiero a una arritmia muy común denominada fibrilación ventricular. De aquí la importancia del examen físico cardiovascular que incluye el electrocardiograma porque permite determinar factores condicionantes y posibles riesgos en el caso de realizar deportes”, señala Adrián Baranchuk, médico (UBA), cardiólogo y profesor de Medicina en la Universidad de Queen’s (Canadá).
El electrocardiograma identifica signos que decodificados por los especialistas permiten indicar la posibilidad de riesgos latentes. Baranchuk destaca la importancia que los exámenes de apto físico tienen al momento de comenzar a realizar alguna actividad deportiva: “Si los exámenes sirven para salvar una vida se justifica su aplicación en miles de personas. La pregunta debería ser: ¿cuántas vidas se pueden salvar para que una conducta sea aplicable a todos? Aquí se produce el primer desfasaje de este proyecto: los individuos que van a los gimnasios, algunas veces, son clásicos portadores de riesgo cardiovascular. Con la intención de hacer un cambio saludable en sus estilos de sus vida pueden estar sometidos a un tipo de ejercicio que no es el adecuado”, advierte.
“Este proyecto me sorprendió para mal. Para los médicos que estamos en deportes el aspecto más importante es la salud. Lamentablemente, hay mucha gente que se muere haciendo gimnasia, por eso, hay que tomar todos los recaudos necesarios. Debemos prevenir al máximo todas las situaciones de riesgo”, dice Jorge Vega, médico deportólogo (UBA) y especialista en reumatología. Y luego continúa con su razonamiento: “Quieren implementar un cuestionario que funciona como declaración jurada en el que te hacen algunas preguntas y si presentás algún problema debés consultar a un médico. El asunto es que lo dejan a criterio de las personas y muchas, quizás, mienten sobre algún punto porque sencillamente no tienen ganas de realizarse un chequeo. Desde el punto de vista de los gimnasios quedarán más cubiertos y dejarán de hacerse cargo de los problemas que puedan surgir. Si mentiste en la declaración y te moriste es tema tuyo. La salud hay que dejarla en manos de los profesionales, no puede depender de cada persona que se acerca a un gimnasio a hacer práctica deportiva”.
Los diputados de CABA discutirán el proyecto como parte de otras modificaciones al Código de Habilitaciones y Verificaciones. Había sido presentada en diciembre por Gonzalo Straface, legislador que pertenece a Vamos Juntos, el bloque oficialista. Se trata de retocar una normativa de 1998, una disposición que estipulaba que "todas las personas que realicen actividades físicas en el gimnasio, deben poseer un certificado de aptitud física que debe contener los resultados de estudios electrocardiográficos expedido por el especialista actualizado anualmente". El propósito, desde este marco, es simplificar los criterios que las pequeñas y medianas empresas de la Ciudad deben satisfacer para poder operar con normalidad. La propuesta insta a los socios de los centros de entrenamiento a presentar una declaración de aptitud física cuyo contenido será estipulado por el Ministerio de Salud porteño. Será cuestión de las autoridades sanitarias solicitar “certificados médicos obligatorios” pero solo cuando así lo consideren.
En muchos casos, sin embargo, no existe la práctica de realizarse los chequeos médicos habituales. Los exámenes de rutina no están arraigados en la cultura y esto representa un serio obstáculo. Rafael Cecchi es médico (UBA), especialista en cardiología y medicina deportiva. Trabajó, entre otras instituciones, en el prestigioso Centro Médico Teknon de Barcelona. Desde su enfoque, no se puede generalizar, pues todas las personas que se acercan a un gimnasio no lo hacen en las mismas condiciones. “No es lo mismo un chico de 16 años que va para hacer pesas, una persona de 40 que quiere comenzar a hacer deporte después de mucho tiempo y uno de 70 que tiene antecedentes cardíacos. Cuando la responsabilidad recae en la gente hay problemas porque hay que confiar sin distinción en que hagan las cosas bien. Pero somos hijos del rigor. Hay muchos que fuman, están 15 kilos arriba, tienen colesterol y comienzan a entrenarse como si no tuvieran una historia clínica detrás. A la segunda semana afrontan serios problemas. El chequeo médico no se puede eliminar porque prevé algunas de estas circunstancias”. Lo que aún significa más “muchas personas, como desconocen si pueden o no hacer actividad, con tal de ir al gimnasio mienten y ocultan dolores. No consiguen el certificado falso pero sí falsean los datos que vuelcan en la declaración jurada que, al fin y al cabo, es un poco lo mismo”.
Cecchi ensaya una postura que podría contribuir al debate. Despliega una idea que, tal vez, se podría ajustar a una opción intermedia. “Pienso que el cuestionario podría servir para los menores de 35 años, mientras que el certificado de salud obligatorio podría exigirse a los mayores de esa edad”, propone. Ese corte etario no es caprichoso, ya que hasta esa edad la mayor cantidad de los afecciones que desencadenan la muerte súbita son hereditarias y aisladas. Después de ese corte, en cambio, las complicaciones coronarias se tornan más frecuentes y están más asociadas con hábitos poco saludables que cada individuo desarrolla. La Agencia Gubernamental de Control (AGC) es la encargada de realizar las inspecciones en los gimnasios. En general, son ingenieros o arquitectos los que evalúan las condiciones de los locales --es decir, si son adecuados para el entrenamiento físico--, el estado en el que se encuentra la infraestructura y, ocasionalmente, solicitan la revisión de los certificados médicos.
La trampa de este proyecto es que se escuda en que los vecinos que asisten a los gimnasios no son deportistas de alto rendimiento. No obstante, en la actualidad, la línea entre el amateurismo y el profesionalismo se vuelve difusa. “Conozco personas que van religiosamente al gimnasio, todos los días a las siete de la mañana y aunque son amateur entrenan más que los deportistas de alto rendimiento. A la gente que tiene sus centros de entrenamiento también debería preocuparle: el hecho de que se te muera alguien haciendo actividad física por no hacerse un chequeo es muy traumático. El certificado es algo que cubre, que protege al deportista, la salud está primero”, subraya Vega. Baranchuk comparte esa premisa y apunta: “Todas las personas que realizan actividad física deberían tener su examen predeportivo. Hay que poner en la balanza y asumir que una buena cantidad de gente podría morir súbitamente”. En este marco, parece abrirse un nuevo capítulo en la grieta entre los que priorizan la salud y los que privilegian la economía.
