La organización Andhes pidió también una reunión con el ministro de Educación provincial

En Tucumán, piden que los colegios de FASTA garanticen la ESI con perspectiva de género

FASTA, que recibe anualmente subsidios del gobierno tucumano por más de 30 millones de pesos, fue denunciado en la justicia por el Inadi por vulnerar la Ley Antidiscriminatoria.
Imagen: Carolina Camps

En Tucumán, la organización ANDHES, que trabaja en derechos humanos, pidió el gobierno de Juan Manzur que tome las medidas necesarias para garantizar la educación sexual integral, “desde una perspectiva de género y un enfoque de derechos”, como marca la ley, en los dos colegios que la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (FASTA) tiene en esa provincia, luego de que Página 12 revelara que en sus aulas se usan manuales que promueven un adoctrinamiento homo y lesbofóbico y que se conocieran testimonios de ex alumnes que sufrieron situaciones de maltrato, abuso y hostigamiento, avaladas y a veces, incluso, promovidas por su personal docente.

El pedido fue realizado a través de una nota firmada por la directora ejecutiva de ANDHES, Fernanda Marchese, dirigida al ministro de Educación provincial, Juan Pablo Lichtmajer, en la que además, le piden una reunión para hablar del tema.

FASTA recibe anualmente subsidios del gobierno tucumano por más de 30 millones de pesos: $ 16.889.965,71 por el colegio Reina de la Paz, ubicado en la capital provincial, y $ 13.340.565,74, por el Ángel María Boisdron, de Yerba Buena, según figura en el balance de 2018 que presentó la organización católica integrista en la Inspección General de Justicia, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“Este pedido se enmarca en el contexto de las múltiples denuncias de público conocimiento ocurridas a nivel nacional contra la institución educativa FASTA, donde se desmanteló la ejecución de prácticas abusivas y discriminatorias que atentaron contra la integridad de ex alumnos y alumnas que concurrieron a estos colegios. Entre los públicos relatos se puede hacer la lectura de cómo estos establecimientos religiosos y educativos se alejan de lo direccionado por la Ley de Educación Sexual Integral, formando e incitando discursos de odio contra las personas que no encuadran en su 'normalidad', patologizando identidades y atentado de manera coercitiva contra la salud de los y las adolescentes”, señaló a Página 12 Martín González, abogado miembro del Área de Genero y derechos humanos de ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales). González consideró que más allá de los dos colegios de FASTA de Tucumán, “se torna necesario y urgente que se realice un seguimiento y monitoreo a las diferentes instituciones educativas tanto de gestión privada y pública, como parte de las responsabilidades y obligaciones del Ministerio de Educación”.

En la nota al ministro Lichtmajer, ANDHES explicó que su pedido tiene “como objetivo central garantizar los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes según la Ley Nacional 26.061 (de Protección Integral), la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y la Ley de Educación Sexual Integral N°26150”. En ese sentido, la ONG evaluó que “sin duda, es pertinente revisar las propuestas curriculares” de FASTA, “las cuales deben incluir los contenidos mínimos establecidos por los Lineamientos Curriculares de la Educación Sexual Integral aprobados por la Resolución del Consejo Federal de Educación N°45/08. Además de tener presente la Resolución 340/18 que impulsa la creación de equipos docentes referentes de ESI y el cumplimiento de la Ley Nacional de Educar en Igualdad Prevención y Erradicación de la Violencia de Género N°27.234. Dicha Resolución, en su anexo incluye los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios de la ESI, vigentes en todo el Sistema Educativo Nacional”, que FASTA no estaría cumpliendo.

Unos días atrás, el gobierno de la provincia de Córdoba confirmó que intervendrá en los colegios de FASTA que funcionan en su territorio para que adecuen los contenidos que brindan en sus aulas a los lineamientos obligatorios de la Ley Educación Sexual Integral.

FASTA fue fundada por el cura Aníbal Fosbery, sacerdote con vínculos con la última dictadura militar y con el criminal nazi Erich Priebke, que fue adquiriendo escuelas de congregaciones religiosas en crisis en distintos puntos del país, y hoy ostenta la propiedad de 23 colegios en 18 ciudades de 11 provincias y en la ciudad de Buenos Aires, además de institutos de formación superior, una universidad en Mar del Plata --con dos subsedes-- y una editorial donde editan sus propios libros escolares. El 76 por ciento de sus escuelas recibe algún nivel de subvención estatal. En el 48 por ciento de los casos, el aporte del Estado llega al 100 por ciento, de acuerdo al último relevamiento anual de la Dirección de Información Educativa, del Ministerio de Educación.

El Inadi denunció a FASTA en la justicia por vulnerar la Ley Antidiscriminatoria. En la Cámara de Diputados, la diputada Mara Brawer, del Frente de Todos, presentó un proyecto de resolución --con firmas de legisladores del oficialismo y la oposición-- en el que expresan “preocupación” por los contenidos educativos que imparte FASTA por considerar que son violatorios de la Ley Antidiscriminatoria, la de Salud Sexual y Procreación Responsable, la de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes la de Educación Sexual Integral, la de Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género. Al mismo tiempo el proyecto insta a las autoridades de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires en cuya jurisdicción funcionan los 23 colegios de FASTA a “que intervengan” para que cese esa violación de derechos y en caso de que no suceda se los excluya de la enseñanza oficial.

Suplementos
Suplementos
Tu navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies. Algunas funcionalidades de Página/12 necesitan que lo habilites para funcionar. Si no sabés como hacerlo hacé CLICK AQUÍ