Ya superada la mitad de julio, la nueva etapa de la pandemia para los salteños, por lo menos los de Capital, es la de aprender a convivir con el coronavirus. Lejos quedó el pánico y la paranoia que se desataron luego del primer positivo, por el contrario, hoy se transforman en rutina los informes diarios con 5, 6 o 10 casos, que preocupan, pero no alteran el andar diario, que con restricciones, sostiene una relativa normalidad.

“Conglomerado o comunitaria, esa es la cuestión”, plantea el sheakespeariano dilema de la Covid-19. El tema de la semana que hizo emerger rivalidades políticas desplazadas por la pandemia.

La intendenta capitalina Bettina Romero inesperadamente planteó la posibilidad de que haya circulación comunitaria al perderse el nexo epidemiológico de un par de casos, lo que fue en cierta manera ratificado por el gerente del Hospital Del Milagro, Juan José Esteban.

Desde el gobierno hicieron fila, empezando por el gobernador Gustavo Sáenz, para desmentir dicha versión, y aferrarse al contagio por conglomerado, que también fue reafirmado por Nación. Pero una vez más Romero y Sáenz quedaron en veredas opuestas tirándose dardos, más allá del acto de entrega de casas del IPV, que diplomáticamente sobrellevaron juntos, ayudados por los barbijos, que disimulan cualquier gesto inoportuno o foto incómoda.

Esta semana debutó la reducción de personal presencial en la administración pública para bajar la circulación comunitaria, pero en este caso de las personas. Parece que funcionó la medida porque ya adelantaron que sigue todo igual hasta el 31 de julio sin necesidad de más restricciones.

Cuando parecía que se retrocedía de fase, el domingo pasado Sáenz sorprendió devolviendo el horario de las 24 a los gastronómicos. Esta noche y mañana los dueños de los restaurantes deberán evitar caer en la tentación de achicar la distancia entre mesas ante el aluvión que se supone saldrá a festejar el día del amigo. Por lo pronto ya adelantaron desde la Municipalidad que harán estrictos controles para ver que eso se cumpla.

Donde no está tan tranquila la situación es en el interior salteño. Tres departamentos continúan con mayores restricciones que en el resto de la provincia, aunque un poco más aliviados que hace 7 días, pero la mayoría de los intendentes siguen sin encontrarle el punto a la nueva normalidad.

Con más idas y vueltas que una hamaca, los jefes comunales modifican todo (literalmente) en 24 horas. La semana pasada fueron los municipios de los Valles Calchaquíes que decidieron suspender el turismo interno en pleno fin de semana largo.

Esa actitud no cayó nada bien en el Gobierno, donde interpretaron que en medio de un incendio los intendentes reaccionaron a puro baldazos de nafta. Por eso fueron “amablemente” invitados a “reflexionar” grupalmente en el Centro Cívico del Grand Bourg, allí, según trascendidos, les hicieron una oferta que no pudieron rechazar y el viernes ya estaban de nuevo con el turismo habilitado.

Capaz la ciencia política tiene definido Estado Paternalista de manera diferente, pero en Salta los intendentes supieron lo que es que los reten como a chicos y los manden en penitencia al rincón hasta que reflexionen sobre qué hicieron mal.

Pero el libre albedrío de los intendentes promete más capítulos innovadores y vertiginosos, como el de Chicoana, que el martes por la madrugada cerraba totalmente el pueblo y la circulación interna por un caso sospechoso y 48 horas después, con la confirmación de que era negativo, hacía una procesión por su calles, que a pesar de ser motorizada igual juntó gente en las veredas y en la puerta de la Iglesia.

En tanto, en otros municipios como La Merced hay que rogar que no se te pinche una goma, porque los que no tienen domicilios ahí no estarían siendo bienvenidos.

Y, fuera de competencia por estar en otra categoría, es lo que sucede en Iruya. Al conocido hecho en los primeros días de pandemia de haber fletado en un camión a un grupo de turistas a los que dejaron tirados en el cruce con Humahuaca, le sumaron hace dos semanas el haber puesto un portón en la ruta provincial de ingreso para que no pase nadie.

Pero además, digna de estudio es la comunicación de alto impacto que maneja la página de Facebook del hospital local Ramón Carrillo, que entre los motivos para cuidarse del contagio del coronavirus enumera que: “muchos lo considerarán un descuidado y un peligro social”, “lo van a encerrar en un hotel porque nadie confía que haga la cuarentena en su hogar”, “muchos no querrán ni acercarse aún después de curado, por las dudas”, “puede morir”, “pueden quedar secuelas” (estas dos últimas están en ese orden).

Sería interesante encargarles que se ocupen de los mensajes y fotos que vienen en los paquetes de cigarrillos porque pueden ir a límites a los que la comunicación jamás se animó a explorar.

Peligro de pagadiós

“Quiero dejar la tranquilidad a los salteños y a aquellos que sean acreedores, de que Salta tiene solvencia fiscal y pase lo que pase, la provincia no va a incumplir ningún compromiso”, fueron las palabras con las que el 19 de diciembre del 2019 Juan Manuel Urtubey se despidió del gobierno en una conferencia de prensa.

Antes había asegurado que “ninguna devaluación o contingencia económica nacional afectará a la provincia, porque no tendrá que salir a comprar ni un dólar más”, ya que dejaba un colchón de billetes estadounidenses suficientes para cubrir los 4800 millones de pesos que debían pagarse en “verdes” que correspondían al Fondo de Reparación Histórico (que transfiere en forma directa las regalías hidrocarburíferas), Plan Bicentenario, BID y BIRF.

Por eso llama la atención que una de las obsesiones de Roberto Dib Ashur desde que asumió como ministro de Economía sea el pago de los 9600 millones que vencen este año, de los cuales ya logró refinanciar 1800 y está en tratativas para conseguir lo mismo con el resto, tanto de los acreedores nacionales como de los internacionales, pero, por las dudas, no descarta la posibilidad de caer en default.

En este enredo de afirmaciones y contra afirmaciones se pueden estimar tres opciones posibles sobre qué pasó entre lo que dijo Urtubey y lo que agitó su ex ministro de Educación y actual de Economía:

1) La plata nunca estuvo (o por lo menos no toda).

2) La plata estaba, pero por la situación económica hubo que salir a reventar los dólares para pagar el día a día.

3) La plata está, pero el convencimiento de que una feria americana y el mercado financiero internacional se manejan con la misma lógica, incentiva a Dib Ashur a regatear y, quién sabe, capaz conseguir un descuento.

La opción 3 podría ser la correcta si se tiene en cuenta el antecedente inmediato del ministro, que no tuvo ningún inconveniente en manguearle por twitter respiradores mecánicos al multimillonario dueño de Tesla y Space X, Elon Musk.

Pero lamentablemente todo parece indicar que la respuesta estaría en algunas de las dos primeras opciones, lo que efectivamente explicaría la preocupación del Gobierno por los benditos 7800 millones que quedan sin refinanciar hasta diciembre.

Igualmente no son todas pálidas en materia económica y esta semana que pasó Sáenz se anotó uno de los más grandes porotos desde que asumió la gobernación: desde Nación le mandarán 97 millones de dólares (unos 7 mil millones de pesos) para ampliar la planta depuradora sur de la capital salteña.

Además, recibirá otros $2100 millones del fondo fiduciario para compensar la caída de la recaudación. Definitivamente el gobernador salteño logró romper la mirada de reojo que hubo inicialmente desde Casa Rosada y hoy se apunta como un albertista converso de la primera hora.

En estos meses de incertidumbre, Sáenz va a lo seguro y aplica ese pragmatismo de los tiempos de intendente, que con la gestión como escudo y la necesidad de recursos como excusa, le permite vaivenes ideológicos y partidarios, que, como quedó demostrado, poco les importa a sus votantes.

La buena imagen que le da el manejo de la pandemia y la falta de un referente de peso que articule al Frente de Todos en Salta, lo favorece en el trato directo con Buenos Aires.

Por eso para esta nueva etapa aplica la máxima de Thalia “si no me acuerdo, no pasó” y su reciente militancia macrista quedó desterrada al olvido. Por el contrario en los pasillos del Grand Bourg, cada vez se escucha más el nuevo hit: “Gustavo es peronista”, algo que no es novedad pero que a partir de su acercamiento a Cambiemos había quedado en segundo plano, diluido.

Esa reciclada pertenencia le viene como anillo al dedo para estar en sintonía al mismo tiempo con el albertismo, el massismo, si es necesario, el kirchnerismo y, como en este país loco nunca se sabe qué puede pasar en tres años, hasta con el peronismo del macrismo, el duhaldismo, el urtubeicismo, el romerismo y cuanto ismo ande dando vueltas con los dedos en V.

Que no se note

El ex DNU 255, actual Ley 8191, no para de recibir sopapos y ahora fue el Comité Nacional de Prevención de la Tortura el que pidió su derogación, por “estar en contradicción con las reglas del debido proceso legal, las garantías mínimas reconocidas en materia de derechos humanos y no se adecua a los estándares internacionales de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

Mas o menos lo mismo que en estos cuatro meses le objetaron partidos políticos, legisladores, organizaciones de derechos humanos, abogados, el INADI, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y siguen las firmas.

A esta altura, el gobierno busca una salida elegante al brete legal que derivó en una gran cantidad de denuncias contra policías que amparados en el 255, instalaron una situación de violencia institucional que llegó a la Justicia provincial, no solo con las denuncias de los violentados, sino también con un habeas corpus presentado desde la Nación y un pedido de inconstitucionalidad de los organismos de DDHH que esperan resolución en la Corte de Justicia.

La forma más simple para dejar sin efecto el DNU hubiese sido un proyecto de Ley derogándolo, pero con el fin de evitar quedar en evidencia en forma tan rotunda, desde el oficialismo se fueron por la tangente con un proyecto para crear juzgados contravencionales, que obtuvo el jueves la media sanción en el Senado.

Dentro de ese proyecto incluyen en el Código Contravencional las faltas contra las normas dictadas en una emergencia sanitaria por epidemia o pandemia. También disponen como norma transitoria que hasta que se creen los juzgados contravencionales se hagan cargo, como ocurre ahora, los jueces de garantías.

En 2001, con la reforma del Código Contravencional, también se crearon juzgados exclusivos para ese tipo de infracciones y se estableció que provisoriamente sea el jefe de la Policía quien imparta las penas. Esa situación "transitoria" se mantuvo 14 años hasta que finalmente se modificó por la actual normativa en 2015, sin que se haya puesto en marcha ni un solo juzgado de contravenciones. 

Cinco años después, el DNU 255 restituyó por la ventana el carácter de juez a la Jefa de la Policía, algo que expresamente en su momento la Legislatura desestimó.

Finalmente, en el artículo 13 de la iniciativa aprobada en el Senado se ordena la derogación de toda norma que se le oponga, en la que entraría, supuestamente, porque esa frase se presta a la interpretación, la flamante ley 8191, que de esta manera califica para ser una de las leyes con vida más corta de la historia salteña.